Concejo de LA pone límites al aumento en unidades con renta estabilizada

Con 12 votos a favor y dos en contra, el Concejo de la Ciudad de Los Ángeles votó a favor de  poner un límite máximo de 4% al aumento anual en el alquiler de las unidades con renta estabilizada, una medida que no fue del agrado de los pequeños propietarios ya que dijeron agravará la crisis de vivienda.

Las enmiendas establecen un tope del 4% o el 90% del Índice de Precios al Consumidor al aumento anual del alquiler, el que sea menor; eliminar la disposición que permite aumentos del 1 al 2% en el gas y la electricidad, y asegura que los dependientes adicionales no generen un aumento de alquiler del 10%.

“No hemos construido suficientes viviendas en esta ciudad y el costo del alquiler se ha disparado sin control. Hemos cerrado oportunidades para que la gente venga aquí y construya sus vidas, y estamos viendo las consecuencias en tiempo real. La gente se ve obligada a irse de Los Ángeles”, dijo la concejal Nithya Raman, presidenta del Comité de Vivienda y Personas sin Hogar del Concejo de Los Ángeles. 

Afirmó que esto ha sido devastador para la resiliencia de la ciudad, la economía creativa y la fortaleza económica en general.

“Solo una mayor oferta reducirá los costos de manera sostenible en todo Los Ángeles, pero un cambio en nuestra fórmula de estabilización de alquileres es urgente. Hoy, dimos ese paso necesario, actualizando la Ordenanza de Estabilización de Alquileres (RSO) para ajustar los costos para los inquilinos y darles una razón para quedarse”.

Agregó que como Concejo Municipal, se pusieron de pie y dijeron: ‘Nuestra gente es nuestra ciudad’”.

La propuesta fue rechazada por los concejales Bob Blumenfield y John Lee, quienes expresaron su preocupación por la equidad hacia los propietarios.

Blumenfield buscaba implementar un banco de alquileres para permitir a los propietarios que optaran por no aumentar el alquiler en un año determinado, aplicar esos incrementos en años posteriores.

Para el concejal, el banco de alquileres era la parte más importante de la reforma.

Según el Departamento de Vivienda de Los Ángeles, la mayoría de los habitantes de Los Ángeles viven de alquiler, y más de la mitad considera que supone una carga de más del 30% de sus ingresos a este fin.

Mientras los inquilinos que habitan en viviendas de renta estabilizada construidas el 1 de octubre de 1978 o antes celebraban la victoria, los pequeños propietarios de vivienda señalaron que uno de cada diez residentes de la ciudad utilizan el 90% de sus ingresos para pagar el alquiler.

Los pequeños propietarios de viviendas de Los Ángeles criticaron duramente al Ayuntamiento por aprobar esta medida ya que dijeron que se restringirá aún más a los proveedores de vivienda comunitaria que ya tienen dificultades para afrontar el aumento de los costos.

“La crisis de vivienda solo empeorará y serán los angelinos de a diario quienes sufrirán las consecuencias”, declaró Rich Kissel, propietario de una vivienda en el Distrito 10 del Ayuntamiento, quien dijo se vio obligado a venderla debido al aumento de los costos.

Los defensores de los pequeños propietarios pidieron al Ayuntamiento a apoyar a los proveedores de vivienda en lugar de castigarlos, advirtiendo que, de no hacerlo, se producirá una mayor concentración de la propiedad en manos de grandes corporaciones menos sensibles a las necesidades de los inquilinos.

“Los más afectados por estos cambios propuestos no son los inversores adinerados ni las grandes corporaciones, sino profesores, enfermeros, jubilados y trabajadores que poseen unas pocas viviendas”, dijeron en un comunicado. 

“Muchos compaginan trabajos a tiempo completo con la gestión de edificios para complementar sus ingresos o prepararse para la jubilación”. 

Hicieron ver que la medida aprobada se produce a pesar de los ya onerosos costos crecientes derivados de los gastos municipales obligatorios, que superan los aumentos de alquiler permitidos.

Citaron las alzas en las tarifas de servicios públicos que exceden el Índice de Precios al Consumidor, a la recolección de basura, al salario mínimo, a las primas de seguros entre 200 a 300%, a los requisitos de reforzamiento sísmico, mantenimiento, entre otros.

“Esta hipocresía está llevando a los propietarios al límite”, declaró Irma Vargas, residente de Los Ángeles y administradora de propiedades que trabaja con pequeños propietarios que alquilan condominios y casas unifamiliares en la ciudad de Los Ángeles. 

“La ciudad exige el cumplimiento de las normativas e impide que los arrendadores aumenten los alquileres. ¿Quién se supone que debe pagar estos costosos impuestos a la ciudad? Cada vez es más probable que nadie, porque los propietarios simplemente no pueden permitirse seguir en el negocio”.

Dijeron que la pandemia agravó la crisis de la vivienda, obligando a muchos pequeños arrendadores a abandonar el mercado por completo, mientras que el número de personas sin hogar se disparó en Los Ángeles. 

El voto en el Concejo ordena al Abogado de la Ciudad, redactar la Ordenanza de Estabilización de Alquileres revisada, que volverá al Concejo para su ratificación final.