La Opinión Hoy: Sheinbaum alegó que EE.UU. no ha enviado la información para detención de Rocha Moya
Según las autoridades mexicanas, Estados Unidos no ha enviado la información requerida para la detención del gobernador con licencia del estado de Sinaloa.
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Crédito: Claudia Rosel, File | AP
El gobierno de Estados Unidos no ha enviado todavía a México la información que según las autoridades mexicanas es necesaria para avanzar en una eventual detención con fines de extradición del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, así lo confirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
“No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información”, dijo Claudia Sheinbaum.
El caso ha generado atención entre ambos gobiernos después de que autoridades estadounidenses señalaran presuntos vínculos de Rocha Moya con integrantes del cártel de Sinaloa.
Sheinbaum fue cuestionada también sobre por qué Rocha Moya no ha regresado al gobierno estatal ante la ausencia de nuevas pruebas proporcionadas por Estados Unidos. La presidenta simplemente se limitó a señalar que esa decisión corresponde al propio gobernador con licencia,
“No. Pues es una decisión de él, de mientras siga este proceso, pues mantenerse eh así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto”, dijo, “No quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa, ni mucho menos. Prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación”.
El caso también ha provocado críticas, desde luego, de sectores de la oposición en México que han acusado al gobierno federal de proteger al mandatario sinaloa mexicano sostiene que cualquier procedimiento de detención o extradición debe contar con sustento jurídico.
La batalla por blindar la ciudadanía por nacimiento crece ante los nuevos ataques de Trump
La disputa por la ciudadanía por nacimiento no terminó con el fallo de la Corte Suprema. Ahora, los grupos legales que consiguieron una victoria clave frente a Donald Trump regresaron a los tribunales para pedir que los bebés protegidos por su demanda colectiva no queden expuestos a los nuevos ataques de la administración.
La batalla tiene como escenario el Tribunal Federal de New Hampshire, donde las organizaciones presentaron una nueva moción para dejar claro que las protecciones obtenidas en el litigio continúan vigentes pese a la nueva orden ejecutiva impulsada por Donald Trump.
De acuerdo con ACLU, organización que encabeza parte de la representación legal, el movimiento busca evitar que el gobierno encuentre una vía para aplicar nuevamente restricciones a la ciudadanía de niños nacidos en territorio estadounidense.
El antecedente es el caso Trump versus Bárbara, en el que la Corte Suprema otorgó el 30 de junio una victoria a los grupos de derechos civiles que cuestionaron la orden ejecutiva con la que Trump pretendía limitar la ciudadanía estadounidense de determinados bebés.
Los abogados sostienen que el máximo tribunal fue contundente al reconocer que la departa enmienda protege la ciudadanía de quienes nacen en Estados Unidos salvo las excepciones históricas reconocidas por la propia jurisprudencia.
En la moción presentada en New Hampshire, los grupos legales argumentaron que la decisión de la Corte Suprema dejó claro que esas protecciones no pueden modificarse mediante una orden presidencial. Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, el nuevo movimiento de Trump representa un intento de volver a poner a prueba los límites del poder presidencial.
Cody Wofsy, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU y abogado principal del caso, fue directo, “ya es hora de que cesen estos ataques ilegales y crueles contra la ciudadanía de los niños”.
El Asian Law Caucus también cuestionó la nueva ofensiva. Su directora ejecutiva Aarti Kohli, sostuvo que la administración está intentando ampliar mediante una orden ejecutiva las excepciones la 14.ª enmienda. Mientras tanto, los grupos demandantes buscan que el Tribunal Federal confirme que los bebés incluidos en la demanda continúan protegidos. Los abogados que ya obtuvieron el respaldo de la Corte Suprema sostienen que la respuesta quedó establecida en la Constitución y que ahora corresponde a los tribunales hacerla cumplir.
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