Editorial: El amanecer de un nuevo Jim Crow

En estas páginas hemos denunciado los excesos de la presente administración federal contra la comunidad latina en Estados Unidos. Pero es justo reconocer que el gobierno de Donald Trump se ensaña implacablemente y en especial contra la comunidad afroamericana. La ataca desde diferentes ángulos, con saña, inventiva y crueldad. 

Disminuye su presencia en las filas de los funcionarios electos, de las fuerzas armadas, de la academia y con especial ahínco, de la memoria histórica del país. 

Así, la administración ha abandonado la aplicación de los derechos civiles en nombre de grupos históricamente marginados, derechos que lograron aumentar el porcentaje de votantes de esos grupos. Este gobierno clasifica hoy esos derechos de “discriminatorios”, pero contra los blancos.

Unos 24 generales y altos oficiales fueron destituidos u obligados a renunciar; el 60% de ellos son afroamericanos y al menos dos son mujeres.

De los 39 países cuyos residentes tienen prohibida la entrada al país 26 son africanos, además de Haití. 

Paralelamente arrecia el desmantelamiento de programas de Diversidad, Equidad e Inclusión  (DEI), que luchan contra el racismo y la segregación, en universidades, instituciones y empresas privadas o públicas. Esto implicó despidos masivos en agencias del gobierno y retiro de financiamiento federal o subvenciones. El mes pasado Trump emitió una nueva orden ejecutiva contra los contratistas federales que podrían estar ocultando programas DEI en curso. 

Además, resalta el desprecio y el odio que emana de la Casa Blanca. Trump ha llamado a partir de 2018 a países de mayoría africana o negra con un epíteto irrepetible, usando otros términos despectivos después de ello. En marzo, compartió en su red social un video donde el expresidente Barack Obama y su esposa eran caricaturizados como simios. 

Pero especialmente subleva la noción de que el gobierno federal ya no prohíbe explícitamente a los contratistas tener restaurantes, salas de espera y fuentes de agua potable segregadas.

Aunque parezca increíble, es cierto. Se incluye en un documento firmado por William Clark, director de la Oficina de Política Gubernamental de Adquisiciones, en nombre del Presidente. 

Estas órdenes ejecutivas y memorandos nos acercan a los días de las leyes de Jim Crow, cuando los esclavos recién liberados en virtud de la victoria del Norte en la Guerra Civil enfrentaban un sinfín de leyes discriminatorias de estados del Sur. 

El lenguaje que utilizan es cínicamente antiracista, anti discriminatorio, cuando se refieren a acciones contra los blancos, contra sí mismos, como víctimas. Este gobierno se considera baluarte de la raza blanca, que tiene una ideología superior y que por demás, considerando las leyes de derechos civiles de las últimas décadas, merece la protección del gobierno. 

De ahí el renacimiento de la falsa afirmación de que la Guerra Civil no se libró en torno al tema de la esclavitud, sino la autonomía de los estados. 

Así se puede entender mejor el febril afán de los gobiernos bajo control republicano en enmendar los distritos electorales, tal como se los ha permitido la decisión del 29 de abril de la Suprema Corte en Luisiana vs Callais. 

El fallo permite a los estados ignorar la raza al elaborar los mapas, tal como lo exigía la Sección 2 de la Ley de Derechos Civiles reinterpretada por el alto tribunal, y permite a los estados cancelar los distritos de mayoría afroamericana, lo que están haciendo en este mismo momento. 

Se calcula que los afroamericanos, que tradicionalmente votan demócrata, perderán entre 15 y 19 escaños en el Congreso, suficiente para conservar el control republicano. 

El gobernador de Luisiana suspendió las elecciones primarias que ya habían comenzado para modificar el mapa electoral y sustraer un escaño de los dos en manos de afroamericanos. 

El número de afroamericanos en el Congreso desde el fin de la Guerra Civil en 1869 hasta 1965, con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles era cero o casi cero. Pero creció a partir de aquel entonces y actualmente está en 63, un 14% del total, correspondiente a su proporción en el total de la población, según el Censo. Los afroamericanos también constituyen hoy el 11% de todos los legisladores estatales, un récord que refleja su hasta ahora creciente participación en el servicio público y su entusiasmo a la hora de votar. 

Se requirieron décadas de luchas para que la comunidad afroamericana sea reconocida. Los latinos se inspiraron en esas luchas. En pos de las costosas victorias de los afroamericanos se organizaron los latinos para sus propias victorias. Y comprendemos que hoy, un ataque contra la comunidad afroamericana es también un ataque contra los latinos.