“Disculpen el olor”: residentes de Boyle Heights se sienten ignorados
Familias insisten en su exigencia de cierre definitivo de Lineage, empresa que busca posponer la fecha límite para completar la limpieza
Vecinos de Boyle Heights y organizaciones protestaron por enésima ocasión al retrasarse la limpieza en la zona del incendio de Lineage y enredarse la burocracia. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia
Decenas de residentes de Boyle Heights insisten en su lucha para que sea definitivo el cierre del almacén de la compañía Lineage, aunque su futuro dependerá de si el Departamento de Transportación de Los Ángeles y las autoridades municipales aprueban el permiso de reconstrucción tras el incendio del 17 de junio.
“¡Que se vayan! ¡Que se vayan!”. “¡Lineage fuera! ¡Lineage fuera!”, repitieron este lunes los airados residentes; familias completas, jóvenes, personas mayores y niños, quienes sugirieron que el terreno de aproximadamente 500,000 pies cuadrados se convierta en un parque público.
Molestos por ser ignorados ante la crisis de salud pública que viven desde hace dos meses, también lanzaron dardos contra la doctora Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado de Los Ángeles, con mensajes como: “Barbara Ferrer: nuestra salud también importa” o “Barbara Ferrer, ¿cuándo vas a atender nuestra salud, en especial niños y ancianitos?”.
“Fallamos”, fue la admisión de culpabilidad de Ferrer el 9 de julio debido a la lenta respuesta de las autoridades de salud, tres semanas después del enorme incendio.

Se quejan de que el olor es cada vez peor
“Disculpen el olor, pero yo no lo provoqué, así que lamento la situación”, dijo con ironía María Jáuregui, miembro de Eastside Padres contra la Contaminación, una organización comunitaria de base que defiende la educación pública.
La maestra recién jubilada de la escuela East Philadelphia, situada a menos de una milla de Lineage, manifestó que las condiciones de salubridad en las inmediaciones del almacén han empeorado.
“Vivo a tres casas de donde vive mi padre, de 93 años, y puedo asegurar que el olor es cada vez peor. Seguimos lidiando con un hedor constante, el uso de aerosoles desodorizantes las 24 horas del día y cientos de camiones diésel que aumentan la contaminación que ya afecta a nuestra comunidad”, agregó.
Alterada la calidad de vida de miles de residentes en Boyle Heights, las familias se reunieron otra vez para manifestar públicamente sus preocupaciones continuas sobre la proliferación de ratas y moscas, los efectos persistentes en la salud y las dificultades económicas, incluidas facturas de electricidad más elevadas.
“Lineage se ha convertido en una fuente de daño ambiental continuo y en una amenaza para el bienestar de los residentes del Este de Los Ángeles y Boyle Heights”, señaló Jáuregui. “Desde el inicio de este desastre ambiental, ha faltado transparencia. La comunidad aún no sabe si estuvimos expuestos al amoníaco ni cuál fue el impacto tóxico total de lo liberado”.
Los manifestantes clamaron por una investigación ambiental independiente y transparente, así como por la entrega del informe completo del jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jaime E. Moore, ya que recordaron que el humo negro del incendio se propagó por la comunidad durante ocho días sin que se ordenara una evacuación.
“Merecemos transparencia y que se asuman responsabilidades”, subrayó la maestra Jáuregui.
La compañía Lineage ha presentado una solicitud de permisos para reconstruir, a lo cual se opone la comunidad entera. De hecho, intentan conservar la mayor parte posible del edificio.
“Si eso significa que los residentes deben soportar el hedor y los efectos continuos durante más tiempo, es algo inaceptable”, precisó la activista, al tiempo que las demás personas exigían una limpieza exhaustiva de toda la carne en descomposición y de los compuestos tóxicos, así como la implementación de medidas inmediatas de mitigación en el terreno.
La orden ejecutiva de emergencia de la alcaldesa Karen Bass suspende momentáneamente la solicitud de reconstrucción de Lineage, aunque se trata solo de una pausa.

