Periodistas mexicanos enfrentan una de sus peores crisis

MÉXICO.-  La esposa del periodista sinaloense Javier Valdez, Griselda Triana, estalló en Europa, donde viajó para recibir un premio póstumo a la labor de su marido, y frente a la prensa madrileña vilipendió: “la muerte de un periodista importa poco en México”.

Triana hizo eco al reproche que en los últimos meses y, particularmente desde el asesinato de Valdez (cronista del narcotráfico), el pasado 15 de mayo,  salta de tribuna en tribuna donde los comunicadores protestan por la indiferencia frente a más de un centenar de muertes violentas contra el gremio.

Esta falta de de solidaridad incluye a los dueños de los medios de comunicación y a la misma sociedad.

“No veo a los empresarios, simplemente no están aquí”, dijo el periodista independiente y escritor Diego Osorno, uno de los organizadores de la Agenda de Periodistas, que trabajará durante los próximos dos meses para conseguir un plan de acción que proteja a los reporteros frente a los ataques mortales a la libertad de expresión. “Tampoco vimos a la gente marchar en Sinaloa a lado de los reporteros que salieron a las calles ni la hemos visto en otros lados”.

El otro ninguneo -y hasta probables acosos- provienen del gobierno que ha dejado en el olvido el 99% de los expedientes de investigación sobre los asesinatos de comunicadores mientras espía a periodistas críticos con un software israelí especializado para terrorismo llamado Pegaso, según un reportaje publicado por el New York Times el pasado lunes.

El presidente Enrique Peña Nieto negó que su administración se valga del espionaje contra la libertad de expresión y solicitó a los afectados –entre ellos los conductores de radio y televisión Carmen Aristegui y Carlos Loret- a hacer la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El problema con poner una demanda ante la PGR es que se trata de la misma institución que aún no coadyuva en el esclarecimiento de la muerte del centenar de periodistas y que se encuentra subordinada al ejecutivo.

En los hechos, explica el analista Javier Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el mensaje que se envía Peña oficialmente es que el gobierno se va a investigar a sí mismo.

“Tal y como está organizada la estructura de justicia en México (en la cual el procurador de justicia se escoge entre una terna propuesta por el presidente) las fiscalías siempre resultan sospechosas de no actuar imparcialmente”.

A la falta de procuración de justicia y de empatía de los propietarios de los medios y de la ciudadanía hacia los reporteros que enfrentan día a día la violencia se suma una campaña de descrédito al gremio.

“Estamos viendo en el mundo y en México una ofensiva contra el periodismo de ciertos funcionarios y estrategias políticas para dejar a un lado al periodismo tradicional y  saltar directamente a la comunicación directa de las redes sociales que no tiene filtros ni el lado crítico”, observó Regina Santiago, presidenta del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios.

Santiago señala que, por otro lado, a los periodistas les ha hecho falta comprender “las nuevas reglas del juego” en las que tanto las organizaciones criminales como el Estado apuestan a infiltrarse a través de los medios para influir en la opinión pública.

“Los delincuentes y el gobierno tienen sus propias estrategias de comunicación con equipos de asesores profesionales y el periodista ahora tiene que dejar de ser meras cajas de resonancia de los distintos grupos de poder, sea el Estado o la delincuencia, y acercarse más a la ciudadanía para que ésta entienda la importancia de su papel”.