‘California elige la dignidad sobre la crueldad’

El asambleísta Mark González y la senadora estatal María Elena Durazo presentaron el proyecto de ley “GTFO ICE” (Get The Federals Out ICE/Saquen a los Federales de ICE), que prohibiría a las personas involucradas en la aplicación ilegal de las leyes de inmigración ocupar cargos públicos en California entre 2025 y 2029, incluyendo trabajar como agentes de policía, maestros, jueces, trabajadores sociales, oficiales de seguridad escolar, funcionarios públicos cualquier persona a la que se le confíe el cuidado, la seguridad y el bienestar de las comunidades.

El proyecto de ley, que aún no ha sido presentado a la legislatura de California tiene como objetivo disuadir a los agentes federales de atacar a las comunidades y garantizar que los funcionarios públicos respeten los derechos humanos y el debido proceso. Abarcaría a aproximadamente 250,000 empleados estatales y casi dos millones de trabajadores de los gobiernos locales que quisieran unirse a las filas de las autoridades migratorias.

La iniciativa apunta en particular hacia todos los agentes federales de ICE y de la Patrulla Fronteriza que han actuado con lujo de violencia durante las masivas redadas de inmigración y que han pisoteado los derechos humanos, civiles y constitucionales de inmigrantes con estatus irregular en Estados Unidos, residentes legales y ciudadanos.

En la Plaza de la Democracia “Norman Mineta” del Museo Nacional Japonés Americano, Anne Burroughs, presidenta y directora ejecutiva de JANM dijo que, en ese punto neurálgico de la historia de los derechos civiles de Estados Unidos fue donde, en 1942, tras la firma de la Orden Ejecutiva 9066, miles de estadounidenses de origen japonés en Los Ángeles recibieron la orden de presentarse para ser despojados de sus derechos y propiedades y trasladados por la fuerza a campos de concentración de Estados Unidos.

En efecto, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial y los ataques por parte de Japón en Pearl Harbor, más de 125,000 personas de ascendencia japonesa fueron considerados “enemigos” de Estados Unidos y encarcelados ilegalmente por el gobierno de Franklin D. Roosevelt.

“Se fundó este museo recordar y conmemorar la verdad de lo que sucedió aquí en 1942 y que nunca vuelva a ocurrir”, declaró Ann Burroughs. “Y, sin embargo, la historia se repite en nuestra ciudad, en nuestro estado y en todo el país. ICE y CBP operan como una milicia sin ley, sembrando el terror en las comunidades inmigrantes, haciendo desaparecer a personas y destrozando familias mediante detenciones y deportaciones, e incluso matando a personas en las calles”.

En esa misma plaza de Little Tokyo, el 14 de agosto de 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, efectuaron una redada, a sabiendas que en el interior del museo el gobernador Gavin Newsom ofrecía una rueda de prensa sobre la redistribución de distritos electorales. Un repartidor de frutas -Ángel Minguela Palacios- fue arrestado por agentes de CBP, comandados por Greg Bovino, estuvo encarcelado en Arizona y fue liberado en septiembre.

California está marcando un límite

“El mensaje es simple: si vuelven a elegir, si eligen aterrorizar a las comunidades en lugar de servirlas, California no los recompensará con un salario público”, destacó el asambleísta Mark González.

Su proyecto de ley es preciso e incluye excepción para la conducta ya permitida bajo la Ley SB 54 de California (Ley de Valores de California o Ley Santuario de California), una ley histórica que protege la confianza de la comunidad.

González enfatizó que no se trata de castigar la conducta lícita, sino de rendición de cuentas y salvaguardar la integridad de las agencias públicas de California y de garantizar que las personas a quienes se les confía el poder en el estado crean en el estado de derecho, no en el gobierno por miedo.

“California celebra la diversidad, protegemos nuestras tradiciones, avanzamos juntos y no nos acobardamos ante el autoritarismo.”, señaló el legislador. “Los campos de internamiento para japoneses eran legales. Estaban autorizados. Fueron implementados por personas que simplemente cumplían con su trabajo, y es precisamente por eso que California está marcando un límite ahora”.

Sin nombrar a la Administración Trump, dijo en forma irónica “buena suerte para encontrar trabajo aquí [en California]” para quienes se alinearon, y se negaron a identificarse [porque estaban enmascarados] “y trataron a los seres humanos como objetivos desechables”.

