Grupo independiente propone “tercera vía” para reforma migratoria
Esta propuesta solamente tendría éxito si se ofreciera una manera para tramitar la residencia o ciudadanía
Esta propuesta solamente tendría éxito si se ofreciera una manera para tramitar la residencia o ciudadanía Crédito: EFE/JORGE A. BAÑALES
WASHINGTON.— Un grupo independiente afirmó este miércoles que existe una “tercera vía” para destrabar las negociaciones migratorias, en la que tanto los inmigrantes indocumentados como sus empleadores pagarían un impuesto del 5% a cambio de un permiso de trabajo renovable de diez años.
Según el grupo no partidista “Immigrant Tax Inquiry Group” (ITIG, en inglés), el debate migratorio lleva años dominado por legisladores y grupos en ambos extremos del espectro político, y su único resultado hasta la fecha ha sido parálisis.
En cambio, los inmigrantes indocumentados pueden ser parte de la solución para “salir de la sombra”.
Bajo la propuesta, que aún no ha encontrado eco en los pasillos del Congreso, tanto los inmigrantes indocumentados como sus empleadores pagarían un impuesto mensual del 5%, y a cambio los empleados recibirían un permiso de trabajo renovable, denominado “REALcard”, por un período de diez años.
El cobro de ese impuesto generaría $210,000 millones en una década, que ayudaría a las localidades a financiar programas de educación, cuidado de salud, seguridad y sistemas legales, además de que crearía 1,7 millones de empleos, según ITIG.
Durante su discurso sobre el “Estado de la Unión”, el presidente Donald Trump repasó los cuatro pilares de su plan migratorio a cambio de proteger a los Dreamers, pero ni él ni sus aliados republicanos en el Congreso han precisado de dónde saldrán los fondos para financiarlo.
El californiano Mark Jason, que fundó y dirige ITIG, explicó hoy a este diario que el plan “Cinco más Cinco” de su grupo ofrece una solución simple y es, a su juicio, una apuesta en la que todos ganarían.
“En general, el asunto de inmigración se ha considerado tóxico. Muchos funcionarios elegidos evitan el tema porque la extrema derecha y la extrema izquierda tienen posturas atrincheradas, como ciudadanía masiva contra deportación masiva”, pero ambas ideas son “fiscalmente inapropiadas”, observó Jason, un agente jubilado del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).
Jason cree que el sector privado se beneficiaría del plan porque, en la actualidad, “los empleadores típicamente le pagan a los inmigrantes no autorizados un 25% menos que los ciudadanos. Si usan el Cinco más Cinco, eso les permitiría seguir embolsándose ahorros por un 15%”.
Por otro lado, Jason argumentó que el “REALcard” (“Respect, Equality, Accountability, Legality”, en inglés), otorgaría un permiso de 10 años, “disminuiría considerablemente la burocracia necesaria para administrar el programa”, y reduciría las presiones en los tribunales de Inmigración.
Además, subrayó, los beneficiarios tendrían diez años para solicitar la ciudadanía.
Según ITIG, el país ha intentado una reforma migratoria 41 veces en 225 años, ya sea con medidas integrales como medidas parciales, y “no han funcionado”.
Jason afirmó que su plan ha encontrado receptividad de legisladores en ambas cámaras del Congreso, porque consideran que “tiene mérito”, aunque por ahora ninguna ha dado el paso adelante para darle un respaldo público.
“El comenzar desde el centro y construir consenso requiere identificar un terreno común, no centrarnos en nuestras diferencias”, apuntó.
Sin embargo, no está claro que el plan recabe apoyo de los demócratas y grupos afines por tratarse de un parche temporal. Y varios grupos conservadores ya lo han atacado como una “amnistía” para quienes han violado las leyes migratorias.
“Esta propuesta solamente tendría éxito si se ofreciera una manera para tramitar la residencia o ciudadanía”, porque la población indocumentada necesita soluciones “humanitarias”, djio a este diario Vicki Gaubeca, estratega política de la “Coalición de Comunidades de la Frontera Sur”.
Por otra parte, la ley castiga la contratación de trabajadores indocumentados, y la propuesta no explica qué incentivos tendrían los empleadores para participar en el programa si confiesan infracciones migratorias.
