Pequeñas empresas se unen para exigir que avance el reembolso de aranceles impuestos por Trump
El objetivo para Liberty Justice Center es lograr un proceso uniforme, evitando que miles de pequeñas empresas deban presentar demandas individuales
Cientos de pequeñas empresas y grandes corporaciones han acudido a los tribunales para reclamar los fondos recaudados ilegalmente. Crédito: Noah Berger | AP
Decenas de pequeñas empresas en todo el país han comenzado a movilizarse para acelerar la devolución de miles de millones de dólares en aranceles cobrados durante la administración del presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los gravámenes impuestos bajo poderes de emergencia.
Desde una tienda de autopartes en Michigan hasta un importador de vinos en Nueva York, los empresarios buscan evitar que el proceso quede atrapado en la burocracia federal o en una nueva batalla legal que podría extenderse por años.
Uno de los rostros visibles es VOS Selections, importador de sake y licores representado por el Liberty Justice Center. Su fundador, Victor Schwartz, calificó el fallo del máximo tribunal como un “punto de inflexión” para miles de pequeños negocios que vieron afectado su flujo de efectivo por los aranceles.
“Aunque nuestro reembolso es de seis cifras bajas, el impacto en el flujo de caja fue enorme. Y el flujo de caja es el alma de cualquier empresa”, sostuvo.
Carrera contra el tiempo en los tribunales
Tras la decisión judicial, VOS Selections solicitó que se emita de inmediato el “mandato” que permitiría ejecutar el fallo y abrir la puerta formal a los reembolsos. Sus abogados argumentan que no existe impedimento para avanzar, aun cuando el gobierno dispone de varios días para solicitar una reconsideración.
En paralelo, AGS Company Automotive Solutions, una tienda de repuestos en Muskegon, Michigan, presiona para que se reactive su caso en el Tribunal de Comercio Internacional, que había suspendido nuevas demandas mientras se esperaba la resolución del alto tribunal.
El Liberty Justice Center insiste en que el objetivo es lograr un proceso uniforme supervisado por la corte, evitando que miles de pequeñas empresas deban presentar demandas individuales para recuperar lo que consideran impuestos recaudados ilegalmente.
Sin embargo, la prisa de los empresarios contrasta con la postura del Departamento de Justicia, que pidió una pausa de 90 días para evaluar las opciones legales y administrativas. En documentos judiciales, el gobierno calificó de “desatinada” la exigencia de acelerar el proceso y defendió una implementación “cuidadosamente apropiada”.
Mientras tanto, grandes corporaciones también han entrado en escena. FedEx presentó una demanda para obtener el reembolso total de los aranceles pagados y anunció que, de recuperarlos, devolverá los fondos a transportistas y consumidores.
Miles de millones en juego
La magnitud del dinero en disputa es considerable. El Departamento del Tesoro recaudó en 2025 alrededor de $287,000 millones en aranceles, un aumento significativo frente al año previo. Economistas estiman que solo bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) podrían corresponder hasta $150,000 millones en devoluciones.
El fallo de la Corte Suprema determinó que el presidente no tenía autoridad para imponer esos gravámenes invocando dicha ley de 1977. Para empresarios como Beth Benike, fabricante de accesorios para bebés en Minnesota, la incertidumbre legal la llevó a frenar importaciones desde China ante el riesgo de pagar decenas de miles de dólares adicionales.
Ante la parsimonia de la Casa Blanca, los gobernadores demócratas han pasado a la acción. JB Pritzker, de Illinois, envió una factura oficial a la administración por $8.6 mil millones, exigiendo un reembolso de $1,700 por cada familia en su estado. En California, Gavin Newsom fue más directo al señalar que “es hora de pagar los platos rotos”.
En el Congreso, legisladores como Ed Markey y Ron Wyden han presentado una propuesta de ley que obligaría a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a efectuar los pagos, con intereses incluidos, en un plazo no mayor a 180 días, dando prioridad absoluta a las pequeñas empresas que son las que más han sufrido el impacto de esta guerra comercial.
El propio presidente Trump ha sugerido en redes sociales que el reembolso podría estancarse en los tribunales por años, e incluso cuestionó si es posible una “nueva audiencia” del caso, algo que no ocurre en la Corte Suprema desde hace siete décadas.
Para muchos, más que una disputa política, se trata de supervivencia financiera en un entorno económico aún incierto. Miles de empresarios insisten en que no pueden esperar años.
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