Padres indocumentados buscan opciones para proteger a sus hijos con necesidades especiales

Todo padre indocumentado teme lo que va a ser de sus hijos si ellos son deportados, pero para Rubi Saldaña y otros padres como ella, cuyos hijos sufren de discapacidades, esa posibilidad es tan terrible que no pueden pararse a pensar en ello.

Hay potencialmente cientos de miles de indocumentados cuyos hijos, en su mayoría nacidos en este país, tienen diversas discapacidades que pasan por niveles de autismo, síndrome de down y condiciones más graves que los hacen más dependientes que un niño típico.

El día a día de estas familias es ya de por sí complicado, por lo que imaginar lo que pasaría si hubiera una deportación, es algo que no quieren ni plantearse.

“Los retos son bastante grandes y no nos alcanza la mente para pensar en ello”, dijo Saldaña. “Apenas entró este gobierno el nivel de temor inmediatamente subió, porque no hay absolutamente nada que nos proteja”.

Rubi es la mamá soltera de tres hijos, dos varones y una niña. Los dos varones son autistas y la vida diaria es un círculo constante de terapias, escuela y clases especiales, particularmente para el hijo mediano, cuyo autismo es más severo.

Justo el día antes de la entrevista, el jovencito de 9 años había tomado la plancha caliente y se la había puesto en la cara, provocándose una quemadura.

El incidente demuestra el por qué los padres con hijos autistas cuya condición es moderada a severa, no pueden trabajar fuera del hogar.

“Hay que cuidarlos todo el tiempo, hay que ocuparse de ellos y buscarles los servicios que necesitan”, explica la madre, residente de Los Ángeles, que con el tiempo se ha convertido en activista, ayudando a otros padres a hacer lo mismo.

Cuando Rubi recibió el diagnóstico sobre su primer y luego su segundo hijo (el primero, de 10 años, tiene un nivel menos severo de autismo), no sabía que sería una lucha conseguir los servicios básicos que el estado ofrece, aunque los dos niños son ciudadanos estadounidenses.

“No te puedes morir, no te puedes enfermar, no puedes, tampoco puedes trabajar”, explica. “Tuve que dejar de trabajar después que el niño mediano fue diagnosticado. Como mamá latina que no habla el idioma, empecé a ver vídeos, a leer y a buscar servicios. Me perdí la intervención temprana porque tardé dos años en lograr la ayuda necesaria”.

Rubi llegó aquí muy jovencita, proveniente de Guerrero, México y para ella sería la peor de las pesadillas que los deportaran a México. ¿Por qué sería tan terrible?, preguntamos.

“Allá sería un loquito. Si aquí lo miran raro, allá peor, hay mucha discriminación hacia estos niños”, explica. “Acá quizá vaya a estar mal pero allí estaría peor, un día yo no voy a estar y aquí al menos va a tener un techo, allá quien sabe”.

Un camino complicado

La abogada Sonia Weeks trabaja bajo contrato para los llamados “Centros Regionales” del estado de California y ayuda a estos padres con temas de inmigración.

Los centros regionales son corporaciones privadas sin fines de lucro que contratan con el Departamento de Servicios de Desarrollo de California para proporcionar o coordinar servicios y apoyos para individuos con discapacidades de desarrollo.

Es allí donde los papás cuyos hijos tienen discapacidades acuden para obtener ayuda y apoyo, así como ligas a programas y servicios. Weeks asiste a muchos padres inmigrantes y ve sus problemas todos los días.

La abogada explica que muchos de los padres que ella asiste y no tienen papeles fueron traídos como menores de edad por sus propios padres y sus hijos son nacidos aquí.  La dependencia de estos niños es total, incluso en muchos casos cuando ya son adultos.

“La vida de un padre con hijos discapacitados ya es difícil. Imagínate cuando no tienen papeles”, dice la abogada. “Es difícil vivir bajo el radar de inmigración cuando tienes hijos con necesidades especiales, porque tienes que llevarlos a terapia, buscar servicios y manejar con ellos para todas partes”.

Weeks representa a padres que tienen problemas migratorios. Estos padres no tienen ninguna forma especial de protección bajo la ley, incluso es a veces imposible para ellos aprovechar beneficios migratorios que otros padres tienen.

