Republicanos desafían a Trump y mantienen programas para prevenir sobredosis por opioides
Trump firmó en julio una orden ejecutiva para reducir el financiamiento federal destinado a programas de prevención
Previo al anunció de Trump, se registró una disminución sostenida de las muertes por sobredosis tras el récord alcanzado durante la pandemia. Crédito: Jae C. Hong | AP
Mientras la administración de Donald Trump endurece su política contra las estrategias de reducción de daños asociadas al consumo de drogas, varios estados gobernados por republicanos han comenzado a recorrer un camino distinto: reforzar con recursos propios programas destinados a prevenir sobredosis y contener la crisis de opioides que durante años golpeó con fuerza a sus comunidades.
El desacuerdo quedó en evidencia después de que Trump firmara en julio una orden ejecutiva para reducir el financiamiento federal destinado a programas de intercambio de jeringas, pruebas de detección de sustancias adulteradas y otras iniciativas de reducción de daños. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) restringió previamente el uso de fondos federales para adquirir tiras reactivas que detectan fentanilo y xilazina, una mezcla cada vez más presente en el mercado ilegal de drogas.
Sin embargo, gobiernos estatales encabezados por republicanos sostienen que estas herramientas han contribuido a disminuir las muertes por sobredosis y consideran un error retirar su apoyo.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis promulgó una ley que legaliza las tiras reactivas para detectar xilazina en sustancias ilícitas. La impulsora de la iniciativa, la legisladora republicana Michelle Salzman, defendió la medida al afirmar: “Una sola tira reactiva de xilazina no va a ser el fin ni el principio de la adicción a las drogas o la muerte de una persona”.
También sostuvo que el objetivo no es incentivar el consumo, sino salvar vidas: “Un error no debería equivaler a una vida. La idea es que no estamos brindando oportunidades para que la gente consuma drogas, simplemente estamos tratando de salvar vidas”, declaró.
En Ohio, el gobernador republicano Mike DeWine amplió el acceso a tiras reactivas y kits de detección de fentanilo y xilazina mediante una orden ejecutiva. Tras anunciarla, aseguró: “Se ha demostrado que elementos como las tiras reactivas reducen el riesgo de sobredosis, y estos elementos son importantes en la estrategia general de Ohio para disminuir las muertes por sobredosis”.
Kentucky también reforzó su estrategia. El fiscal general Russell Coleman anunció la distribución de 34 millones de dólares, provenientes de acuerdos judiciales con fabricantes y distribuidores de opioides, para financiar a más de un centenar de organizaciones dedicadas al tratamiento de adicciones, incluidas aquellas que trabajan con programas de reducción de daños.
En Indiana, la legislatura republicana extendió hasta 2031 el programa estatal de intercambio de jeringas. El representante Ed Clere, impulsor de la medida desde el brote de VIH registrado en 2015, defendió la política pese a la oposición dentro de su propio partido. “Ha sido la batalla política más difícil y costosa que he librado en mis 18 años en la Cámara de Representantes, pero lo volvería a hacer. Ha evitado innumerables casos de infección y salvado incontables vidas”, afirmó.
Incluso la Cámara de Delegados de Virginia Occidental, dominada por republicanos, rechazó por segundo año consecutivo una propuesta para eliminar su programa estatal de intercambio de jeringas.
La posición de estos estados contrasta con la visión del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha cuestionado abiertamente la eficacia de la reducción de daños. “La reducción de daños no funciona”, afirmó recientemente al defender un modelo centrado en programas de recuperación espiritual, grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos y tratamientos con metadona o buprenorfina.
El debate ocurre mientras Estados Unidos registra una disminución sostenida de las muertes por sobredosis tras el récord alcanzado durante la pandemia. Datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman cerca de 70,000 fallecimientos en 2025, tercer descenso anual consecutivo, después del máximo superior a 100,000 muertes registrado en los años más críticos de la epidemia.
