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EE.UU. retira licencias a camioneros inmigrantes y golpea al sector

Miles de camioneros inmigrantes perderán su licencia en EE.UU., lo que provocará un impacto en los precios

La mayoría de los conductores en los puertos de LA y Long  Beach son latinos.

La mayoría de los conductores en los puertos de LA y Long Beach son latinos. Crédito: Jorge Luis Macíaas | Impremedia

La nueva medida del presidente Donald Trump ya es una realidad y empieza a sentirse en las carreteras de Estados Unidos. A partir de este lunes, miles de camioneros inmigrantes comenzarán a perder sus licencias de conducir comerciales conforme estas venzan, lo que podría sacudir a una industria clave para la economía del país.

La norma, impulsada por el Departamento de Transporte, prohíbe que solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA obtengan o renueven este tipo de licencias, incluso si cuentan con permiso para trabajar. No es un golpe inmediato, pero sí progresivo: a medida que expiren los permisos actuales, los conductores quedarán fuera del sistema.

Se estima que alrededor de 200 mil inmigrantes están en esta situación. Puede parecer un porcentaje pequeño —alrededor del 5% del total de licencias comerciales—, pero en un sector donde ya faltan manos, cada conductor cuenta. Y mucho.

Un cambio que pega directo en la carretera

El transporte por carretera mueve más del 70% de las mercancías dentro de Estados Unidos: desde alimentos hasta materiales peligrosos. Es una industria dura, con jornadas largas, sueldos que no siempre compensan y semanas enteras lejos de casa. En ese contexto, muchos estadounidenses han ido dejando estos trabajos, mientras que los inmigrantes han ocupado ese espacio.

Ahora, con esta nueva restricción, el equilibrio se tambalea. Menos conductores disponibles puede significar entregas más lentas, costos más altos para las empresas y, al final, precios más elevados para los consumidores.

Desde el gobierno, la defensa de la medida es clara. El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, ha insistido en que se trata de una cuestión de seguridad. Según su argumento, durante años se permitió que conductores extranjeros aprovecharan vacíos en el sistema, lo que —dice— ha derivado en riesgos en las carreteras.

Pero del otro lado, las críticas no han tardado. Organizaciones civiles y expertos legales aseguran que no hay pruebas sólidas de que los camioneros inmigrantes provoquen más accidentes. Para ellos, la medida apunta más a una política migratoria dura que a un problema real de seguridad.

Mientras el debate sigue, las historias personales empiezan a pesar. Para muchos conductores, esto no es solo un cambio legal, sino el fin de su sustento. Algunos invirtieron años —y miles de dólares— en construir pequeños negocios de transporte que ahora quedan en el aire.

En Washington, la presión no se detiene. Ya hay propuestas en el Congreso para endurecer aún más las reglas, lo que anticipa que este tema seguirá creciendo.

Por ahora, lo único claro es que la decisión ya está en marcha. Y sus efectos, tanto en la economía como en la vida de miles de familias, apenas comienzan a sentirse.

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