Declaran inocente a indocumentado que mató a joven en San Francisco
Un inesperado veredicto declara que la muerte de Kate Steinle fue causada por un disparo accidental, por lo que se considera homicidio involuntario
La muerte de Kate se ha transformado en un arma republicana contra ciudades santuario. Crédito: Captura | YouTube
Los Ángeles.- Un jurado de California declaró hoy no culpable de homicidio a un indocumentado mexicano por la muerte de Kate Steinle, quien en 2015 paseaba por un muelle de San Francisco y murió tras recibir un disparo.
El mexicano José Inés García Zarate, que había sido deportado cinco veces de EE.UU., fue hallado no culpable de los cargos de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado y de homicidio involuntario, tras seis días de deliberaciones del jurado, en un caso que generó enormes críticas a las “ciudades santuario”.
El hecho y los antecedentes migratorios del mexicano motivaron que el presidente Donald Trump utilizara electoralmente este caso durante la campaña de las presidenciales de 2016 e insistiera en la necesidad de endurecer las políticas migratorias y reforzar la frontera.
Los seis hombres y seis mujeres, tres de ellos inmigrantes, que conformaron el jurado hallaron al mexicano culpable del delito de posesión de arma de fuego mientras se hallaba en libertad condicional, delito por el que enfrenta una pena máxima de tres años en prisión de los cuales ya pasó cerca de año y medio en la cárcel.
Durante el juicio, la defensa arguyó que el mexicano, un desamparado de 54 años, encontró debajo de una banca del muelle un arma que luego se disparó accidentalmente y ocasionó la muerte de Steinle, una joven de 32 años que en el momento del hecho paseaba por el muelle del brazo de su padre.
Steinle fue alcanzada por una bala que rebotó en el piso de concreto, se introdujo en su espalda y le perforó la aorta, lo que le causó la muerte.
La fiscal Diana García aseguró que la muerte de la joven fue un acto intencional y en el proceso judicial presentó testigos que indicaron que vieron al indocumentado apuntando el arma.
Alex Bastian, portavoz de la Oficina de la Fiscalía de San Francisco, señaló que aunque no era el veredicto que esperaban respetarán la decisión del jurado.
El caso adquirió notoriedad en medio de la campaña presidencial y además puso de relieve la política de “ciudad santuario” de San Francisco, que limita la cooperación entre las fuerza de seguridad locales y las autoridades migratorias de EE.UU.
Deportado en 1994, 1997, 1998, 2003 y 2009, García Zárate fue capturado a finales de 2009 tratando de cruzar la frontera en Eagle Pass, en Texas, y se declaró culpable del delito grave de reingreso.
El 26 de marzo de 2015, por requerimiento del Departamento Alguaciles de San Francisco, la Oficina de Prisiones (BOP) lo entregó a las autoridades de esa ciudad por una orden de arresto por drogas.
La orden era de 20 años atrás, por lo que las autoridades de San Francisco no la hicieron cumplir.
El mexicano, quien al momento de la muerte de la joven se hallaba en libertad condicional y poseía antecedentes por posesión de marihuana, era requerido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU., que emitió una orden de retención pidiendo que fuera mantenido en custodia para que las autoridades migratorias lo pudieran detener.
No obstante, debido a que San Francisco se acoge a las políticas de “ciudad santuario”, las autoridades de la ciudad no cumplieron con la solicitud del ICE y lo dejaron en libertad el 15 de abril de 2015.
“Déjenme recordarles que ellos mismos están bajo investigación”, señaló en declaraciones a la prensa el abogado defensor, Matt González, en alusión al uso político que el presidente y miembros de la actual administración de la Casa Blanca hicieron del caso.
“Nosotros somos y permaneceremos como una ciudad santuario, sin importar lo que diga el Fiscal General de la nación”, aseguró por su parte el alcalde San francisco, Ed Lee, en declaraciones a KGO News.
Según la instrucción del juez, la condición de indocumentado del acusado y su historial de ingresos ilegales al país no fue tenida en cuenta por el jurado para decidir su veredicto.
En medios sociales, la decisión del jurado ha recibido numerosas críticas y en un comunicado la familia Steinle ha manifestado su “profunda consternación” por la decisión.
