Supervisoras de L.A. dan a inquilinos dos meses para proceder con desalojo

Los inquilinos de las áreas no incorporadas del Condado de Los Ángeles tendrán derecho de atrasarse en el pago de la renta de su departamento o vivienda hasta por dos meses, antes de que el casero inicie un proceso formal de desalojo.

Para la mayoría de las supervisoras se trata de un triunfo para proteger que las familias se queden en la calle sin un techo, pero los defensores de los inquilinos, quisieran una ordenanza más fuerte que abarca todo el condado y no solo las áreas incorporadas.

“En esas áreas solo tenemos al 10% de la población, mientras que las personas más afectadas por las redadas, el 90% están en las ciudades del condado. Disponer de un espacio de dos meses antes de que las echaran, les daría tiempo para solicitar asistencia o pedir un préstamo para pagar la renta”, dijo Lupita Limón, organizadora de Los Angeles Tenants Union.

“Esta ampliación es un buen paso, pero necesitamos que las supervisoras aprueben una ordenanza más amplia. No sé por qué no lo hacen”, dijo.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una ordenanza que establece que el requisito para proceder con un desalojo, deben ser de dos meses de alquiler no pagado, en lugar de un mes.

“Este es un aumento modesto, pero necesario. Con este mes adicional, espero que podamos dar a los inquilinos un respiro, sin cargar todo el peso sobre los propietarios, quienes también dependen de los ingresos del alquiler para pagar sus propias facturas”, dijo la supervisora Janice Hahn, quien junto con la supervisora Hilda Solís presentaron la ordenanza en febrero, y la cual recibió un voto final aprobatorio esta semana.

En 2022, el Condado de Los Ángeles promulgó la Ordenanza Protección de Alquileres e Inquilinos con el fin de estabilizar la vivienda, prevenir el desplazamiento y reducir el riesgo de falta de vivienda entre los inquilinos de las áreas no incorporadas, particularmente durante períodos de inestabilidad económica, emergencias públicas e inseguridad habitacional.

Según las nuevas normas, que entrarán en vigor dentro de 30 días, los propietarios no podrán iniciar procesos de desalojo hasta que el inquilino adeude al menos dos meses de alquiler, calculados según los valores justos de mercado, actualmente de $2,085 para un departamento de un dormitorio y $2,601 para una de dos.

“Ante las acciones federales inhumanas y las continuas amenazas contra las familias inmigrantes, el Condado ha adoptado medidas concretas para proteger a los inquilinos. No se trata de gestos simbólicos, sino de acciones reales que satisfacen las necesidades de los afectados”, dijo Hilda Solís, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

“Elevar el umbral a dos meses brinda una protección importante contra el desalojo, al tiempo que reconoce que muchos inquilinos aún deberán pagar a sus propietarios los alquileres adeudados”, agregó la supervisora por el distrito 1.

Sostuvo que estas medidas garantizan que los inquilinos cuenten con protecciones reales e inmediatas, mientras el Condado continúa utilizando todas las herramientas disponibles para ayudar a las familias a permanecer en sus hogares.

Para esta enmieda, Hahn y Solís citaron el impacto devastador de las recientes acciones federales de inmigración en todo el condado de Los Ángeles, y el que algunas comunidades estén experimentado una marcada disminución de la actividad económica, además de que las familias han perdido a sus principales proveedores y las empresas clientes y empleados.

La ordenanza se aplica a las áreas no incorporadas que se encuentran bajo la jurisdicción directa del condado de Los Ángeles y que, en conjunto, albergan a aproximadamente un millón de residentes.

“Si bien hoy estamos tomando medidas en las comunidades bajo nuestra jurisdicción, cada ciudad del condado de Los Ángeles puede implementar sus propias ordenanzas de protección a los inquilinos, y las llamó a seguir el ejemplo del condado”, dijo la supervisora Hahn.

La supervisora ​​Kathryn Barger emitió el único voto en contra bajo el argumento de que afecta  a los pequeños propietarios que dependen de los ingresos de alquiler para su jubilación y el pago de sus hipotecas, lo cual es muy serio en un contexto de aumento de los costos de los seguros y de inflación.

Cabe decir que el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles abogó no por dos meses sino por tres meses de adeudo en el alquiler para las ciudades no incorporadas.

Si usted es inquilino en una zona no incorporada del condado de Los Ángeles, verifique si califica a través del mapa de distritos del condado”.

Esta ordenanza modificada, al igual que otras medidas de protección a los inquilinos del Condado, será aplicada por el Departamento de Asuntos del Consumidor y Empresariales (DCBA) del Condado, a través de su oficina de Vivienda y Protección a los Inquilinos. 

El DCBA investiga las quejas recibidas de los inquilinos y también puede iniciar investigaciones proactivas. 

Asimismo, se exige a los propietarios que proporcionen al DCBA copias de cualquier Aviso de Terminación entregado a los inquilinos, así como el comprobante de dicha notificación. Al recibir estos Avisos de Terminación, el personal del DCBA los revisa para asegurar que se cumplan los requisitos de la Renta de Mercado Justa.