Illinois erradica el miedo para sus indocumentados y se convierte en ejemplo nacional

Más de 500,000 indocumentados serán beneficiados con esta ley que se promulgó en hoy en el estado de Illinois.

El gobernador de Illinois, Bruce Rauner, firmó hoy la ley TRUST, que convierte al estado en un “modelo nacional” de santuario para unos 500.000 indocumentados, en un nuevo revés para los intentos de la Administración del presidente Donald Trump de realizar deportaciones masivas.

“Illinois le ha dado la bienvenida a los inmigrantes durante mucho tiempo y con esta ley continuará esa tradición”, declaró el gobernador republicano en la ceremonia que colmó las instalaciones de un restaurante muy popular del barrio mexicano La Villita, en Chicago.

“No fue fácil, pero logramos aprobar un ley muy razonable”, dijo Rauner, quien fue criticado duramente por los legisladores más conservadores de su partido por su decisión de firmar esta legislación.

A partir de hoy, indicó el gobernador republicano, “queda bien claro que el combate del crimen violento será ahora la misión de las fuerzas del orden, y no realizar tareas que han sido declaradas ilegales por una corte federal”.

Como ya ocurre en Chicago desde hace 43 años, los policías en todo el estado de Illinois no podrán preguntar por el estatuto migratorio de las personas o detenerlas por ser indocumentadas.

Bajo la nueva ley ningún departamento policial de Illinois deberá colaborar con ICE en tareas de inmigración a través de los polémicos programas Comunidades Seguras y 287(g), revividos por la Administración Trump.

El programa 287(g) permite a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de los detenidos y transferirlos a las autoridades migratorias si son indocumentados, mientras que Comunidades Seguras permite a los agentes acceder a bases de datos federales de huellas digitales para determinar la identidad y situación inmigratoria de un detenido sin importar el motivo.

La medida también creará “zonas seguras” donde los agentes de ICE no podrán ingresar, como escuelas, iglesias y hospitales, a menos que presenten una orden judicial de arresto.

Igualmente se prohibirán los registros de extranjeros basados en nacionalidades o religiones, como el propuesto por el presidente para los musulmanes, y se prohibiría el uso de prisiones privadas para recluir a indocumentados a la espera de ser deportados.

La ley no prohíbe contactos entre las policías locales e Inmigración cuando la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) disponga de una orden judicial de detención.

Para la representante demócrata Lisa Hernández, una de las promotoras de la ley, Illinois se ha convertido en “modelo nacional” de la protección a los inmigrantes, “en momentos en que se necesita más protección que nunca”.

A su vez, el senador demócrata Martín Sandoval, que también auspició la ley, dijo que todos los habitantes del estado “serán tratados de la misma forma y con dignidad” por el gobierno federal.

El siguiente estado en firmar una ley similar puede ser California, donde se aprobó en el Senado la ley SB54, que debería recibir el visto bueno por parte de la Cámara de Representantes, aunque la duda se centra sobre su aprobación final por parte del gobernador, Jerry Brown, quien no se ha manifestado al respecto.

Las ciudades que ofrecen santuario se encuentran bajo ataque de Trump, que firmó en enero una orden ejecutiva para tratar de evitar que estas administraciones, ya sean locales, condales o estatales, reciban subvenciones federales.

Un juez bloqueó esa acción en abril, al dictaminar que el presidente no podía imponer nuevas condiciones sobre gastos aprobados por el Congreso, aunque el fiscal federal, Jeff Sessions, ha intensificado las amenazas contra Chicago y otras ciudades.

Recientemente incluyó nuevos requisitos para la solicitud de fondos de seguridad pública, que requieren que se permita el acceso de agentes federales a los centros de detención para preguntar sobre el estatus migratorio de cualquier persona sospechosa de ser indocumentada.

También es condición para recibir los fondos que las autoridades federales sean avisadas 48 horas antes de la libertad de cualquier persona que sea requerida por violaciones migratorias.

La Alcaldía de Chicago presentó este mes una demanda federal contra estos cambios.

El alguacil Tom Dart, del condado de Cook, el mayor del estado y donde se asienta Chicago, dijo que la violencia en esta ciudad se encuentra en niveles inaceptables y la policía local tiene que enfocarse en su trabajo.

“Para ello necesitamos la colaboración y el apoyo de la comunidad, algo imposible si tienen miedo de la policía y de ser deportados”, agregó.

Lo mismo expresó el alguacil Mark Curran, del condado vecino de Lake, para quien la Ley TRUST hará que todos en su comunidad, sin importar dónde nacieron, “se sientan cómodos llamando a las autoridades en una emergencia”.