No habrá hambre en el LAUSD 

Un total de 271,000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles serán afectados por el impacto negativo del cierre parcial del gobierno federal en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos, mientras que en el condado de Los Ángeles los afectados serán aproximadamente 1.5 millones de personas. 

Los recortes a SNAP son los más perjudiciales en la historia del programa gubernamental que ha existido en los Estados Unidos desde la década de 1930. 

“El tema es preocupante”, calificó Alberto Carvalho, superintendente del LAUSD. “Van a terminar los beneficios de nutrición para familias y niños pobres”. 

Más de 80 % de los 500,000 estudiantes del segundo distrito escolar de Estados Unidos viven en la pobreza. 

“Ningún niño o niña en nuestra comunidad debería pasar hambre”, afirmó el superintendente escolar. 

La distribución actual de cenas diarias alcanzó a 55,000 estudiantes y el distrito tiene la capacidad de aumentar esa cifra a más de 400,000 beneficiarios. 

Son medidas que el LAUSD ha adoptado, en colaboración con entidades comunitarias, de los sectores privado y laboral. 

Debido al cierre del gobierno, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó que 42 millones de estadounidenses -incluyendo 10 millones de latinos- no recibirán los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a partir del 1 de noviembre. Ello significa que uno de cada ocho estadounidenses tendrá dificultades para alimentar a sus familias. 

El fin de los beneficios de SNAP dañaría, además, la ya maltrecha economía de 5.5 millones de californianos. 

La interrupción de la ayuda federal dejará a muchas familias sin ayuda alimentaria federal, lo que ha impulsado a autoridades escolares de Los Ángeles, a repetir la ayuda humanitaria desplegada durante la pandemia. 

“Es cruel e inhumano” 

“Ningún niño debe irse a dormir sin comer”, coincidió en su declaración a La Opinión, Scott Schmerelson, presidente de la Junta Escolar. “No importa cuantos hijos tenga una familia. Siempre habrá comida para todos, porque hay suficiente dinero en el distrito para atender la emergencia”. 

Schemerelson acepto que el daño que está causando el gobierno federal a su propia gente “es cruel e inhumano”. 

Republicanos y demócratas no han sabido poner fin al cierre de gobierno, porque no ha habido voluntad política para dialogar. 

“Todo el mundo tiene que actuar: republicanos, demócratas e independientes. Todo el mundo tiene que venir, discutir y terminar todo eso. Cada día es peor, pero eso va a cambiar”. 

Recursos para estudiantes 

Según la Política Universal de Comidas de California, todos los estudiantes tienen derecho a un desayuno y almuerzo gratuitos todos los días.  

Además, las cenas están disponibles para todos los estudiantes del LAUSD de 1 a 18 años después de la escuela. Funcionan de lunes a viernes en la mayoría de las escuelas del distrito. 

Programa de alimentos en los parques 

Los Parques del Condado de Los Ángeles están ampliando la capacidad de sus programas de alimentos en los parques. Los Parques del Condado de Los Ángeles ofrecen los siguientes programas de servicios de seguridad alimentaria para jóvenes, adolescentes y personas mayores.  

Ofrecen meriendas saludables para menores de 17 años en 48 parques de lunes a viernes entras las tres y cuatro de la tarde. 

También tienen el  programa gratuito de cenas calientes en los Centros Juveniles Our SPOT para adolescentes en 16 parques de 12 a 18 años. 

Y el programa gratuito de alimentos para personas mayores en 9 parques (de lunes a viernes)  mayores de 55 años. 

Para obtener más información visite: http://bit.ly/lacparksfoodprograms 

“Amenazas graves y devastadoras” 

La doctora Barbara Ferrer, directora ejecutiva de Salud Pública del condado de Los Ángeles alabó que el liderazgo colectivo para defender la creación de entornos donde las familias se sientan apoyadas y seguras, y por luchar por la salud y bienestar de las comunidades que “este gobierno federal no puede destruir”. 

La funcionaria advirtió que “nos enfrentamos a amenazas graves y devastadoras por parte de esta administración contra la totalidad de nuestros sistemas de salud y servicios sociales”. 

Estas amenazas, -afirmó- van mucho más allá del cierre del gobierno, porque atacan a los cimientos mismos de las comunidades y la red de seguridad social, “instaurando violencia con el aval federal en nuestros barrios y recortando drásticamente los presupuestos de hospitales y clínicas comunitarias, dificultando el acceso a seguros médicos públicos y privados asequibles y debilitando la infraestructura de salud pública de nuestra nación”. 

Enfatizó que, si estas acciones continúan, sus impactos se sentirán con mayor fuerza en las familias que ya cuentan con menos recursos y mayores necesidades.  

