Editorial: No a la Proposición 44

Entre las propuestas electorales que los californianos votarán en los comicios que culminan el 3 de noviembre está la Proposición 44. La Opinión se opone a la misma y llama a sus lectores a votar en contra de ella.

Desde su primer párrafo, su premisa inicial es errónea. 

Dice al definirse, que la medida “Exige que las clínicas de salud comunitaria destinen el 90% de sus ingresos a servicios del programa”, dejando el restante 10% para costos administrativos “y otros gastos”. Asigna al Fiscal General del estado la tarea de determinar cuáles son los egresos que cualifican para ese remanente y a multar a las clínicas transgresoras que incumplan el requisito. 

En todo el estado operan aproximadamente 2,000 clínicas sin fines de lucro, que atienden a siete millones de pacientes cada año, entre ellos uno de cada tres tienen MediCal. 

Las clínicas que estarían en la red tendida por la proposición son las que reciben fondos federales para prestar servicios de prevención y atención primaria en zonas desatendidas y cuyo directorio está compuesta en al menos 51% por pacientes.

La Proposición 44 busca penalizar a las clínicas por gastos en personal y servicios de apoyo al paciente que son imprescindibles para su existencia y funcionamiento, pero que podrían quedar fuera de la definición estatal determinada por entidades oficiales que ignoran las necesidades de la comunidad. 

Si es aprobada esta proposición, estas instituciones privadas y sin fines de lucro, que durante décadas han labrado un lugar de honor en la ayuda médica a las comunidades pobres, inmigrantes y mayores y especialmente entre latinos, serán penalizadas por invertir sus fondos en personal y servicios de apoyo al cliente que estén fuera de la definición estatal arbitraria de “servicios del programa”. 

La Legislatura estatal estaría autorizada a destinar los fondos así recolectados a la capacitación, contratación y retención de personal clínico. Las multas serían aplicadas a gastos en dotación de personal, recaudación de fondos, programación, nómina, e incluso sobre “inversiones como proyectos de capital, nuevos equipos y actualizaciones tecnológicas, preparación ante desastres, o incluso para destinar ingresos a sus reservas presupuestarias”, según el presidente electo de la Academia de Médicos de Familia de California. 

Lo que presupone la proposición es que las clínicas comunitarias de California engañan y lucran con el sufrimiento de la gente, cuando la realidad es todo lo contrario. 

No menos falaz es la selección del Fiscal general como encargado de determinar cuáles gastos son aceptables, en vez de médicos, administradores clínicos o reguladores de salud pública. El texto autoriza acusaciones criminales a quienes presenten informes de gastos falsos. La idea es esa: tachar de corruptos – y potencialmente criminales – a quienes no lo son.  La proposición ignora que de por sí, las clínicas comunitarias ya están sujetas a la supervisión y regulación de leyes estatales y federales. Estaría entonces creando un segundo mecanismo burocrático innecesario y contraproducente que costará, según la oficina del Analista Legislativo de California (LAO), “en el bajo extremo de”  decenas de millones de dólares. 

Nuevamente, la propuesta deja implícita la impresión de entidades que lucran y se benefician con el sufrimiento ajeno y de los presupuestos que consiguen. Pero es importante destacar que ya en la actualidad,  según LAO, las aproximadamente 2,000 clínicas comunitarias destinan cerca del 80% de sus ingresos a servicios directos de atención médica, un porcentaje que obviamente varía según la clínica pero que es muy cercano al margen absoluto del 90% que pretende la propuesta. 

Si es aprobada, solo en su primer año, según un análisis del Berkeley Research Group (BRG), se llevaría 1,680 millones de dólares de los presupuestos de centenares de clínicas comunitarias, llevando inexorablemente a una reducción drástica de sus servicios o a su cierre. La Proposición 44 no les deja otra opción. 

Es triste que sea el sindicato SEIU-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW) el promotor de la medida. Más aún cuando la premisa en la que los proponentes basan toda la proposición está presentada sin evidencia y de manera generalizada, afirmando que “es necesaria porque demasiadas clínicas comunitarias destinan fondos a beneficios para ejecutivos y gastos administrativos generales”.

Los proponentes de la medida quizás piensen que sirve para amenazar los salarios de los directivos de las clínicas. En realidad amenaza la existencia de las mismas. 

Entendemos que en el pasado, y según la California Hospital Association, este sindicato utilizó iniciativas similares a nivel estatal o local como parte de su estrategia de negociación salarial, como herramientas de presión política frente a la patronal hospitalaria. 

Lo hizo en 2014 con la Charitable Hospital Executive Compensation Act y la Fair Healthcare Pricing Act, ambas retiradas de la boleta por un acuerdo con la Asociación de Hospitales de California ; en 2016 un árbitro declaró que su “Charitable Hospital Executive Compensation Act of 2016”  violaba un pacto de colaboración previo; en 2019 presentó a petición la ordenanza Public Health and Fair Pay for Hospital Executives en la ciudad de Los Ángeles, y la misma pero bajo el nombre de Limit Healthcare Executive Compensation in Los Angeles en 2023 . En ambos casos se retiró de la boleta. Finalmente, en junio de este año, retiró la Health Care Executive Compensation Act of 2026, luego de superar el millón de firmas, a instancias de una mediación de la Federación del Trabajo de California, después de que la organización de los hospitales avanzara una propuesta que hubiera asfixiado financieramente las campañas políticas de los sindicatos de salud. Ninguna de estas iniciativas ha prosperado, o entrado en vigor.

Quizás en el pasado esa táctica rindió resultados positivos al sindicato. Pero proponer una ley destructiva como lo es la Proposición 44 va más allá de una táctica de negociación, porque muestra como predatorios y corruptos no sólo a los ejecutivos de las clínicas, sino a toda esta institución en conjunto. 

La administración Trump ha estado propiciando recortes a los presupuestos de salud pública en los estados, a través de la mal llamada ley “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA) que recorta más de 900 mil millones de dólares de Medicaid (MediCal en California). Estos recortes, y los que el gobierno sigue propiciando, solo enfatizan el hecho de que la Proposición 44 es absurda e injusta. 

Vote NO a la Proposición 44.