Gobierno de Trump deportó 50 ciudadanos ucranianos
El gobierno de Ucrania afirmó que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la repatriación de este primer grupo de ciudadanos
Decenas de ciudadanos ucranianos llegaron a su país natal Crédito: Deutsche Welle
Decenas de ciudadanos ucranianos regresaron recientemente a su país luego de ser deportados por Estados Unidos, según confirmó el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania. La agencia reportó que un grupo de 50 personas ingresó al territorio nacional a través del puesto fronterizo de Shehyni, ubicado en la frontera con Polonia.
Las autoridades ucranianas señalaron que todos los deportados presentaban la documentación adecuada para su retorno y que el procedimiento se realizó conforme a las disposiciones del derecho internacional.
La repatriación de estos ciudadanos ocurre en un contexto complejo, mientras Kiev intenta preservar el respaldo político y militar de Washington. El gobierno estadounidense mantiene activas las deportaciones de ucranianos, incluso durante la guerra, centrándose principalmente en personas con antecedentes penales o con órdenes definitivas de expulsión emitidas por tribunales migratorios.
A inicios de mes, la Embajada de Ucrania en Washington confirmó su conocimiento de aproximadamente 80 ciudadanos con órdenes firmes de deportación relacionadas con violaciones a la ley estadounidense. La situación ha generado inquietud debido al riesgo que implica enviar a ciudadanos de vuelta a un país inmerso en un conflicto armado de gran escala.
Controversia por las deportaciones
El portavoz fronterizo Andrii Demchenko explicó que Estados Unidos notificó previamente a Ucrania sobre los planes de expulsión, lo que permitió coordinar el proceso. Sin embargo, añadió que aún se investigan las circunstancias particulares bajo las cuales cada uno de los deportados fue detenido y procesado antes de su salida del país norteamericano.
El Washington Post informó que la administración Trump prepara nuevas rondas de deportaciones, parte de una política orientada a acelerar la expulsión de inmigrantes sin estatus legal, mientras Ucrania profundiza su cooperación con Washington. La embajadora Olha Stefanishyna señaló que su misión sigue monitoreando los casos y permanece en contacto con las autoridades estadounidenses para supervisar la logística de los traslados.
La situación de algunos individuos ha generado especial preocupación. Los abogados de Roman Surovtsev, de 41 años, destacaron que su cliente llegó legalmente a Estados Unidos cuando era niño, vivió décadas en el país y formó una familia. Aunque cumplió condenas por varios delitos, aseguraron que recientemente había reconstruido su vida antes de ser detenido nuevamente por ICE en agosto.
Los defensores legales, Eric Lee y Chris Godshall-Bennett, afirmaron que existe el riesgo de que deportados ucranianos o de otras antiguas repúblicas soviéticas no puedan expresar formalmente temor de persecución, un derecho contemplado en la legislación estadounidense. También alertaron sobre la posibilidad de que algunos sean reclutados de manera inmediata al llegar a territorio ucraniano.
Demchenko reiteró que los 50 ciudadanos devueltos contaban con pruebas de ciudadanía o documentos de retorno válidos. Sin embargo, los abogados de Surovtsev insistieron en que impedir a los detenidos presentar argumentos contra su deportación constituye una violación legal, según declaraciones publicadas por el Washington Post el 14 de noviembre.
Mientras continúan las deportaciones y se anticipan más disputas legales, un asesor cercano al presidente Volodymyr Zelensky declaró al mismo medio que Estados Unidos puede proceder con tantas expulsiones como considere necesarias y que Ucrania “les encontrará un uso” al regresar, un comentario que ha generado interpretaciones diversas sobre las prioridades de Kiev.
