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Juez de Nueva York dictamina que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por aranceles de Trump

El juez también dejó claro que será el único magistrado en la corte que atenderá los casos vinculados con los reembolsos derivados de la IEEPA

Juez de Nueva York dictamina que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por aranceles de Trump

El magistrado Richard Eaton, de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT), determinó que todos los importadores registrados tienen el derecho legal de beneficiarse de la decisión de la Corte Suprema. Crédito: Noah Berger | AP

En un nuevo revés judicial para el presidente Donald Trump, un juez federal en Nueva York determinó que miles de empresas podrán reclamar el reembolso de los aranceles que pagaron bajo una controvertida política comercial que fue invalidada por la Corte Suprema el mes pasado.

El magistrado Richard Eaton, de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT), determinó que todos los importadores registrados tienen el derecho legal de beneficiarse de la decisión de la Corte Suprema del mes pasado, la cual anuló los impuestos a las importaciones impuestos por el mandatario bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).

Este fallo no solo ratifica la inconstitucionalidad de los gravámenes, sino que establece una hoja de ruta para la devolución del dinero, un detalle que la máxima instancia judicial del país había omitido en su resolución del pasado 20 de febrero.

En esa decisión, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los amplios gravámenes, incluidos los llamados aranceles “recíprocos”, que Trump aplicó a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Ordena a Aduanas recalcular y devolver pagos

El fallo de Eaton se produjo en el caso Atmus Filtration, Inc. vs. Estados Unidos, y establece que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) deberá liquidar las entradas pendientes sin tomar en cuenta los aranceles de la IEEPA. Asimismo, aquellas importaciones cuya liquidación aún no sea definitiva deberán ser recalculadas para excluir esos impuestos.

El juez también dejó claro que será el único magistrado en la corte que atenderá los casos vinculados con los reembolsos derivados de la IEEPA, en un intento por agilizar el proceso. Además, programó una conferencia a puerta cerrada para definir los pasos administrativos que permitan ejecutar las devoluciones sin que cada importador tenga que presentar una demanda individual.

La magnitud del impacto económico es considerable. Hasta mediados de diciembre, el gobierno federal había recaudado más de $130,000 millones gracias a estos aranceles. Según estimaciones del Penn Wharton Budget Model, el monto total de reembolsos podría alcanzar los $175,000 millones.

Posible apelación y retos administrativos

Expertos anticipan que la batalla legal aún no termina. Ryan Majerus, socio del despacho King & Spalding y exfuncionario comercial, señaló que el gobierno podría apelar la decisión o solicitar una suspensión temporal para ganar tiempo mientras la CBP organiza el complejo proceso de devolución.

El sistema aduanero estadounidense contempla reembolsos cuando se detectan errores en la liquidación, pero especialistas advierten que nunca fue diseñado para gestionar devoluciones masivas de esta magnitud. Alexis Early, socia de Bryan Cave Leighton Paisner, subrayó que “todo está en los detalles del proceso administrativo”, al referirse a la logística que implicará revisar miles de operaciones comerciales.

Para importadores y consumidores, la decisión representa un alivio potencial tras meses de incertidumbre. “Es una gran decisión para quienes pagaron”, afirmó Barry Appleton, profesor de derecho en Nueva York, al señalar que el fallo no solo despeja el camino para los reembolsos, sino que también podría reducir la carga de litigios en los tribunales federales.

Mientras tanto, el gobierno enfrenta presión para definir cómo y cuándo comenzará a devolver miles de millones de dólares a empresas que, hasta ahora, habían asumido esos costos como parte de una política comercial que terminó siendo declarada inconstitucional.

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