El crimen organizado cobró la vida de 7 alcaldes mexicanos este año

La violencia ligada al crimen organizado volvió a golpear a los gobiernos locales en México durante 2025, un año marcado por ataques directos contra presidentes municipales en distintas regiones del país. Al menos siete alcaldes fueron asesinados en hechos violentos que evidencian la vulnerabilidad de las autoridades frente a grupos criminales que disputan el control territorial, especialmente en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo.

Los asesinatos ocurrieron tanto en espacios públicos como en domicilios particulares y sedes oficiales, lo que subraya el impacto simbólico y político de estos crímenes. Algunos de los ataques se registraron durante eventos comunitarios o en emboscadas, sin que hasta ahora exista una contención efectiva de este fenómeno.

Uno de los casos que más conmoción generó fue el asesinato de Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, ocurrido en junio. El edil fue atacado por un grupo de hombres armados en la cabecera municipal y en el atentado también murió uno de sus escoltas.

Días después fue asesinada Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, junto con su esposo, Ulises Ochoa, cuando ambos se encontraban afuera de su domicilio. La Fiscalía General de la República identificó a la presidenta municipal como hermana de Blanca Yesenia Mendoza Mendoza, esposa de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, señalado como líder del Cártel de Tepalcatepec y exaliado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La violencia también alcanzó al estado de Hidalgo. En octubre fue asesinado Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores y militante del Partido Verde Ecologista de México. El partido condenó el crimen y exigió justicia, al tiempo que expresó solidaridad con la familia y la comunidad del edil.

La ola de violencia no se limitó a Michoacán e Hidalgo. En Oaxaca, Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, fue asesinado en mayo luego de ser emboscado cuando transitaba por carretera, en un ataque en el que también murieron elementos de seguridad que lo acompañaban. En Guerrero, Isaías Rojas Ramírez, presidente municipal de Metlatónoc, falleció en junio tras permanecer hospitalizado por heridas de bala sufridas en un presunto intento de asalto.

El asesinato más reciente fue el de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, quien murió a principios de noviembre tras un atentado armado en la plaza principal, mientras convivía con asistentes en el Festival de las Velas, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos. Por este crimen hay al menos nueve personas detenidas y, tras su fallecimiento, su esposa, Grecia Quiroz, asumió el cargo como presidenta municipal.

Otros ataques letales incluyeron el asesinato de Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, quien fue ejecutada a mediados de junio dentro del Palacio Municipal por hombres armados que irrumpieron en el edificio. Estos hechos reforzaron la percepción de riesgo extremo para autoridades locales en regiones con alta presencia delictiva.

Organizaciones civiles han advertido que la violencia política va en aumento. Datos de Causa en Común indican que en 2025 al menos 56 figuras políticas fueron asesinadas en México, incluyendo alcaldes, funcionarios municipales, mandos de seguridad y actores del ámbito judicial, lo que refleja un deterioro persistente de las condiciones de seguridad para quienes ejercen cargos públicos.

Aunque históricamente este tipo de violencia se intensifica en periodos electorales, los asesinatos registrados en 2025 confirman que el riesgo para los presidentes municipales es constante. La capacidad de los grupos criminales para atacar a autoridades en funciones continúa siendo uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano.

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