Wilber Garcés, inmigrante venezolano herido por agente de ICE, seguirá bajo custodia en Texas

Wilber Rafael Garcés Pérez, un inmigrante venezolano de 28 años, seguirá bajo custodia federal después de que un juez de Texas rechazara dejarlo en libertad mientras avanza el caso en su contra por el enfrentamiento que terminó con el repartidor baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Austin.

Garcés Pérez llegó a la audiencia en silla de ruedas, con un brazo en cabestrillo y todavía con una bala alojada en la espalda. Sus abogados aseguran que el inmigrante continúa necesitando atención médica por las heridas que sufrió hace 10 días y cuestionan que permanezca detenido mientras sigue recuperándose del disparo.

El juez federal Dustin Howell decidió que el proceso puede continuar y rechazó concederle la libertad bajo fianza. El magistrado consideró que existe riesgo de fuga, entre otras razones porque Garcés Pérez tiene un hijo en Venezuela. Sus abogados, en cambio, califican los cargos como una represalia y aseguran que las pruebas presentadas por el gobierno no muestran de manera completa lo ocurrido durante el operativo.

El caso comenzó durante un operativo de inmigración

El enfrentamiento ocurrió el 20 de septiembre, cuando el inmigrante venezolano trabajaba como repartidor de DoorDash en Austin, Texas. Agentes federales detuvieron su automóvil y le pidieron que saliera del vehículo, pero Garcés Pérez respondió en español que quería estacionarlo primero para que un familiar pudiera recogerlo.

Las imágenes mostradas durante la audiencia muestran al repartidor venezolano entregando su licencia de conducir a través de una abertura de la ventanilla. Después, los agentes volvieron a pedirle que bajara del automóvil. Garcés Pérez insistió en que quería moverlo y estacionarlo antes de irse con ellos.

Tras un breve intercambio, el inmigrante arrancó y abandonó el lugar. La fiscalía sostiene que, cuando se marchó, el espejo del lado del conductor golpeó a uno de los agentes, un hecho que posteriormente fue incluido en la acusación federal contra Garcés Pérez.

La persecución terminó con el inmigrante herido de bala

Después de que Garcés Pérez se alejara, los agentes comenzaron a seguirlo y se produjo una persecución a alta velocidad por calles residenciales de Austin. La fiscalía presentó ante el juez un video de las cámaras de seguridad de un negocio cercano en el que se observa parte de la persecución.

Sin embargo, hay un punto que la defensa considera clave: el momento exacto del tiroteo no aparece en ese video. La grabación permite ver el recorrido de los vehículos, pero no muestra de manera completa qué ocurrió cuando el agente disparó contra el automóvil del repartidor.

Las autoridades sostienen que Garcés Pérez intentó atropellar a un agente con su vehículo al final de la persecución. Según esa versión, el funcionario respondió utilizando su arma y una bala alcanzó al inmigrante venezolano en la espalda.

Garcés Pérez cuenta una versión diferente. El repartidor declaró que una camioneta policial golpeó su automóvil, provocando que diera un trompo, y que después recibió el disparo.

El agente que disparó no tenía cámara corporal

Durante la audiencia también salieron a relucir dudas sobre la falta de una grabación completa del operativo. El agente de ICE que disparó contra Garcés Pérez no llevaba una cámara corporal en el momento del tiroteo.

Otro agente que participó en el operativo sí tenía una cámara, pero viajaba en un vehículo distinto. Según el testimonio presentado ante el tribunal, esa cámara fue apagada durante la persecución.

La defensa cuestionó por qué el agente que utilizó su arma no contaba con una cámara corporal y señaló que la falta de imágenes del momento clave dificulta establecer con precisión qué ocurrió antes del disparo.

La defensa rechaza la versión de los fiscales

Garcés Pérez enfrenta un cargo federal por agresión, resistencia y obstrucción a la autoridad. Si fuera declarado culpable, podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión.

La fiscalía sostiene que el repartidor golpeó a un agente con el espejo de su automóvil y posteriormente intentó utilizar el vehículo para escapar y poner en peligro a los funcionarios que lo perseguían.

Sus abogados rechazan esa versión y califican los cargos como una “represalia”. También argumentan que el material presentado por los fiscales no permite ver toda la secuencia de los hechos y que las imágenes disponibles no son suficientes para establecer con claridad cómo ocurrió el supuesto intento de atropello.

