Oficial: se dispara el número de extranjeros tras las rejas en EEUU

El Departamento de Justicia de EEUU publicó hoy por primera vez un informe sobre los inmigrantes encarcelados destinado a incrementar la “transparencia” del Gobierno y que mostró una “significativa” proporción de extranjeros en las prisiones del país.

El informe muestra que hay 45.493 personas nacidas en el extranjero bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés), de los que 3.939 se convirtieron en ciudadanos estadounidenses y 41.554 siguen teniendo la ciudadanía de otros países.

En total, hay 188.950 individuos en prisiones federales, de forma que la proporción de extranjeros es del 24 %, según el recuento de la Oficina Federal de Prisiones del 25 de marzo de este año.

En un comunicado, el Departamento de Justicia consideró que esa proporción del 24 % es “significativa”.

La población inmigrante era en 2015 de 43,3 millones, lo que supone un 13,5 % de los 321,4 millones de personas que viven en Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por su abreviatura en inglés), elaborada por la Oficina del Censo.

“Los extranjeros ilegales que cometen delitos adicionales en Estados Unidos son una amenaza para la seguridad pública y una carga para nuestro sistema de justicia penal”, consideró en un comunicado el fiscal general, Jeff Sessions.

“Por eso, debemos asegurar nuestras fronteras a través de un muro y una aplicación efectiva de la ley, y debemos fortalecer la cooperación entre el Gobierno federal y los gobiernos estatales y locales, mientras nos esforzamos en cumplir nuestro sagrado deber de proteger y servir al pueblo estadounidense”, añadió Sessions.

La lista del Departamento de Justicia se publicó en cumplimiento de una orden ejecutiva que firmó el presidente de EEUU, Donald Trump, el 25 de enero pasado y que busca “promover la transparencia y crear conciencia sobre los extranjeros criminales que viven en Estados Unidos”, según figura en el texto de la iniciativa.

Esa orden instruye al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, a publicar cada tres meses un informe sobre los extranjeros en las cárceles federales y estatales del país, así como bajo custodia del Cuerpo de Alguaciles, el órgano que hace cumplir las órdenes de las cortes federales.

La Oficina Federal de Prisiones ya tenía un sistema para recolectar la nacionalidad de los presos y determinar si debían o no ser deportados, por lo que lo único que cambia en este aspecto es que los datos serán distribuidos al público para “crear conciencia” sobre los crímenes cometidos por extranjeros.

Sin embargo, la orden de Trump sí modifica el funcionamiento del Cuerpo de Alguaciles, que ha instaurado un nuevo programa para registrar el estatus migratorios de sus detenidos y proporcionar esos datos a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), encargados de las deportaciones desde el interior del país.

La primera transferencia de datos al ICE se produjo el 5 de abril y estuvo asociada con 19.000 extranjeros, detalló el Departamento de Justicia.

Respecto a las cárceles estatales, el Gobierno no pudo proporcionar datos porque necesita la colaboración de las autoridades locales, una tarea complicada para la que ya ha puesto en marcha un nuevo programa en el propio Departamento de Justicia