Ferrer dijo que la demora en los beneficios de CalFresh debido al cierre del gobierno federal es devastadora para los más de 1.5 millones de niños y adultos que dependen de estos beneficios para comprar alimentos cada mes.  

Destacó que, una de cada diez familias en Los Ángeles que sufre inseguridad alimentaria y que la pérdida de beneficios para los beneficiarios del condado de Los Ángeles asciende a aproximadamente $320 millones mensuales hasta que finalice el cierre administrativo. 

Y, si se extiende más allá del 31 de diciembre, se perderán fondos para el cuidado infantil, WIC, CalWorks, la Sección 8, subsidios de vivienda, salud y vivienda públicas. 

Por si fuera poco, los fondos para el mantenimiento de viviendas también se verán afectados.  

Por ejemplo, se perderán fondos para la investigación de enfermedades esenciales de salud pública y el control de la tuberculosis.  

“Hemos comenzado a planificar activamente ante la posibilidad real de que otros beneficios esenciales queden sin financiamiento si el cierre se prolonga más allá de fin de año”, subrayó. 

Y, como parte del plan de contingencia del condado, para mitigar esos impactos y tratar de abordar la creciente demanda generada por el cierre administrativo, se modificó el contrato que Salud Pública del condado firmó con el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles para otorgarle $10 millones adicionales de inmediato para la compra y distribución de alimentos en sus 940 centros, así como para establecer centros temporales adicionales en las comunidades más afectadas donde la necesidad es mayor.  

Ley para incentivar donaciones de comida 

A nivel federal, la congresista Nanette Barragán (CA-44) presentó nuevamente esta semana la Ley para Alimentar a la Comunidad (H.R. 5840), que crea deducciones fiscales para las empresas que donan equipos de almacenamiento y vehículos para el transporte de alimentos a organizaciones sin fines de lucro cuya misión es combatir el hambre en sus comunidades, mientras que la administración del presidente Donald Trump deja que los beneficios del SNAP expiren esta semana 

Ante la creciente demanda que enfrentan los bancos de alimentos, las despensas comunitarias y los proveedores de nutrición comunitaria, necesitan equipos para almacenar más alimentos y vehículos para transportarlos a las comunidades necesitadas.  

Dado que el código tributario actual solo permite donar inventario de alimentos como donaciones caritativas, esta nueva categoría de deducciones fiscales incentivará un mayor flujo de donaciones de equipos y vehículos a las organizaciones de asistencia alimentaria para que puedan almacenar y transportar alimentos y alimentar a los estadounidenses en todo el país. 

Este proyecto de ley se basa en los recientes esfuerzos de la congresista Barragán para proteger el acceso a alimentos nutritivos, plasmados en una carta que firmó junto con otra con la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en la que solicitaba que se utilizaran fondos de contingencia para mantener disponibles los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre del gobierno.  

Decenas de millones de estadounidenses se ven afectados por la inseguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos, lo que perjudica desproporcionadamente a las personas mayores, los hogares de bajos ingresos y las comunidades de color. 

“Casi un millón de angelinos pasarían hambre si no fuera por la importante labor de los bancos de alimentos”, declaró la congresista Barragán. “A medida que el costo de vida sigue aumentando, cada vez más estadounidenses temen no poder conseguir alimentos para sus familias. Ningún estadounidense debería tener que preocuparse por cómo conseguirá su próxima comida. Mi proyecto de ley ayuda a garantizar que los estadounidenses tengan suficiente para comer y que las organizaciones comunitarias de nutrición cuenten con los recursos que necesitan para servir a nuestras comunidades”. 

“En todo Estados Unidos, las empresas de logística están apoyando la redistribución de alimentos mediante la donación de espacio de almacenamiento y el transporte a bancos de alimentos y otras organizaciones comunitarias”, declaró Sara Stickler, presidenta y directora ejecutiva de Global Cold Chain Alliance. “La Ley de Alimentación Comunitaria reconocería esta contribución y promovería una mayor participación en estas importantes alianzas”. 

Por su parte, Michael Flood, presidente y director ejecutivo del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles declaroo que la Ley de Alimentación Comunitaria responde a una necesidad crítica de las organizaciones sin fines de lucro al ofrecer deducciones fiscales a las empresas que donan equipos y vehículos esenciales para el almacenamiento de alimentos. 

“Estos recursos donados fortalecerían la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro que luchan contra el hambre en todo el país”, dijo. “Ante la creciente demanda de asistencia alimentaria y el aumento de los costos de infraestructura, el apoyo a nuestra misión compartida es vital para seguir sirviendo a las personas y familias que sufren inseguridad alimentaria”. 

Añadió que, incentivar las donaciones, la ley de Nanette Barragán Díaz fomenta un enfoque comunitario para combatir la inseguridad alimentaria y aumentará la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro para garantizar que los alimentos nutritivos lleguen a quienes los necesitan.