Acción por la vía civil y jurídica
“En todo momento, Lineage ha incumplido su responsabilidad con esta comunidad”, dijo la alcaldesa Bass. “He pedido a los abogados de la ciudad que inicien acciones legales por la vía civil y exploren todas las opciones jurídicas para recuperar los costos e imponer sanciones, así como para establecer un gravamen sobre la propiedad si no pagan. Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para proteger a Boyle Heights y exigir las respuestas y la rendición de cuentas que esta comunidad merece”.
La fecha límite para retirar todos los residuos alimentarios era el 14 de agosto. Lineage y sus contratistas informaron que comenzaron a retirar los restos de alimentos de la propiedad antes del 29 de junio. La empresa no había cuestionado dicha fecha; de hecho, había comunicado en repetidas ocasiones que terminaría de retirar todos los residuos alimentarios para la semana del 15 de agosto.
Sin embargo, el 13 de agosto Lineage “aclaró” que el plazo de 45 días para la limpieza comenzó el 7 de julio, día en que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles finalizó su guardia de vigilancia de 24 horas en el lugar, tras lo cual los constantes rebrotes de fuego volvieron inseguro el acceso.
“Esa fecha consta en los informes que hemos presentado a la ciudad y es la fecha de inicio reconocida por el South Coast AQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur), dijo la empresa en un comunicado, donde informó que se había retirado el 93% de los residuos alimentarios a granel del sitio.
Lineage tenía previsto finalizar la retirada de todos los en descomposición para el 20 de agosto, mientras que la desinfección y limpieza detallada se contemplarían para el 27, cumpliendo así con las órdenes del AQMD.

¿Y la mitigación en casas?
Aunque la limpieza está a punto de concluir en el terreno de Lineage, ninguna casa de Boyle Heights ha sido inspeccionada por la empresa.
“Nadie ha venido a realizar labores de limpieza y mitigación en ninguna casa”, se quejó Jasmín García, miembro de Padres contra la Privatización, quien señaló que “definitivamente” no hay ninguna garantía por parte de la concejal Ysabel Jurado (Distrito 14 de Los Ángeles) ni de la alcaldesa Bass para asegurar que el permiso de operatividad se le negará a Lineage.
“Esta semana tuvimos una junta con Ysabel Jurado; se molestó porque dijo que habíamos sido muy agresivas”, comentó Eloisa Galindo, una activista del Este de Los Ángeles. “Ella se paró de la silla y se fue; nos dejó con el personal de su oficina, pero nunca se comprometió a decir al 100% que se opondrá a que se le otorgue el permiso a Lineage”.
El incendio y sus consecuencias también llevaron a legisladores estatales a anunciar esta semana una propuesta de ley para aumentar las sanciones e imponer requisitos adicionales a las instalaciones de almacenamiento en frío.
Legislación busca prevenir desastres
El asambleísta Mark González busca exigir fondos de contingencia para las nuevas instalaciones de almacenamiento en frío en la ciudad y el condado de Los Ángeles, mientras que la senadora María Elena Durazo propone aumentar las multas por infracciones de salud pública en dichas instalaciones mediante la iniciativa de ley AB 817.
“Esta legislación busca sanar una herida, una que tomará tiempo reparar”, dijo el asambleísta González. “Porque esto no fue solo un ataque a nuestra salud; fue una afrenta a la confianza que depositaron en nosotros. No podemos predecir cuándo ocurrirá otro desastre -o si ocurrirá-, pero sí podemos asegurarnos de planificar y prepararnos financieramente para apoyar a nuestra comunidad”.
La ley AB 817 garantizará que Lineage no pueda reconstruir sus instalaciones sin rendir cuentas a la comunidad local. Específicamente, este proyecto de leyimpedirá que la ciudad y el condado otorguen nuevos permisos de construcción para instalaciones de almacenamiento en frío como las de Lineage, a menos que estas mantengan un fondo de contingencia accesible en caso de emergencia.
Este fondo garantizará la disponibilidad de recursos sustanciales para la asistencia alimentaria y de vivienda, el monitoreo de la calidad del aire, la limpieza ambiental y la remediación de cualquier material peligroso.
Garantizará que cualquier indemnización que los residentes reciban por este incidente quede exenta de impuestos. Ese dinero no constituye ingresos; es una compensación por el sufrimiento padecido.