Tribunal de Apelaciones afirma que gobierno de Trump no puede terminar DACA

WASHINGTON– En otro claro revés a la administración Trump, el Noveno Circuito de Apelaciones determinó hoy que el gobierno del presidente Donald Trump no puede poner fin de inmediato al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que ha protegido de la deportación a más de 700,000 jóvenes indocumentados.

Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones en San Francisco (California) reafirmó de forma unánime un dictamen que mantiene con vida DACA, mientras otras demandas encabezadas por California contra la Administración se ventilan en otros tribunales.

La jueza Kim Wardlaw indicó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional,  Elaine Duke, se equivocó al autorizar el desmantelamiento de DACA, un programa que fue puesto en marcha durante la Administración Obama como parte de su discreción ejecutiva.

Una acción como la de DACA “ha sido parte de nuestro sistema migratorio –aunque de naturaleza ejecutiva- durante décadas; se ha utilizado categóricamente en numerosas ocasiones, y ha sido reconocida como una realidad práctica tanto por el Congreso como por los tribunales”, explicó Wardlaw, designada por el entonces presidente Bill Clinton. 

Wardlaw precisó que el dictamen no significa que la Administración Trump no pueda poner fin a DACA como parte de su “discreción ejecutiva”,  sino que actuó sobre una base errónea de lo que la ley requiere, además de que los demandantes tienen altas probabilidades de demostrar que la decisión fue “arbitraria y caprichosa”.  

Asimismo, Wardlaw argumentó que la Administración Trump no puede determinar simultáneamente que actuó de forma legal al cancelar DACA, con base a su interpretación de la ley, e impedir que los tribunales revisen esa decisión.

El dictamen respondió así a una demanda presentada en enero pasado por los estados de California, Maine, Maryland y Minnesota, así como los regentes de la Universidad de California.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, calificó el dictamen como una “tremenda victoria para nuestros jóvenes Dreamers y el imperio de la ley”, al destacar que estos jóvenes en todo el país “han enriquecido nuestras comunidades como académicos, emprendedores, socorristas y mucho más”.

“Por supuesto, esta lucha no acaba. Seguiremos defendiendo a los Dreamers y DACA hasta el Tribunal Supremo si es necesario”, prometió Becerra en un comunicado.

Según su oficina, más de 187,000 Dreamers han logrado mantener sus protecciones bajo DACA, y centenares de miles más pueden solicitar el alivio migratorio.

El lunes pasado, el Departamento de Justicia solicitó al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la legalidad de DACA en su sesión actual, que termina en junio de 2019,  pero los magistrados no han dado indicios de una inminente decisión al respecto.

La Administración Trump anunció el desmantelamiento gradual de DACA en septiembre de 2017 y dio plazo al Congreso hasta marzo pasado para encontrar una solución permanente bipartidista. Pero el Congreso nunca logró un consenso, mientras varios tribunales estudiaban demandas contra la Administración.

El presidente Trump, que durante la contienda de 2016 prometió cancelar DACA, adoptó posturas cambiantes sobre el programa al llegar al poder y, posteriormente, condicionó su apoyó a continuarlo a cambio de que el Congreso financiara la construcción de su prometido muro fronterizo.

Las negociaciones sobre el futuro de DACA se estancaron en el Congreso, y no está claro que el asunto cobre urgencia en la sesión que comenzará en enero próximo.

Respiro para Dreamers

Grupos defensores de los Dreamers celebraron de inmediato el dictamen, por considerar que éste se suma a otros que básicamente han rechazado la forma en que la Administración desmanteló DACA.

La decisión de hoy “reafirma lo que múltiples tribunales han dicho repetidas veces: que la forma en que la Administración terminó el programa de DACA fue ilegal. La decisión de la Administración Trump de perseguir con fervor el fin de DACA es profundamente preocupante y reitera la urgencia de que el Congreso apruebe –y que el presidente firme- una legislación para proteger a los Dreamers de forma permanente”, dijo Todd Schulte, presidente del grupo bipartidista “FWD.us”.

Al menos tres dictámenes judiciales desde principios de año han ordenado la continuidad de DACA, incluyendo el emitido por el juez William Alsup en enero pasado. Estos tribunales no se han pronunciado sobre la legalidad de DACA sino sobre la forma en que el gobierno federal canceló el programa. 

Debido a esos dictámenes, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) continúa aceptando y tramitando la renovación de permisos bajo DACA. Otros dos tribunales de apelaciones prevén emitir sus propios dictámenes sobre el programa.

Sanaa Abrar, director de abogacía del grupo “United We Dream”,  también afirmó que la decisión de la Administración contra DACA fue equivocada y tenía como única motivación “deportar a 800,000 personas de minorías”.

“Nuestras prioridades siguen siendo las mismas: asegurar que los beneficiarios de DACA puedan renovar (sus permisos) y que el Congreso elimine fondos para las agencias de deportación, a la vez que aprueba protecciones contra la deportación permanentes”, puntualizó Abrar.

El grupo ha establecido una página web para explicar el proceso de renovación de DACA.