Miembros de la comunidad enfrentan cargos por defender a inmigrantes

Dos personas de un total de 83 han sido absueltas de los cargos que les imputaba la fiscalía federal de distrito de Los Ángeles, tras haber tenido algún tipo de contacto con agentes de inmigración: Alexandria Demetrius y Andrea Vélez.

Alexandria Demetrius fue absuelto por el jurado el 10 de octubre. El individuo enfrentaba cargos de presunta agresión, conspiración y divulgación pública de la información personal de un agente federal.

Andrea Vélez, fue absuelta recientemente de cargos falsos de agresión el 24 de junio por parte de la fiscalía federal de Estados Unidos en Los Ángeles

Vélez había sido acusada de agredir a un oficial federal mientras intentaba arrestar a un sospechoso. La verdad es que sucedió todo lo contrario. Ella se dirigía a su trabajo cuando fue arrestada. Es una de once ciudadanos estadounidense que ha entablado una demanda civil contra el gobierno de Donald Trump.

En la lista de acusados, un total de 17 casos fueron desestimados por cargos de agresión: Omar Pulido Bastida, José Francisco Cirenio Marcos, Héctor Leiva García, Carlos Gutiérrez Cárdenas, Arturo Hermosillo, Francisco Javier Longoria y once personas más.

Por haber cometido algún tipo de delito, 13 individuos se han declarado culpables y esperan ser sentenciados.

Entre ellos:  Byrand, Kade Wilde, por presunta agresión a un agente en las afueras del Centro Metropolitano de Detención (MDC). Su sentencia está programada para el 30 de enero de 2026.

Héctor Galeano Galindo se declaró culpables de agresión a un agente, el 17 de septiembre, en tanto que Emiliano Gálvez Garduño se enfrenta a una grave acusación por haber lanzado una bomba molotov. Ambos recibirán sentencia el 30 de enero de 2026.

Thomas Guzmán, quien lanzó piedras a los agentes de ICE será sentenciado el jueves 30 de octubre, y John Angus, está encausado por agresión y escupitajo a un agente. Su sentencia es el 7 de noviembre.

Balaceado y arrestado

El caso más reciente involucra a Carlitos Ricardo Parias, personalidad de TikTok donde es conocido como “Richard LA”, quien fue arrestado en un caótico operativo federal de inmigración el 21 de octubre, donde recibió en el antebrazo un disparo durante el incidente y enfrenta cargos federales por presunta agresión cuando los agentes le ordenaron que saliera de su vehículo.

Parias es reconocido por su dedicación a transmitir en vivo las redadas de inmigración y ha sido premiado por la oficina del concejal Curren Price (Distrito 9), según el subjefe de gabinete, José Ugarte, como “un pilar de la comunidad y un periodista ciudadano intrépido cuya narrativa auténtica ha elevado constantemente las voces no escuchadas del centro-sur de Los Ángeles.

En el zafarrancho donde se efectuaron 11 disparos, un alguacil también resultó herido por una bala de rebote. 

Ambos estaban hospitalizados y a “Richard LA” las autoridades lo mantienen esposado en el Dignity Health California Hospital Medical Center.

Habrá más demandas civiles

Abogados de derechos civiles y expertos en inmigración consideran que el gobierno federal batallará para demostrar la culpabilidad de muchos del casi centenar de acusados.

“La mayoría de los cargos los van a desechar porque representan un conflicto con la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda, declaró el abogado Alex Gálvez. “Ellos estaban defendiendo una causa justa”.

Gálvez reconoció, además, la posibilidad de que surjan más demandas civiles en contra de ICE, el DHS y que, en el futuro, los agentes enmascarados enfrenten penas de cárcel si son arrestados por ciertas acciones ilegales, específicamente mediante procedimientos por desacato a jueces federales si violan órdenes judiciales, como realizar arrestos sin orden judicial. 

En Chicago, el juez federal de distrito, Jeffrey I. Cummings dictaminó que los agentes de ICE no podían usar gas lacrimógeno para contener y dispersar a los manifestantes, una orden que violó el mismo Greg Bovino, quien fue captado lanzando un frasco de la sustancia química letal, causa irritación temporal en los ojos, la nariz, la boca y los pulmones, provocando lagrimeo, ardor y dificultad para respirar.

La decisión emitida el 7 de octubre ordenó nuevas y radicales restricciones a las operaciones del ICE, tras dictaminar que los agentes violaron reiteradamente la ley federal y un decreto de consentimiento vinculante al arrestar a personas sin orden judicial, y advierte que los agentes que ignoren la orden enfrentar desacato o una derivación penal.

“El juez mostró que con él no se juega; ha limitado la capacidad del ICE para realizar arrestos sin orden judicial en jurisdicciones específicas como Chicago y les han impuesto requisitos más estrictos, con la posibilidad de ser arrestados por incumplimiento”, dijo el abogado Gálvez.

Los tratan como “terroristas”

El abogado Jamon R. Hicks, un experto legal en la defensa de derechos civiles analizó que, si bien en las redadas de ICE los agentes federales han utilizado fuerza excesiva en los arrestos de inmigrantes, ciudadanos estadounidenses y sus defensores, urge que los manifestantes conozcan la importancia de la protección legal.

“Debemos esperar a que todos tengan un juicio justo y se les dé la oportunidad de ser escuchados y de que se vean las pruebas” afirmó. “Porque pase lo que pase, seguimos viviendo en un país donde se presume la inocencia, y se es inocente hasta que la fiscalía cumpla con su deber. Así que, aunque existan estas acusaciones, siguen siendo inocentes”.

En segundo lugar, estableció que, si los acusados logran prevalecer en un caso penal, podrían tener la oportunidad de presentar una demanda civil por la violación de sus derechos, ya sea por sus derechos amparados por la Cuarta Enmienda, por el uso excesivo de la fuerza, o por protestar contra sus derechos amparados por la Primera Enmienda, a la libertad de expresión. 

Sin embargo, reconoció que los problemas de la brutalidad policial y la visibilidad de los incidentes debido a las cámaras corporales y las grabaciones de teléfonos celulares le recuerdan el caso específico de George Floyd y los heridos en marchas pacíficas.

“[A los manifestantes e inmigrantes] Como esta la situación actual, los tratan como terroristas, como si usaran la fuerza indiscriminadamente, lo cual es un verdadero problema cuando hay personas que simplemente ejercen su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda”.

El abogado cree que uno de los problemas radica en las protestas televisadas a nivel nacional y el uso de la fuerza. 

“Ello realmente disuade a la gente de ejercer sus derechos constitucionales”, expresó.

“La guerra de la lengua”

Por su parte, el pastor evangélico Walter Contreras, un defensor de la lucha del pueblo inmigrante, consideró que, entre los mensajes de la derecha republicana y la izquierda demócrata en Estados Unidos, el poder de la lengua puede incendiar bosques, hundir barcos y hasta países enteros.

“Es muy triste que haya personas detenidas que han caído en medio de esta “guerra bucal”. No saben más que hacer y lo único que les queda es la boca para entorpecer la democracia, aturdir, mentir y confundir. Esa es la realidad política, pero detrás de todo está la verdad: la humanidad”.

Añadió que, eventualmente, todos deberían preguntar: “¿Cómo vas a culpar a un pueblo y su gente que está exigiendo libertad de expresión, libertad de prensa y está exigiendo justicia? Culpar a todos los que protestan de ser Antifa es la cosa más ridícula que uno puede pensar. Y, al hablar así y castigar a quienes protestan nos estamos destruyendo a nosotros mismos”.