Los menores no acompañados son víctimas directas de la política migratoria de Trump

En un nuevo ejemplo de que la estrategia migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump afecta a los más indefensos, los menores no acompañados que llegan diariamente a los Estados Unidos se están quedando sin recursos administrativos para pelear sus casos, según han advertido los expertos.

Así, la llegada de una caravana de centroamericanos a la frontera sur del país en busca de asilo político y las amenazas del Gobierno federal de enjuiciar a todo aquel que intente ingresar de manera ilegal encendió todavía más las alarmas de los activistas, que llaman la atención sobre este conjunto específico de inmigrantes.

“Este grupo de los menores no acompañados es uno de los más vulnerables, y la Administración de Trump está cometiendo un error al colocar a todos los migrantes en una misma categoría y además llamándolos criminales”, advirtió a Efe Maureen Meyer, directora del programa México y Derechos de Migrantes de The Washington Office on Latin America (WOLA)

Organizaciones como Niskanen Center quieren poner nuevamente el tema de los menores no acompañados en la luz pública y Kristie de Peña, su directora de asuntos de inmigración, catalogó de “atroces” los intentos del Gobierno de negar el asesoría a estos niños y adolescentes.

Según datos de la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP, en inglés), 4,100 menores atravesaron solos la frontera sur del país el mes pasado. Cerca de 21,000 habrían llegado en el último semestre, la mayoría procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

A pesar de las duras políticas anunciadas por la Administración contra estos menores indocumentados, como ir contra los padres o familiares de los inmigrantes, los menores siguen llegando.

Peña explica que el Gobierno aumentó las barreras para que los menores pudieran pedir refugio. Entre los obstáculos están las limitaciones administrativas para que estos menores puedan acogerse desde un tercer país al programa de refugiados.

Además, el Gobierno de Trump redujo el número de casos aceptados. Por ejemplo: para el año fiscal 2018 solo 1,500 refugiados son aceptados de América Latina y el Caribe.

A esto se le suma la cancelación el verano pasado del Programa de Procesamiento de Refugiados para Menores Centroamericanos (CAM, por su sigla en inglés), creado por la Administración anterior para tratar de detener la ola de niños que se presentó en 2014 y que les permitía solicitar asilo político en sus países de origen para evitar que tomasen las peligrosas rutas hasta llegar a EEUU.

Ante este panorama, llegan ahora hasta la frontera para pedir el asilo político, aunque los menores no acompañados constituyen uno de los grupos más afectados en las nuevas disposiciones del Gobierno.

La orden de Trump de cancelar el programa “atrapa y libera” (catch and release) significa que estos menores deberán enfrentar largos periodos detenidos en espera de que una corte resuelva sus casos de asilo, cuando antes podían hacerlo en libertad.

Peña resalta además que la iniciativa del fiscal general, Jeff Sessions, de imponer cuotas a los jueces de inmigración para agilizar la acumulación de casos pendientes, destruye la integridad de las cortes al obligar a los magistrados en acelerar las decisiones, en lugar de tomar la decisión correcta.

El abogado de inmigración, Fernando Romo, asegura que los casos de los menores no acompañados que antes tenían mayor posibilidad de éxito se están viendo afectados por la rapidez con la que se asignan las citas para tratar los casos de asilo. “En un menor no acompañado es más difícil reunir las pruebas, eso requiere de tiempo y ahora ya no lo tenemos”, aseguró.

Katie Shepherd, vocera de la Campaña de Justicia de Inmigración de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), advierte que el Gobierno está empeñado en eliminar o hacer retroceder los mecanismos y el debido proceso que protege a los extranjeros que buscan protección humanitaria.

Los menores no acompañados también han sido blanco de los ataques sin fundamento del presidente. Peña sostiene que el presidente Trump se empeña en citar repetidamente la amenaza de las pandillas para cambiar las reglas que las agencias del Gobierno tienen para el manejo de estos menores. “Los está colocando en la guillotina al afirmar, sin pruebas, que debe evitar que estos niños se unan a las pandillas mientras esperan una audiencia”, indicó.