“¡Váyanse! porque California elige la dignidad sobre la crueldad, la ley sobre la anarquía y a las personas sobre el poder, porque nuestras comunidades merecen ser protegidas. Nuestros hijos merecen ser defendidos. Nuestra dignidad no es negociable, y hasta que la justicia fluya como las aguas y la rectitud como un torrente impetuoso, nos mantendremos firmes, lucharemos y no nos detendremos”, expresó González.

Desde del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, las agencias de control de inmigración como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han recibido órdenes de llevar a cabo redadas agresivas, indiscriminadas y mortales, al estilo militar.

Para respaldar estas acciones, la administración aprobó la Ley H.R. 1 (La gran hermosa ley), que asignó más de 170 mil millones de dólares para efectuar las redadas, con 75 mil millones de dólares destinados directamente a ICE, lo que le permitió a la agencia ofrecer bonificaciones de 50,000 dólares por incorporación y contratar a agentes con escasa cualificación.

Dado que las oficinas de campo de ICE tienen cuotas para detener al menos a 75 personas indocumentadas por día, agentes enmascarados de ICE y CBP han estado secuestrando literalmente a personas por la fuerza en las calles sin previo aviso, sin el debido proceso y sin ningún respeto por los derechos humanos ni la ley.

Mark González criticó que lo hecho por la administración Trump no es aplicación de la ley sino “terrorismo de Estado” y enfatizó que las acciones forman parte de un patrón creciente y peligroso de poder federal y es dirigido contra las personas a las que dice servir.

“Conocemos este modus operandi. Nuestros barrios han vivido con rabia, intimidación y miedo durante años. Esto no es abstracto. Esto es personal. ICE ejecutó públicamente a Renee Good. ICE arrebató por la fuerza a un niño de cinco años de su familia. ICE asesinó a un manifestante pacífico a plena luz del día [Alex Pretti]. ICE no tiene vergüenza. A ICE no le importa. ICE impone el miedo, destruye familias y traiciona la humanidad que dice proteger. No guardaremos silencio. No nos doblegaremos ante el miedo”.

Crece el fascismo

El proyecto de ley del asambleísta Mark González es respaldado por numerosas organizaciones de defensa de los derechos d ellos inmigrantes, incluidas Advancing Justice Southern California, Central American Resource Center of Los Angeles (CARECEN), Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Salvadoran American Leadership and Education Fund (SALEF), Homies Unidos, SEIU 2015, Proyecto Pastoral Dolores Mission y Korean Immigrant Workers Alliance (KIWA) y LA vs. Hate.

La senadora estatal María Elena Durazo (Demócrata/Los Ángeles) señaló lo que el pueblo estadounidense está presenciando claramente es que “el fascismo está creciendo ante nuestros propios ojos”.

Durazo rememoró que, desde el 20 de enero de 2025, la aplicación de la ley de inmigración se ha transformado en algo irreconocible: una fuerza autoritaria militarizada que opera sin órdenes judiciales, sin rendición de cuentas, sin ningún sentido de humanidad.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza están contando agujeros de bala en lugar de brindar asistencia médica a personas como Alex [Pretti/ejecutado en Minneapolis el 24 de enero de 2026]. Los agentes disparan a matar. Entran en los hogares sin órdenes judiciales. Su objetivo es crear un clima de puro terror”.

La política angelina destacó que, nunca hubieran pensado en proponer una legislación para impedir que alguien trabaje en una ofician publica de alguna ciudad, condado o el estado de California, porque antes existían reglas, “y esas reglas ya no existen bajo esta administración de Trump.”.

Edith Chacón, miembro de Homies Unidos dijo que apoyará el proyecto de ley, luego de ver el impacto negativo de las redadas en su comunidad.

“Conozco a cuatro familias que se quedaron sin sustento”, dijo. “Las personas que se quedaron encargadas de los niños tienen miedo de llevarlos a la escuela y no podemos permitir que eso siga sucediendo”.

Por su parte, Henry Pérez, director ejecutivo de Inner City Struggle consideroo que aquellos que hayan firmado contrato con ICE o CBP lamentarán haberlo hecho por la ambición del dinero y considerarán la ley como un castigo.

“Tenemos que tomar acciones fuertes sobre lo que está pasando en nuestra comunidad. Los que están participando en las acciones de esta administración están cometiendo atrocidades, están quebrantando la ley y deben de pagar las consecuencias de sus acciones”, manifestó. “Es necesario detener su brutalidad”.