Deportaciones en aumento: el desafío de equilibrar eficiencia y justicia

En 2025, Estados Unidos alcanzó una cifra histórica: 353,203 deportaciones, el número más alto en los últimos 20 años. Pero detrás de ese récord hay una realidad inquietante: el 98% de las personas expulsadas no tiene antecedentes criminales. No estamos ante un avance en seguridad pública, sino frente a una estrategia de control poblacional que confunde la irregularidad migratoria con la criminalidad.

Las cifras hablan por sí solas: seis de cada diez casos en cortes migratorias terminan con orden de deportación. Apenas un 12% obtiene algún alivio migratorio como el asilo o la cancelación de deportación. Y lo más alarmante: solo uno de cada cuatro inmigrantes cuenta con defensa legal.

La administración actual ha apostado por la llamada “deportación acelerada”, un proceso que se decide en cuestión de horas, sin revisión judicial ni posibilidad de apelación. Su justificación es la eficiencia. Sin embargo, es importante tener algo claro: la velocidad no equivale a justicia. Cuando el sistema prioriza el número de expulsiones sobre el análisis individual, el resultado inevitable es un aumento de errores procesales, familias separadas y vidas truncadas.

Desde el inicio del año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha contabilizado más de dos millones de salidas, entre auto deportaciones y expulsiones forzadas. El gobierno proyecta cerrar el año con más de 600,000 deportaciones, el doble del promedio anual reciente. Aun así, no alcanzará su meta oficial de un millón. La pregunta es: ¿qué estamos midiendo realmente como éxito?

Los datos muestran un patrón regional claro: nueve de cada diez personas deportadas son latinoamericanas, especialmente de México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Colombia. En el mapa estadounidense, Texas con 84,694 casos; Florida, con 67,499, y California, con 53,743, lideran con más de la mitad del total de expulsiones, reflejando la relación entre cooperación local con ICE, la densidad migrante y actividad judicial. Les siguen Nueva York (34,504), Chicago (32,896) y Nueva Jersey (30,295), donde pese a las políticas santuario, los casos se mantienen en niveles elevados.

Desde una perspectiva jurídica, el sistema migratorio de Estados Unidos enfrenta importantes desafíos relacionados con la accesibilidad y la proporcionalidad de sus procesos. Las personas que buscan una vía legal para regularizar su estatus suelen enfrentarse a procedimientos extensos, requisitos complejos y sanciones que pueden limitar sus opciones durante largos periodos. En este contexto, muchas familias optan por alternativas no formales, no necesariamente por desconocimiento o intención de evadir la ley, sino por la falta de mecanismos accesibles y realistas dentro del marco legal vigente.

En ese sentido, gran parte de los problemas del sistema migratorio no se deben únicamente a cuestiones legales, sino también a fallas técnicas y limitaciones de recursos que retrasan o entorpecen los procesos.

Las vías actuales para la regularización son excesivamente complejas y punitivas, lo que deja a muchas familias sin una opción realista para ajustar su estatus. Abrir canales más accesibles podría reducir la presión sobre los tribunales y ayudar a resolver el atraso estructural que hoy afecta a millones de casos pendientes.

Una reforma migratoria efectiva no puede basarse en la exclusión, sino en la posibilidad real de integración. Es urgente abrir vías más justas, que reduzcan la presión sobre los tribunales y devuelvan el sentido de proporcionalidad al sistema. En lugar de acelerar deportaciones, deberíamos acelerar soluciones.

(*) Héctor Quiroga. Abogado de Inmigración. Quiroga Law Office, PLLC.

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