Cómo resistir los abusos del poder federal

La semana pasada se cumplieron doscientos cincuenta años de que Thomas Paine haya publicado el panfleto político Sentido común (Common Sense). Paine era un inmigrante que había llegado aquí tan solo dos años antes. Su panfleto se hizo viral y se convirtió en un bestseller mayormente de circulación extraoficial y con 150,000 copias impresas. Enardeció el apoyo por la independencia y multiplicó el convencimiento colonial a favor de los argumentos democráticos. Paine escribió: “En América, LA LEY ES EL REY”.

Este principio fundamental hoy se encuentra en peligro. Solo durante la última semana, hemos visto qué tan lejos puede llegar esta administración para torcer la ley a su antojo. A medida que se acercan las elecciones de 2026, hay nuevos motivos de preocupación.

Todos vimos los videos que muestran el disparo fatal contra Renee Good por parte de un agente de ICE en Minnesota. Vimos la agresión violenta y rabiosa de algunos oficiales federales, no de las personas que se manifestaron en las protestas.

ICE se quitó la máscara, por decirlo de algún modo. ¿Qué podemos hacer? Hoy más temprano, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dio su discurso sobre el estado del Estado. Respaldó la iniciativa de darles a las personas ciudadanas un derecho concedido por ley estatal de demandar a funcionarios y oficiales que violan sus derechos según la Constitución de los Estados Unidos.

Esta propuesta refleja otros proyectos similares presentados por el senador estatal Zellnor Myrie y el asambleísta Micah Lasher y se parece a una ley federal crucial, la Sección 1983. Otros estados —como California, Illinois, Maine, Massachusetts y Nueva Jersey— ya tienen leyes como esta.

Hochul no es lo que se dice una revolucionaria. Su movida creativa refleja la creciente preocupación e indignación del público contra un gobierno federal que ha traspasado los límites de la ley y las normas morales de sus ciudadanos.

Los estados también tienen otras opciones. Pueden prohibir que los oficiales se tapen la cara con máscaras, por ejemplo, y limitar los arrestos en sitios vulnerables, como las escuelas, los tribunales y los hospitales. Y más.

El Congreso también tiene un rol que cumplir. Puede aprobar la llamada Ley de Bivens (Bivens Act), que amplía el derecho de proteger los derechos constitucionales de las personas contra cualquier infracción cometida por los oficiales federales.

Se necesitan acciones como estas ante el incesante abuso de poder por parte del ejecutivo. El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, al parecer como parte de una campaña para presionar al Banco Central a bajar las tasas de interés.

Powell publicó un video impresionantemente directo, al estilo de Volodymyr Zelenskyy, donde se comprometía a no ceder a los “pretextos” y la “intimidación”. Parecía temblar de la emoción cuando afirmó: “El servicio público a veces requiere permanecer firme ante las amenazas”.

Los operadores de bolsa vendieron sus dólares como respuesta a los ataques contra la independencia de la Fed en lo que se conoce como la tendencia bajista “Sell America” en los mercados bursátiles.

El senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte dijo ayer que “si quedaba algún rastro de duda sobre si los asesores de la administración Trump están presionando activamente para acabar con la independencia de la Reserva Federal, ahora ya no debería quedar ninguna duda. Lo que ahora se cuestiona es la independencia y credibilidad del Departamento de Justicia”.

Aun así, la Casa Blanca parece creer que el Departamento de Justicia no es lo suficientemente agresivo. El vicepresidente JD Vance anunció que un nuevo fiscal federal adjunto pondría una “mano más dura contra la gente que está defraudando a los Estados Unidos al incitar a la violencia contra nuestros oficiales del orden” y que trabajaría directamente desde la Casa Blanca. La noción de que el Departamento de Justicia debe estar aislado de la política ha quedado hecha añicos.

Tenemos toda la razón en preocuparnos de que esta misma ilegalidad se aplique ahora a las elecciones.

Durante el fin de semana, en su entrevista con el New York Times, Donald Trump reflexionó sobre que “debería haber” ordenado a la Guardia Nacional que confiscara las máquinas de votación en 2020. De alguna forma, con eso se habría probado la existencia de fraude electoral, afirmó.

El abogado electoral Marc Elias ha señalado algo más de lo que dijo Trump: la Guardia podría no ser “lo suficientemente sofisticada” como para llevar a cabo ese acto particular de coerción. Eso nos lleva a preguntarnos si Trump se animará a usar las fuerzas militares o incluso ICE en 2026.

Tal como lo demuestra la propuesta de Hochul, todos podemos hacer mucho. Podemos tener elecciones libres y justas en noviembre, pero tendremos que luchar para tenerlas, luchar más de lo que nos podríamos haber imaginado.

El pasado viernes, un tercer tribunal federal bloqueó algunas partes de la orden ejecutiva de Trump que intenta colocar las elecciones bajo el control presidencial y que empezó por obligar efectivamente a la ciudadanía a presentar un pasaporte antes de registrarse para votar. Un caso anterior presentado por el Brennan Center y otros aliados obtuvo un interdicto permanente en octubre. El Departamento de Justicia bajo el mando de Pam Bondi ha apelado la decisión.

El gran tema constitucional de hoy en día se centra en el arrebato de poder del presidente. ¿Qué facultades tienen los estados y la ciudadanía para resistir a este abuso? Las leyes que permiten demandar a los oficiales federales deben redactarse con cuidado y, sin duda, enfrentarán disputas si se presentan demandas.

Pero un fuerte argumento constitucional apuntala la soberanía de los estados. Y activistas y funcionarios creativos tendrán que seguir buscando formas de intervenir y oponer resistencia a un gobierno nacional que se pasa de la raya y no respeta las leyes.

Al escándalo le sigue la reforma, a menudo, pero no siempre. Dependerá de todos nosotros asegurarnos de que la corrupción y la decadencia de 2026 no suplanten el espíritu democrático de 1776. Dependerá de nosotros asegurarnos de que sea la ley, y no una persona, la que reine por encima de todo.

Siempre me conmueve una parte de la peroración de Paine hacia el final de Sentido común que dice: “Está en nuestro poder volver a empezar el mundo de nuevo”.

(*) Michael Waldman es Presidente y CEO del Brennan Center for Justice. Este artículo publicado el 13 de enero se publica con autorización del Brennan en Español.

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