Más de 10,000 veteranos migrantes han sido deportados de Estados Unidos

El venezolano Andrés Barco, un excombatiente que realizo dos misiones en Irak, en donde fue herido y por ello recibió la Medalla Corazón Purpura es el más reciente militar no ciudadano que ha sido deportado bajo la administración del presidente Donald Trump.

Barco, de 39 años, se alistó en el ejército a los 17 años y fue deportado el 14 de noviembre a la frontera de Nogales, México.

Durante su carrera militar, Barco completó la documentación para obtener la ciudadanía, pero su solicitud nunca se procesó por razones desconocidas, a pesar de haberla presentado.

Barco, quien ingresó a Estados Unidos bajo asilo desde pequeño, durante su tiempo en el ejército estadounidense resultó herido por un artefacto explosivo improvisado en Irak y recibió la Medalla Corazón Púrpura por su servicio. También fue condecorado con la Insignia de Infantería de Combate

Durante su carrera militar, Barco completó la documentación para obtener la ciudadanía, pero su solicitud nunca se procesó por razones desconocidas, a pesar de haberla presentado, es por eso que fue expulsado del país el viernes pasado.

“Todos los veteranos deberían ser naturalizados automáticamente al unirse al ejército y ser reconocidos por su servicio”, dijo Héctor Barajas, fundador de la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados en Tijuana, Baja California, México. “A todos se les debe brindar apoyo”.

Barajas logró su baja honorable en 2001, pero fue deportado en 2004, tras cumplir una condena en prisión en California. Regresó a los Estados Unidos ese mismo año y formó una familia, pero fue deportado en 2009 por una infracción de tránsito. Finalmente Barajas regresó a los Estados Unidos en 2018 como ciudadano después de 14 años de lucha legal prolongada.

¿Reclutados con falsas promesas?

Aun sin ser ciudadanos, miles de hombres han sido reclutados para servir en el Ejército de los Estados Unidos, soñando con la falsa promesa de que, a la conclusión de su servicio podrían arreglar su situación migratoria y ello le ha costado la deportación hace unos días al venezolano Andrés Barco.

Una baja honorable del ejército no les garantiza la naturalización.

Barco tenía antecedentes penales relacionados con un tiroteo ocurrido en el sur de Colorado en 2008 y cumplió 15 años de prisión por un delito grave de intento de homicidio; además, padecía de trastorno de estrés postraumático (TEPT). En el incidente del por qué fue a prisión, una de las balas que disparó hirió en la pierna a una joven de 19 años.

Según cifras del Departamento de Defensa, a principios de 2024, más de 40,000 ciudadanos extranjeros prestaban servicio en las fuerzas armadas, tanto en servicio activo como en la reserva. El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estimaba que otros 115,000 ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos han prestado servicio activo en el pasado.

Deportados y sin naturalización; tres categorías

Al menos 10,000 de los 40,000 veteranos han sido expulsados del país durante la administración del presidente Donald Trump, debido a problemas con la ley, y, en muchos casos, por incidentes relacionados con el trastorno por estrés traumático (PTSD).

La cifra extraoficial de deportaciones de veteranos es incluida en una carta enviada por la congresista de Arizona, Yassamin Ansari al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al secretario de Asuntos de los Veteranos, Doug Collins, y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Christy Noem.

“Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación por la deportación de veteranos y miembros del servicio militar que han servido y sirven honorablemente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos”, señala la misiva.

“Estas personas han demostrado su compromiso con nuestra nación a través de su servicio militar, y la posibilidad de su expulsión del país que juraron defender plantea serias dudas sobre las obligaciones y los valores de nuestra nación”, añade el documento.

Para comprender mejor la magnitud del problema de los veteranos deportados y garantizar que el gobierno cumpla con sus responsabilidades, la congresista Ansani solicitó respuestas sobre el número de veteranos que enfrentan deportación.

La legisladora pidió un desglose de esas personas, según su etapa actual en el proceso legal: si se encuentran bajo investigación, en proceso de expulsión, con órdenes de deportación definitivas y en qué estados del país se encuentran.

Trump y el daño que causó a MAVNI

De acuerdo con Héctor Barajas, entre los inmigrantes del ejército de Estados Unidos hay tres clases: quienes son residentes legales y han cometido alguna infracción contra las leyes y son deportados después de haber cumplido con su servicio; los indocumentados que mandan a la guerra at través del reclutamiento (como sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, además de las guerras de Corea y Vietnam).

La tercera categoría corresponde a quienes han sido repatriados debido al programa MAVNI (Military Accessions Vital to the National Interest/ Incorporaciones militares vitales para el interés nacional).

Mediante el programa MAVNI se reclutó a miles de extranjeros que ya se encontraban en el país y buscaban la ciudadanía. Sin embargo, cientos de inscritos se han visto expuestos al riesgo de deportación.

La ley federal permite a las personas nacidas en el extranjero que prestan servicio militar activo o en cualquier componente de la Reserva (como la Reserva Naval o la Guardia Nacional del Ejército) naturalizarse y obtener la ciudadanía estadounidense tras completar un año de servicio honorable en tiempos de paz, o inmediatamente si prestan servicio durante períodos designados de hostilidad, como la Guerra contra el Terrorismo, que comenzó el 11 de septiembre de 2001 y continúa hasta la fecha.

Sin embargo, en 2017, la Administración Trump restringió este proceso acelerado de ciudadanía al implementar nuevos plazos de espera obligatorios antes de que el Departamento de Defensa pudiera emitir la documentación de “servicio honorable” que los militares inmigrantes debían tener para solicitar la naturalización. El “servicio honorable” por si solo no garantizaba la naturalización.

El gobierno de Trump ordenó a los reclutas servir al menos seis meses y someterse a verificaciones adicionales de antecedentes y seguridad antes de poder siquiera iniciar el proceso de naturalización.

Inclusive, algunos tuvieron que solicitar la naturalización desde el extranjero, mientras estaban desplegados en el servicio activo.

Este obstáculo dificultó considerablemente la preparación de la documentación, las huellas dactilares y las entrevistas requeridas.

El 25 de agosto de 2020, un juez federal dictaminó que los plazos de espera obligatorios eran ilegales, anulando la política y ordenando al Departamento de Defensa certificar el servicio en un plazo de 30 días a partir de la solicitud. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: más de 250 veteranos enfrentaron procesos de remoción o deportación entre 2013 y 2018 (incluyendo dos años de gobierno de Trump).

Desmienten

“Los latinos siempre han estado presentes en la defensa del país, desde la Guerra de Independencia hasta la actualidad”, declaró Raúl Danny Vargas, fundador y presidente The American Latino Veterans Association (ALVA), un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“Necesitamos que se visibilicen nuestras contribuciones, especialmente para contrarrestar esa retórica de que los latinos no aman el país y que no están dispuestos a defenderlo. Esto es falso”, señala Vargas.

ALVA lanzó una iniciativa, cuyo objetivo es visibilizar las experiencias de los veteranos latinos e hispanos; busca recabar información crucial sobre la transición de la vida militar a la civil, el acceso a los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y los retos y oportunidades que enfrentan los veteranos latinos en todo el país.