Informe revela que al menos 58 fosas clandestinas en México se vinculan con feminicidios
De acuerdo con la investigación titulada "Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza", en estos entierros ilegales se ubicaron los restos de 92 mujeres
Del 60% de los inmuebles privados, un 38.2% corresponden a propiedades de la víctima o del perpetrador o de una propiedad que compartían juntos", detalló Mariana Marchand, investigadora de la UIA. Crédito: Mario Guzmán | EFE
Al menos 58 fosas clandestinas vinculadas con feminicidios fueron documentadas en México entre enero de 2020 y septiembre de 2024, con un total de 92 mujeres localizadas en esos sitios, según el informe Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza, presentado este jueves en Ciudad de México.
El estudio advierte sobre una vertiente poco documentada de la crisis de desapariciones y violencia contra las mujeres en México: los casos en los que las víctimas fueron encontradas en fosas clandestinas y que presentan características compatibles con feminicidio.
El informe señala que seis de cada 10 de estas fosas fueron encontradas en inmuebles privados, un dato que, de acuerdo con las investigadoras, plantea nuevos retos para las familias que participan en labores de búsqueda y para las autoridades encargadas de investigar los casos. La mayor cantidad de hallazgos vinculados con feminicidios ocurrió en 2024, con 22 fosas documentadas hasta septiembre. Le siguieron 2022, con 13; 2023, con 10; 2020, con siete, y 2021, con seis.
Para establecer el posible vínculo con feminicidios, las investigadoras compararon las características de los casos reportados por medios de comunicación con las razones de género contempladas en el Código Penal Federal.
Inmuebles privados concentran la mayoría de los hallazgos
El estudio encontró que 60.7% de las fosas vinculadas con feminicidios se ubicaba en inmuebles privados. Otro 14.3% fue localizado en predios, mientras que el resto correspondió a sitios como caminos, cerros, barrancas, pozos y cuerpos de agua. Mariana Marchand, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA), explicó que 38.2% de los inmuebles privados identificados correspondía a propiedades de la víctima, del presunto perpetrador o a espacios que ambos compartían.
La investigadora consideró este dato “especialmente revelador” porque puede ayudar a entender por qué algunos casos de mujeres desaparecidas permanecen sin esclarecerse. “¿Cuántas mujeres hay, con lo que determinamos, enterradas en inmuebles privados que no sabemos (dónde están)?”, planteó Marchand, quien señaló que podrían existir víctimas que todavía no han sido localizadas debido a las dificultades para realizar búsquedas y cateos en propiedades privadas.
La especialista también destacó que las fosas relacionadas con feminicidios presentan una característica “atípica” frente a otros contextos de inhumación clandestina, debido a que en muchos casos es posible identificar a las víctimas y reconstruir las circunstancias de su desaparición y asesinato. Alrededor de 70% de los casos analizados fueron reconocidos oficialmente como feminicidios. Sin embargo, Marchand señaló que no existen elementos suficientes para afirmar que los casos restantes correspondan necesariamente a intentos deliberados de ocultar ese delito.
Familias buscadoras enfrentan riesgos durante las investigaciones
El informe también dimensiona la magnitud de la crisis de fosas clandestinas en México. Entre 2006 y septiembre de 2024, las fiscalías documentaron al menos 5,152 fosas clandestinas y 5,718 cuerpos humanos. Durante ese mismo periodo, los medios de comunicación reportaron 3,516 fosas, 8,341 cuerpos y 52,305 restos humanos.
Andrea Horcasitas, otra de las investigadoras, explicó durante la presentación que, aunque las fiscalías registraron 46% más fosas que los medios, estos últimos documentaron 46% más cuerpos.
El estudio también señala que entre 2020 y 2024 fueron identificadas 355 mujeres y 1,151 hombres entre las víctimas asociadas con las fosas analizadas. Los datos se presentan en un contexto de crisis nacional por las desapariciones. El informe refiere más de 134,000 registros oficiales de personas desaparecidas y más de 83,000 restos humanos sin identificar bajo resguardo del Estado.
Para las familias que buscan a sus seres queridos, la falta de acceso a determinados terrenos representa uno de los principales obstáculos.
Olimpia Montoya Juárez, hermana buscadora de Guanajuato, advirtió que los colectivos continúan “haciendo la labor del Estado” al recorrer terrenos y predios en busca de personas desaparecidas. Las familias, señaló, realizan estas labores mientras enfrentan riesgos y un aumento de agresiones durante las búsquedas.
El informe plantea así la necesidad de considerar los hallazgos relacionados con inmuebles privados en las estrategias oficiales de investigación y búsqueda, especialmente en los casos de mujeres desaparecidas que podrían estar vinculados con violencia feminicida.
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