Orden de Trump para recortar fondos a los medios públicos NPR y PBS es inconstitucional, dictamina juez federal
A pesar de que el tribunal bloqueó de forma permanente la implementación de la orden ejecutiva, el propio juez reconoció que el fallo tendrá un alcance limitado
La administración Trump ha mantenido una retórica hostil hacia NPR y PBS, calificándolos frecuentemente como "instrumentos de la izquierda radical". Crédito: Katie Oyan | AP
En una decisión que refuerza los límites del poder ejecutivo frente a la libertad de prensa, un juez federal dictaminó que la orden del presidente Donald Trump para eliminar el financiamiento de la Radio Pública Nacional (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS) es inconstitucional al considerar que la medida vulnera la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
El fallo representa un revés jurídico significativo para la administración en su ofensiva contra los medios de comunicación que considera adversos. El fallo, emitido por el juez Randolph Moss, concluye que la directiva presidencial constituye una forma de “discriminación por punto de vista”, al dirigirse específicamente contra dos medios de comunicación por su línea editorial.
En su resolución, el magistrado subrayó que el gobierno no puede utilizar su poder, incluido el presupuestario, para castigar a organizaciones por contenidos informativos que considera desfavorables. La orden ejecutiva, firmada en mayo del año pasado, instruía a las agencias federales a retirar fondos a ambas cadenas públicas y a negarles cualquier financiamiento futuro.
Para el tribunal, esta disposición “sobrepasa una línea constitucional” al intentar influir o penalizar el ejercicio periodístico.
Juez señala represalia por contenido editorial
En su decisión, Moss sostuvo que la medida no establecía criterios neutrales aplicables a todos los beneficiarios de fondos federales, sino que apuntaba directamente a NPR y PBS debido a críticas del mandatario sobre su cobertura, a la que ha calificado en múltiples ocasiones como “izquierdista”.
“El mensaje es claro: no necesitan solicitar recursos federales porque el presidente desaprueba su contenido”, escribió el juez, quien fue nombrado por el expresidente Barack Obama.
El fallo también rechaza los argumentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que defendía la facultad del Ejecutivo para decidir la asignación de fondos públicos. Según Moss, aunque el presidente puede expresar desacuerdo con los medios, no puede usar el aparato gubernamental para excluirlos de programas de financiamiento por razones ideológicas.
La decisión se produce en un contexto de tensiones entre la Casa Blanca y medios públicos, a los que Trump y sus aliados han acusado de sesgo político. Como parte de esa estrategia, la administración impulsó recortes presupuestarios significativos a la Corporación para la Radiodifusión Pública, organismo encargado de distribuir recursos a estaciones públicas en todo el país.
Impacto limitado tras recortes del Congreso
A pesar de que el tribunal bloqueó de forma permanente la implementación de la orden ejecutiva, el propio juez reconoció que el fallo tendrá un alcance limitado. Esto se debe a que el Congreso ya había aprobado la reducción de aproximadamente mil millones de dólares en fondos para la CPB, lo que debilitó la estructura de financiamiento de los medios públicos.
Como consecuencia, la corporación inició su proceso de disolución a principios de este año, poniendo fin a décadas de operación como principal canal de apoyo financiero para estaciones de radio y televisión pública.
La reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar. La portavoz Abigail Jackson calificó la decisión como “ridícula” y adelantó que la administración podría apelar el fallo. “NPR y PBS no tienen derecho a recibir fondos de los contribuyentes”, afirmó.
Katherine Maher, directora ejecutiva de NPR, señaló que el dictamen representa una victoria para la prensa libre e independiente, al reafirmar que el gobierno no puede utilizar el financiamiento como mecanismo de presión.
PBS, por su parte, consideró que la orden ejecutiva constituía una represalia inconstitucional basada en opiniones, incompatible con los principios democráticos.
El fallo se suma a recientes decisiones judiciales que han frenado acciones del gobierno contra medios financiados con recursos públicos, en medio de un debate más amplio sobre los límites del poder presidencial y la protección constitucional de la libertad de expresión en Estados Unidos.
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