La Ley No Kings permitirá demandar contra abusos del gobierno federal

Para hacer frente a los agresivos operativos de migración, el senador demócrata de San Francisco, Scott Wiener anunció el proyecto de ley SB 747 conocido como la Ley No Kings, la primera ley en la nación que haría más fácil demandar a los agentes federales, estatales y locales por violar los derechos constitucionales.

En el caso de las redadas, revisiones y detenciones sin causa probable ni orden de cateo solo por la raza e identidad política, permitiría que las comunidades pudieran buscar una compensación monetaria por daños cometidos por oficiales federales como estatales y locales que hayan violado sus derechos de la Quinta, Cuarta y Primer Enmiendas.

También podrían demandar por uso excesivo de la fuerza durante los arrestos.

“Los californianos necesitan una forma de hacer frente al desprecio sin precedentes de esta administración por sus derechos constitucionales”, declaró el senador Wiener. 

“La Administración Trump ha utilizado su poder para perfilar racialmente a personas y hacerlas desaparecer ilegalmente, para castigar a opositores políticos y para recortar fondos a las universidades; y esta Corte Suprema les ha otorgado un poder ilimitado para hacerlo”. 

Señaló que nuestros derechos valen poco si los agentes del gobierno pueden violarlos sin consecuencias. 

“Mientras ellos nos arrebatan derechos, nosotros crearemos un nuevo camino hacia la justicia mediante un recurso legal claro para las violaciones deliberadas de los derechos constitucionales. Mientras una Administración que actúa al margen de la ley intenta destruir la Constitución, es hora de que le demos fuerza”, afirmó.

En los últimos años, la Corte Suprema ha debilitado considerablemente los recursos legales contra los abusos federales que violan derechos fundamentales garantizados por la Constitución, como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. 

La SB 747 cierra esta laguna legal al crear un derecho de acción bajo la ley estatal de California por violaciones de derechos constitucionales, brindando a los californianos una nueva y sólida vía para obtener reparación y exigir responsabilidades a los funcionarios públicos por conductas ilegales.

Qué busca remediar la ley No Kings

• Violaciones de la Primera Enmienda: Tomar represalias contra una persona por ejercer su libertad de expresión protegida, interferir con el libre ejercicio de la religión o la libertad de prensa, o usar fuerza excesiva para disolver una protesta pacífica.
• Violaciones de la Cuarta Enmienda: Realizar un registro ilegal del domicilio de una persona o una detención irrazonable en un control policial sin orden judicial ni causa probable, o usar fuerza excesiva durante el arresto.
• Violaciones de la Quinta Enmienda/Igualdad ante la Ley: Dirigir ilegalmente acciones coercitivas o auditorías fiscales a individuos por motivos de raza, origen nacional o identidad política.

La ilegalidad por parte del gobierno federal se ha disparado durante el segundo mandato del presidente Trump. 

Los jueces federales han emitido más de 200 órdenes que suspenden las acciones de la administración Trump este año, y cientos más siguen pendientes.

De acuerdo a la oficina del senador, la administración Trumpista ha intentado usar el poder del gobierno federal para castigar a sus opositores políticos, atacar a inmigrantes y personas LGBTQ+, recortar fondos a universidades, hostigar y deportar ilegalmente a personas, entre otras cosas, lo que plantea interrogantes fundamentales sobre cómo se pueden garantizar los derechos esenciales cuando el gobierno federal ignora la Constitución.

Desde la década de 1970, las personas perjudicadas por el gobierno federal han buscado justicia mediante las “acciones Bivens”, un derecho a demandar creado por la Corte Suprema en el caso Bivens contra Seis Agentes Desconocidos de 1971. 

Sin embargo, en los últimos años, la Corte Suprema ha limitado drásticamente las acciones Bivens, otorgando a los funcionarios federales inmunidad de facto frente a procesos judiciales por violaciones intencionales de derechos constitucionales. 

En 1987, California promulgó la Ley de Derechos Civiles Tom Bane para crear un derecho a demandar a las personas cuyos derechos constitucionales fueron violados en circunstancias limitadas. 

La Ley Bane solo puede utilizarse si los derechos son violados mediante amenazas, intimidación o coacción, y se considera difícil de litigar.

El proyecto de ley SB 747 amplía la Ley Bane para abarcar todas las violaciones constitucionales, crea un nuevo recurso para cualquier violación de derechos, privilegios o inmunidades constitucionales bajo la apariencia de la ley federal o estatal. 

Esto significa que los demandantes individuales podrán interponer una demanda por daños y perjuicios contra cualquier funcionario federal, estatal o local que viole sus derechos constitucionales, de modo que las víctimas de conductas inconstitucionales tengan acceso a la justicia y ningún funcionario esté por encima de la ley.

“A diario, nuestras comunidades se enfrentan a la intimidación, la discriminación racial y las acciones policiales ilegales que destrozan familias. El proyecto de ley SB 747 finalmente crea una vía real hacia la rendición de cuentas. Ningún agente debería poder violar los derechos constitucionales de las personas con impunidad”, declaró Héctor-Andrée Pereyra, director de políticas de la Coalición Inland para la Justicia de los Inmigrantes. 

“Las comunidades inmigrantes merecen más que promesas; merecen protección real respaldada por una rendición de cuentas efectiva. El proyecto de ley SB 747 es un paso esencial para restaurar la confianza, defender los derechos fundamentales y dejar claro que ningún nivel de gobierno está por encima de la Constitución”. 

Dijo que este proyecto de ley les da a los californianos una herramienta para defender su dignidad y exigir justicia.

“La Ley Bane es una ley pionera que ya permite a las víctimas de abusos gubernamentales demandar por violaciones de derechos individuales, ya sea bajo la Constitución de California o la Constitución de los Estados Unidos”, afirmó Anya Bidwell, abogada principal del Instituto para la Justicia, con sede en Virginia. 

“Esta enmienda amplía el alcance de la ley y reivindica el lugar que le corresponde a California como foro tradicional para la rendición de cuentas”.

Cristine Soto DeBerry, directora ejecutiva de Prosecutors Alliance Action dijo que nadie, ni siquiera un agente federal, está por encima de la Constitución. 

“La Ley No Kings consagrará este principio fundamental en la legislación de California, ya que cada vez con más frecuencia, vemos cómo los agentes federales aterrorizan a las comunidades, separan familias y someten a las personas a condiciones inconcebibles”. 

Y añadió que California no se quedará de brazos cruzados mientras nuestros residentes son brutalizados y se ignora el estado de derecho.

“Este proyecto de ley es nuestra forma de defender la Constitución y a las personas a quienes está destinada a proteger”.

El proyecto de ley SB 747 es patrocinado por Protect Democracy United, Prosecutors Alliance Action y la Inland Coalition for Immigrant Justice.