La defensa también cuestiona que el video presentado ante el juez no muestre el momento del tiroteo, precisamente la parte del operativo que terminó con Garcés Pérez herido y bajo custodia federal.

Un investigador no pudo confirmar un punto importante

Durante la audiencia declaró Rick Bazan, un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la división que realiza investigaciones relacionadas con delitos migratorios.

Bazan fue quien firmó la denuncia penal contra el inmigrante venezolano. Sin embargo, durante el interrogatorio de la defensa quedó claro que no podía confirmar personalmente que el agente hubiera sido golpeado por el espejo del automóvil.

Los abogados señalaron que ningún investigador federal había entrevistado directamente al agente sobre ese punto. También preguntaron por qué el funcionario que supuestamente recibió el golpe no llevaba una cámara corporal durante el operativo.

Para la defensa, esa falta de información es relevante porque podría ayudar a determinar qué ocurrió durante los segundos previos a la persecución y al posterior tiroteo.

Garcés Pérez todavía necesita atención médica

Mientras enfrenta el proceso federal, el inmigrante venezolano continúa recuperándose de las lesiones provocadas por el disparo. Durante la audiencia llegó en silla de ruedas, llevaba un brazo en cabestrillo y necesitó ayuda para colocarse los auriculares con los que escuchó la traducción.

Sus abogados aseguran que la bala continúa alojada en su espalda y que necesita atención médica. Kate Lincoln-Goldfinch, una de sus abogadas, acusó a las autoridades migratorias de no proporcionarle el tratamiento que necesita.

La defensa también sostiene que médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud han expresado preocupación por el estado del repartidor y han pedido que pueda recibir atención adecuada mientras permanece bajo custodia.

El estado de salud de Garcés Pérez se ha convertido así en otro de los puntos de conflicto entre su defensa y las autoridades mientras el proceso judicial continúa.

¿Por qué estaba siendo buscado por inmigración?

El caso también está relacionado con la situación migratoria del repartidor. Garcés Pérez llegó a Estados Unidos en 2024 utilizando CBP One, un programa creado durante la administración de Joe Biden que permitía a determinados migrantes programar citas con las autoridades para iniciar trámites migratorios, incluidos procesos relacionados con solicitudes de asilo.

La administración de Donald Trump canceló CBP One al comenzar su segundo mandato.

Según sus abogados, Garcés Pérez había solicitado asilo en Estados Unidos y contaba con un permiso de trabajo válido. Sin embargo, posteriormente un juez de inmigración emitió una orden de deportación después de que el venezolano no acudiera a una audiencia.

La defensa afirma que Garcés Pérez no se presentó porque la notificación sobre esa audiencia fue enviada a una dirección anterior, por lo que no habría recibido correctamente el aviso.

El juez rechazó dejarlo en libertad

Durante la audiencia, los abogados del repartidor solicitaron que pudiera quedar libre mientras continúa el proceso penal. El juez Dustin Howell rechazó la petición al considerar que existe riesgo de fuga.

Entre los factores mencionados por el magistrado está que Garcés Pérez tiene un hijo en Venezuela, lo que, según el juez, aumenta la posibilidad de que pueda intentar abandonar Estados Unidos.

Por ahora, el inmigrante venezolano permanecerá bajo custodia federal mientras avanza el caso. La decisión de mantenerlo detenido no significa que haya sido declarado culpable: Garcés Pérez se presume inocente mientras no exista una condena.

También intentan frenar su deportación

El proceso penal no es el único problema que enfrenta Garcés Pérez. Sus abogados también presentaron una demanda para impedir su deportación de Estados Unidos mientras continúan las actuaciones relacionadas con el tiroteo.

La defensa busca que el repartidor pueda permanecer en el país para continuar con su proceso judicial y recibir la atención médica que, según sus abogados, todavía necesita.

El caso ha generado además nuevas preguntas sobre los operativos de ICE, especialmente aquellos que comienzan con una detención de tráfico y terminan en una persecución o en el uso de armas de fuego.

Por ahora, Garcés Pérez seguirá detenido y deberá enfrentar el proceso federal por el que podría recibir hasta 20 años de prisión si es declarado culpable. Mientras tanto, la defensa continúa cuestionando las pruebas presentadas por el gobierno y quedan pendientes respuestas sobre qué ocurrió exactamente antes del disparo, por qué el agente que abrió fuego no llevaba cámara corporal y si las imágenes disponibles permiten reconstruir por completo el operativo.