Inmigrantes en L.A. no esperan cambios en el DHS
Críticos de la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional dicen que facilitó la muerte de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses
Markwyne Mullin, senador de Oklahoma, estará al frente del Departamento de Seguridad Nacional. Crédito: AP
La caída de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido celebrada con mesura por parte de la comunidad latina e inmigrante, activistas, políticos y defensores de los derechos humanos, quienes además de censurar su trabajo, no creen que vaya a suceder nada positivo con su reemplazo, el senador y exluchador de artes marciales, Markwayne Mullin, de Oklahoma.
No solamente fueron los asesinatos de Renee Gold y Alex Pretti, en Minneapolis lo que le costó el trabajo a Noem, por haber catalogado a ambos como “terroristas domésticos” o aspirantes a terroristas” Y “aspirantes a asesinas de policías”, sino las muertes de siete mexicanos a manos de agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP), incluyendo a Silverio Villegas González, un inmigrante mexicano de 38 años murió tras ser baleado por agentes de ICE en Franklin Park, Chicago, el 12 de septiembre de 2025, tras una parada de tráfico.
El legado de Noem en 2025 fue la muerte de 32 personas en custodia de autoridades de ICE, entidad dependiente del DHS. Fue la cifra más alta en más de dos décadas.
Para 2026, al 11 de febrero el número de muertos era de seis, incluyendo dos balaceras fatales: Renee Gold y Alex Pretti.
No tienen confianza en el sucesor de Noem
La congresista Judy Chu, dijo a La Opinión que los demócratas del Congreso llevaban mucho tiempo pidiendo el juicio político contra Kristi Noem.
“Sabemos que era incompetente, pero también que fue responsable de una crueldad increíble contra personas en todo Estados Unidos y de la muerte de ciudadanos estadounidenses, como Renee Good y Alex Preddy”, dijo. “Finalmente, el presidente Trump la despidió, y ahora se nombró al senador Mullin.”.
“No creo que la política vaya a cambiar necesariamente, pero sí creo que saben que estamos observando y que el pueblo estadounidense está muy molesto con lo que ha estado sucediendo”, añadió. “Tenemos que seguir ejerciendo presión. Tenemos que generar indignación. Toda esa gente en Minnesota vino a protestar en un clima gélido, y no iban a dejar que estas muertes quedaran sin respuesta. Así que tenemos que impulsar este movimiento en todo Estados Unidos hasta que haya un cambio de rumbo, y creo que necesitamos una transformación fundamental de toda la agencia”.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) estuvo de acuerdo con la congresista Chu. Pero añadió que, en definitiva, lo que se pide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es que cumpla la ley.
“Hay una constitución. Tenemos derechos como personas que viven dentro de las fronteras de Estados Unidos. Tenemos derechos constitucionales y deben ser respetados”, enfatizó. “Y también queremos que cese el uso excesivo de la fuerza que vemos a diario. Es la crueldad. Es la paliza a nuestra gente. Es el encarcelamiento sin ningún nivel de rendición de cuentas ni de debido proceso”.
“Esto es absolutamente inaceptable, y por eso queremos que cesen estas prácticas. Queremos que cesen estas acciones contra nuestra gente, que cesen el terrorismo, y el único que puede detenerlo es el presidente de Estados Unidos. Para ellos, y para mí, si nuestra gente no vive libre en este país, no importa quién dirija esos departamentos. Lo que importa es: ¿podemos quedarnos con nuestras familias? ¿Podemos vivir en este país con cierta dignidad?”.
“Ya era tiempo que la despidieran”, comento la estudiante de preparatoria, Abigail Castellanos, de Royball High School.
Su compañera Deedre Sánchez, comentó que el nuevo liderazgo del DHS “será lo mismo si no respetan las leyes y hacen las cosas correctas”.
“A mí me impresionó la redada [en enero 11] en Echo Park”, dijo Stephanie Diu, de la misma escuela.
En efecto, aquel día, agentes encapuchados detuvieron arrestaron a una decena de personas, a quienes sometieron a proceso de deportación.

Liderazgo fracasado y costoso
El liderazgo de Kristi Noem acumuló controversias y fracasos y arrastró en ellas el nombre de Trump como con la campaña publicitaria televisiva de propaganda fascista de deportaciones masivas que costó 220 millones de dólares a los contribuyentes de Estados Unidos.
A ello se sumó la presunta relación sexual de infidelidad que tuvo con su subordinado, Corey Lewandowsk (ambos están casados), los gastos estratosféricos que hizo en jets de lujo, el desmantelamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y sus pleitos continuos con los jefes de CBP y ICE.
“Creo que el peor crimen que Kristi Noem ha cometido contra los seres humanos es facilitar la muerte de ciudadanos estadounidenses y residentes indocumentados”, declaró la senadora estatal demócrata Sasha Renée Pérez (D-Pasadena).
“Ella no ha estado en primera línea como agente del ICE, pero son sus políticas las que han permitido que esto ocurra, permitiendo que los agentes del ICE entren en casas sin órdenes judiciales, permitiendo redadas itinerantes y atacando a personas por su piel morena, y ha facilitado y armado su departamento para que sea utilizado con crueldad e incluso para la muerte”.
La senadora Pérez consideró que, por esos crímenes, Noem debe ser investigada, procesada y encarcelada.
Al asesinato de Silverio Villegas se le sumaron las muertes del indocumentado Jesús Molina Veya, de 45 años, quien fue declarado muerto el 7 de junio, después que autoridades del Centro de Detención Stewart en Georgia lo hallaron colgado de una litera.
También en mayo, ICE reportó el fallecimiento de Abelardo Avellaneda Delgado, un mexicano en situación irregular migratoria. El hombre de 68 años murió cuando era trasladado al Centro de Detención Stewart, en Georgia, en condiciones que todavía no se han aclarado.
A la lista de muertes se suman Ismael Ayala Uribe, en California; Lorenzo Antonio Batrez Vargas, en Arizona; Oscar Duarte Rascón, también en Arizona, así como José Manuel Sánchez Castro, quien falleció en el estado de Washington.
El 14 de enero Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, murió en el Centro de Detención Robert A Deyton, en Lovejoy, Georgia.
Y, el 27 de febrero, en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California murieron Alberto Gutiérrez Reyes, migrante mexicano de 48 años y originario de Veracruz, y días después, el haitiano Emmanuel Lamas. El hombre de 56 años era solicitante de asilo.
“Esta Administración [de Donald Trump] es fascista contra todas las personas de color, hombres, mujeres, inmigrantes, ciudadanos. No les importa nada ni nadie”, opinó
Shakeel Syed, director ejecutivo de South Asian Network (SAN). “Y es nuestro deber como ciudadanos estadounidenses luchar contra este racismo, contra este fascismo en este país, particularmente contra esta administración”.
Añadió que Kristi Noem “debería estar en la cárcel”.
“No debería ser despedida sin más. Me temo que sé que la va a nombrar para otro cargo. Ya ha dicho que quiere nombrarla enviada especial al hemisferio occidental, es decir, a los países latinos”.
Sayed, un fuerte defensor de la comunidad del sudeste asiático criticó que lo peor que hizo la exsecretaria del DHS fue despojar de la humanidad a personas en Estados Unidos.
“La gente blanca está bien, pero no la gente negra, morena y amarilla no. Eso es lo peor que le puede hacer a alguien, pero no en un país como el que vivimos, donde todos los seres humanos tienen la misma dignidad, honor y deben ser respetados”.