ICE mantiene su estrategia de decir que los arrestados son delincuentes peligrosos, la realidad no lo confirma
Tras el operativo realizado la pasada semana en el norte de California, ICE insiste en que se trató de migrantes convictos y peligrosos, pero no ofrecieron detalles. Los arrestos del último año niegan que el enfoque sea en delincuentes.
La pasada semana, cuando la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE)terminó un operativo en el norte de California, la agencia reportó haber realizado 232 arrestos de inmigrantes en violación de leyes migratorias y sus portavoces aseguraron que 115 de ellos eran delincuentes convictos “por delitos serios o violentos”.
Anecdóticamente, fuentes de la comunidad reportaron diversos arrestos a personas no peligrosas, como una veintena de trabajadores del campo en Kern County y varios mexicanos que estaban en una tienda Circle K de Atwater en el condado de Merced.
Hasta ahora, ICE no ha dado detalles o un desglose de las personas arrestadas ni de los cargos penales o convicciones en su contra, aparte del estatus migratorio, limitándose a entregar una lista de “delitos atroces” y resaltando los peores ejemplos en un comunicado.
Portavoces de ICE negaron a La Opinión tener un desglose de los 115 y cuántos de los arrestados tenían en su haber los delitos más violentos listados en el comunicado oficial, incluyendo “delitos sexuales, de posesión de armas, o asalto”.
“No tengo esa información”, explicó la portavoz Lori Haley. “Pero aquí tienes una lista de los delitos más atroces de las personas arrestadas”.
Haley procedió a listar unos 40 delitos, comenzando por “asalto con agravantes” y terminando por “robo de vehículos”, pasando por una variedad de delitos sexuales, robos, crueldad contra niños y esposa, actos lascivos contra un menor y homicidio.
No era posible saber cuántos de cada categoría habían sido arrestados, según esta información.
Arresto de migrantes convictos de violencia no es la norma
Las cifras de los arrestos de ICE durante el primer año de Donald Trump señalan que usualmente la mayoría de las personas que se llevan los agentes en operativos por la comunidad, son migrantes sin delitos o convictos de manejar bajo la influencia del alcohol, posesión o venta de drogas, infracciones o delitos migratorios y delitos de tráfico.
Otras categorías incluidas en los delincuentes son personas acusadas por entrar al país sin papeles o por regresar luego de ser deportados.
En ningún caso, la mayoría o un número significativo de los atrapados son delincuentes violentos.
Las propias cifras de ICE, en base al reporte de los arrestos llevados a cabo el año 2017, cifras analizadas recientemente por Pew Research, señalan que sólo un mínimo porcentaje de los migrantes arrestados el pasado año por la agencia habían sido convictos de delitos violentos.
De hecho, el mayor aumento en arrestos respecto al último año del gobierno de Obama fue de personas inmigrantes sin delitos penales en su haber, únicamente por ser indocumentados. El número de personas sin historial arrestado el pasado año aumentó en 146%.
Ese aumento -el de los no acusados o convictos de ningún crimen– impulsó el incremento de arrestos atribuidos a ICE bajo Trump en 2017.
Delitos como asalto sexual, violación y homicidio eran el 1% de los atribuidos a migrantes arrestados el pasado año -entre convictos y acusados.
Los continuos operativos de ICE en diversos puntos del país en busca de fugitivos de la ley migratoria usualmente son presentados al público destacando los peores casos de delincuentes convictos o previamente deportados.
Por ejemplo, el comunicado de ICE sobre el operativo del norte de California resaltaba varios casos de peligrosos delincuentes.
Los críticos de este sistema de arresto a “los más fáciles” señalan que a diferencia de lo que ocurrió durante los últimos años bajo el gobierno de Barack Obama, el enfoque ahora no está en los inmigrantes más peligrosos, sino en engrosar números y arrestar a cualquiera que no esté al día con las leyes migratorias.
Esto, afirman, puede resultar en más delincuentes sueltos, ya que se usan recursos federales en procesar a migrantes que no resultan peligrosos para la colectividad y no en los más problemáticos.