Una triste Navidad para familia que enfrenta el desalojo

Elva Flores llora inconsolablemente.

No es para menos, pues la madre de dos menores de edad enfrenta el desalojo después que, dice, no pudo pagar la cuenta de electricidad del apartamento donde ha vivido por 20 años en el complejo habitacional San Fernando Gardens.

“No me alcanzan mis ingresos. No me dieron oportunidad”, dice entre lágrimas.

“¿Dónde me voy a ir con mi familia? Por favor, no me desalojen”, clamaba este lunes por la mañana mientras un puñado de residentes y activistas la acompañaban en una protesta frente a las oficinas del complejo de vivienda gubernamental en Pacoima.

Flores, madre soltera y quien se dedica a recoger objetos reciclables, dice que debido a sus bajos ingresos no pudo pagar la cuenta de energía en su vivienda por varios meses, al punto que se le acumularon $5,000 dólares de cobro.
Mientras tanto, hacía sus pagos de $357 dólares de renta, en un esfuerzo porque no la sacaran del apartamento.

Sin embargo, la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Los Ángeles (HACLA) la llevó a corte para desalojarla debido al adeudo de electricidad.

Esta es la quinta vez que Flores enfrentaba el desalojo. En ocasiones anteriores fue por faltas de limpieza en la vivienda, contó.

A pesar de sus pedidos de clemencia, un juez falló en su contra y ahora enfrenta la indigencia.

“No quiere ser una homeless mas”, gritaba Flores, mientras su hija, Jacqueline Carrillo de 14 años, lloraba junto a ella. “Ya estoy desalojada. No sé qué hacer”.

José Estrada, activista con el grupo POWER (Gente Organizada para Remoción del Oeste), dice que el caso de Flores ilustra la “discriminación” en contra de los migrantes bajo la administración Trump.

Y es que poco a poco, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), ha ido cortando los subsidios para las familias que residen en viviendas gubernamentales, lo que ha elevado los alquileres y los ha dejado a merced de tener que escoger “entre pagar la renta y la comida”.

HACLA responde

Martin Peery, director de Servicios de Vivienda para HACLA, dijo en una declaración enviada a La Opinión que no podía comentar sobre el caso específico de Flores.

Sin embargo, indicó que como operadores del programa de subsidio federal, HACLA se rige por las reglas del HUD.
“Esas reglas incluyen el proceso de desalojos para participantes que no cumplan con los requisitos. Pero la Autoridad de Vivienda no está en el negocio de los desalojos, sino de la vivienda y por ende damos a los participantes tantas oportunidades, incluyendo no solo ofrecer consejería, referirlos a servicios y educación durante el año”.

Agregó que “todas las familias que enfrentan el desalojo han fallado en cumplir con varios intentos de adherirse a las reglas o han cometido actos tan graves al grado de poner en peligro la seguridad y bienestar de otros residentes en la comunidad. Aún así se les da toda la oportunidad de defenderse en una corte”.