Iba por la residencia pero lo detienen por una vieja orden de deportación

Marlon Castillo Pérez, un inmigrante de Guatemala, fue detenido en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Los Ángeles cuando acudió a la entrevista para obtener la residencia con base en su matrimonio con una ciudadana estadounidense.

“El argumento para detenerlo fue que tenía una orden de deportación de hace 20 años que le dieron después de que le negaron el asilo político”, explicó la abogada en migración Meredith Brown.

Castillo Pérez, de 46 años, vino de Guatemala en 1992. Es padre de dos hijas: Daelynn de 14 años y Zoi Isabella de 6, ambas nacidas en Estados Unidos. Se casó con Ana Castillo en 2016, la madre de su segunda hija. Ese mismo año, su esposa, una ciudadana naturalizada, solicitó su residencia.

“La cita en USCIS fue el lunes 21 de mayo a las 6:45 de la mañana. Todo iba bien. Nos aprobaron la petición de residencia familiar I-130, pero el agente de migración dijo que había una nota en su expediente que indicaba que Marlon tenía una orden de deportación”, relata Ana.

Dice que acto seguido, les pidieron esperar afuera del cuarto donde fue la entrevista. “Pasó como una hora. Yo pensaba de todo. Tenía miedo. Me sentía arrepentida de haber ido, pero estábamos esperanzados en Dios que todo iba a salir bien”, recuerda.

Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando le pidieron a Castillo que entrara a una oficina. “Ahí mismo se lo llevaron. Su abogada Meredith Brown salió para decirme que no pudo evitarlo”, cuenta Ana al tiempo que estalla en llanto.

“Yo me puse muy mal. Estaba incontrolable”, reconoce.

A su esposo se lo llevaron detenido a la prisión Theo Lacy en el condado de Orange. “Solo lo podemos ver a través de un cristal. Lo privaron injustamente de su libertad”, se lamenta.

Ana quisiera ser optimista pero la realidad es que tiene miedo. “Marlon era la cabeza mi hogar. Él era alegre, amoroso. Me ayudó a salir de mi depresión y ansiedad”, comenta.

Repercusiones

Dice que la detención ha afectado en todo a la familia. “Él era la cabeza mi hogar y la fuente principal de ingresos. Ahora hay biles (cuentas por pagar) acumulados. No sé si voy a poder seguir pagando donde vivo”.

Sus hijas están muy dolidas. A Daelynn, de 14 años, le cuesta pronunciar palabra. Al momento de la entrevista con La Opinión se enteró de los detalles de la detención y la narración sumergió a la menor en un mar de lágrimas. Ana  la abraza y trata de consolarla pero ella tampoco cesa de llorar. Ambas están llenas de dolor.

“Tengo una niña pequeña que no para de preguntar por su papá. Yo le miento todas las noches. Le digo que está trabajando lejos. Sé que ella dentro de su cabecita presiente que algo anda mal. Me pregunta, ¿qué está comiendo papi? ¿dónde está durmiendo? ¿está bien? ¿no tiene frío?. Le contesto que está en un hotel”, dice.

Devastado y ansioso

Vía telefónica desde la prisión Theo Lacy del condado de Orange, Castillo revela que se siente mal y destrozado. “La verdad no pensé que pudieran detenerme de esa manera”, dice con voz triste, a punto de las lágrimas. “Es muy duro estar aquí, más cuando nunca has tenido un delito o has estado en la cárcel. El trato aquí es de criminales”, confía.

A pesar de sus condiciones, dice que tiene fe en Dios y en su abogada para salir y reunirse con su familia. “Agarro fuerzas de mis hijas, mi familia y de Dios”, sostiene Castillo, quien antes de ser detenido se ganaba la vida como electricista en Los Ángeles.

Su esposa Ana, quien labora como recepcionista en la Universidad del Sur de California (USC), dice que en las visitas ha podido notar que su esposo ha comenzado a sufrir de ansiedad. “Se siente incapaz y solo pregunta por sus hijas”, comenta.

Falta criterio migratorio

Una nueva modalidad de arresto bajo la administración del presidente Trump es detener a los inmigrantes cuando acuden a sus entrevistas para la residencia. Los defensores de los inmigrantes y sus abogados han denunciado que no se emplea ningún criterio o compasión. Por lo que piden al gobierno estadounidense que este tipo de prácticas terminen.

La abogada en migración Meredith Brown precisa que ha sometido dos mociones de emergencia para que sea suspendida la deportación de Castillo, una ante el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), y otra a la Junta de Apelaciones de Migración.

“El problema con la Junta de Apelaciones es que la actuaria nos dijo que no tiene idea de cuánto va a tardar porque hay un montón de casos similares”, dice.

Lamenta que las autoridades de migración no utilicen la discreción para detener inmigrantes. “Marlon tiene una familia digna que paga impuestos. Lo que más me molesta es que el principal cuestionamiento contra los inmigrantes es que no emigran legalmente. Eso es precisamente lo que estábamos haciendo pero nos atan las manos”.

Brown sostiene que van a pelear para que pueda salir libre con una orden de supervisión. “No es aceptable lo que USCIS hizo. Estamos castigando a una ciudadana y a sus dos hijas quien junto a Marlon forman una familia ejemplar”.

Agrega que han pedido apoyo al congresista Adam Schiff y junto con la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) van a lanzar una campaña para presionar para que Castillo regrese con su familia.

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Alto a la complicidad

Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA, dice que es totalmente inhumano y cruel que se separe a una familia cuando buscaba rectificar su futuro de una manera legal. “USCIS es una oficina gubernamental creada para unir, no para separar o romper familias. Exigimos que cese esa colaboración entre USCIS y ICE”, urge.

Considera que detener inmigrantes cuando acuden a sus citas en USCIS es un nuevo modus operandi que no toma en cuenta las condiciones de las familias.  “Es sumamente preocupante lo que está pasando con la falta de transparencia y discreción de esta administración. Tanto el Congreso como el público estadounidense deben intervenir”, dice.

En Boston se consiguió detener la práctica de arrestar inmigrantes indocumentados cuando visitaban las oficinas de USCIS con la esperanza de obtener estatus legal.

La abogada Brown anticipa que se va a unir a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para desafiar esta nueva agresiva forma de detención del gobierno de Trump.