“Si tienes un hijo ciudadano, te puede pedir a los 21 años”, explica la letrada. “Pero un joven con necesidades especiales, si no puede firmar una petición, no puede ofrecer esa opción a sus padres”.

La defensa de tener un hijo con necesidades especiales puede servir para lograr la llamada “cancelación de remoción” para indocumentados con más de 10 años en el país, pero tienen que estar en proceso de deportación y sólo un juez puede otorgarla. Es riesgoso para cualquiera ponerse en deportación para buscar un eventual alivio que quizá no se logre, explican los expertos. 

“Deberían tener algo para que estos padres pudieran ir directo a este beneficio”, dice Weeks. “La deportación será un desastre para estas familias. En los países de origen de la mayoría de estos inmigrantes, hay leyes de protección para discapacitados, pero realmente no se aplican”.

Padres buscan ayuda entre otros padres

Hace un par de semanas, 60 padres con sus hijos discapacitados se reunieron en Long Beach para escuchar una charla sobre inmigración, y aprender más sobre sus derechos y opciones.

Fernando Antonio Gómez y su esposa son papás de un niño de 10 años que tiene Síndrome de Down. El ayudó a organizar el seminario y ha estado participando con otros padres en crear un movimiento de apoyo para diseminar información y ayudarse entre sí.

“Antes de tener a nuestro hijo no sabíamos nada del asunto”, dijo Gómez. “Ahora puedo decirte que hay muchas similitudes entre la discriminación que hay contra los inmigrantes y la que hay contra los discapacitados”.

Gómez afirma que los padres latinos son buena parte de los que reciben servicios en los llamados Centros Regionales, pero que los centros que sirven a estos están entre los que “reciben menos fondos”.

“Los latinos no andan a sus hijos a centros residenciales para discapacitados, en su mayoría los dejan en casa y cuidan de ellos, por lo que necesitan apoyo”, indicó. “Con lo que está ocurriendo hoy en día con las deportaciones, ¿quién cuidará a estos niños si se llevan a sus padres o qué pasarán con ellos si los deportan?

Es difícil aconsejar a estos padres porque las opciones son limitadas, explica.

“El único consejo de los abogados es que hay que ahorrar dinero y hay que tener un abogado antes de caer en manos de las autoridades, tener algo preparado si llegan a arrestar a los padres para pedir un alivio migratorio”, explica. “Para muchas de estas familias, una deportación sería como una sentencia de muerte”.

Ayuda para padres indocumentados

Una organización en Los Ángeles se ocupa de ayudar a estos padres a prepararse en caso de una deportación, en particular si es mejor para los hijos quedarse aquí y deben buscar un guardián que pueda hacerse cargo y tomar decisiones por ellos.

Bet Tzedek, Justicia para Todos, una organización no lucrativa que ofrece todo tipo de servicios a todas las comunidades de bajos recursos tiene un programa especial de “respuesta rápida” para padres en peligro de deportación.

La ayuda es para todos los padres, pero una de sus abogadas, Bertha Sánchez Hayden, se especializa en el tema de los padres indocumentados cuyos hijos tienen necesidades especiales. La Opinión realizará un Facebook Live con la abogada el próximo 11 de Mayo para responder a las preguntas sobre este tema #conocetusderechosLaOpinion

“Los padres deben de estar informados desde antes sobres sus opciones”, dijo Sánchez. “Además, deben tener los papeles listos para hacer lo mejor para sus hijos dependiendo de lo que ocurra”.

Para asesoría sobre qué documento específico necesita en cada caso y para ayuda preparándolo, puede asistir a las charlas de Bet Tzedek.

La información sobre las mismas se obtiene llamando número principal de Bet Tzedek 323 939 0506. La organización no hace público el día y hora de las reuniones para evitar temores en la comunidad.

Aparte de charlas, la agencia tiene materiales en inglés y español sobre cómo hablar con sus hijos de esta situación, escoger un guardián y otros detalles.

También asisten con información sobre acceso a beneficios públicos para los menores, incluyendo comida, vivienda, salud, apoyo y servicios educativos y mentales.