Aumenta la impunidad en México
Congreso ve graves violaciones a los derechos humanos en ese país
Cientos de mexicanos marcharon ayer para reclamar información de sus hijos desaparecidos Crédito: AP
WASHINGTON, D.C.- El gobierno estadounidense aseguró ayer ante el Congreso, que México tiene un serio desafío de derechos humanos, ya que su habilidad actual de impartir justicia, es limitada y la impunidad alta.
Así lo declaró Kathleen Fitzpatrick, subsecretaria para la democracia, trabajo y derechos humanos del Departamento de Estado, en la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos (TLHRC).
“Mientras el rol de las fuerzas de seguridad aumentó, se incrementaron las quejas creíbles, de que oficiales de gobierno estaban perpetrando abusos y tortura”, aseguró.
Fitzpatrick, valoró el establecimiento de un marco legal para mejorar la situación de derechos humanos e insistió en que México había tomado pasos para fortalecer el sistema legal. “La impunidad sigue siendo uno de los desafíos más significativos”, resaltó.
Asimismo, destacó que aunque la decisión de la Corte Suprema, en julio de 2011, determinó el encauzamiento de crímenes civiles en cortes de la misma naturaleza, “el proceso aún no se ha institucionalizado”.
Actualmente, el 15% de la asistencia financiera anual entregada por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, dependen de los progresos en el área de derechos humanos, en México.
La retención del año fiscal 2011 – cerca de 18 millones de dólares-, aún está pendiente, hasta que el Departamento de Estado no emita su informe al respecto.
El gobierno de Estados Unidos ha destinado 1,600 millones para la Iniciativa Mérida desde 2007. Aunque Washington nunca ha paralizado los fondos, en septiembre de 2010, el Departamento de Estado, condicionó 26 millones de dólares a dos factores: la implementación de reformas de derechos humanos a la Constitución y una nueva legislación para el código militar de justicia. Tras esto, el gobierno mexicano impulsó cambios en ambos sectores.
El congresista James McGovern (D-MA) consultó a Fitzpatrick si el país está cumpliendo ahora con las condiciones necesarias en el área de derechos humanos, para no condicionar esta asistencia.
La representante del Departamento de Estado, dijo que van a tomar todos los factores en consideración, pero que no especulará respecto a la decisión. Consultada por la prensa, no entregó una fecha específica para la determinación.
Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch pidieron al Congreso que congelara los fondos, ya que México no ha cumplido con los requerimientos necesarios.
“Aunque las reforma legales son importantes, es esencial que se enfrenten los factores subyacentes, en las instituciones mexicanas. La creación de leyes y guías paras las fuerzas armadas sólo son efectivas, si el soldado o policía sabe que los abusos serán investigados y castigados”, aseguró Maureen Meyer, analista de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).
“Retener los fondos hasta que se registre un progreso considerable, enviará un mensaje claro respecto a que Estados Unidos, está preocupado sobre la gravedad de las violaciones a derechos humanos en México”, agregó.
Específicamente, en cuanto al enjuiciamiento de crímenes contra civiles, Nik Steinberg, investigador de Human Rights Watch, detalló que hasta el momento, tan sólo ocho casos han sido transferidos desde cortes militares a civiles, en un universo de 4,000. “Todos comparten responsabilidad en esto, partiendo por el procurador general que no clama la jurisdicción que le corresponde en estos casos”, explicó.
“Creo que los fondos debieran ser retenidos”, dijo McGovern a La Opinión. La Administración es la que finalmente decide, pero como miembros del Congreso podemos expresar nuestro parecer con el Departamento de Estado. Enviaremos una carta explicándoles las condiciones en México y pidiéndoles que hagan cumplir con lo que está estipulado. Trataremos de conseguir apoyo bipartidista para hacerlo”, insistió.
Un apoyo, que por ahora, parece escaso, considerando que la mayoría de los legisladores demócratas y republicanos que integran la comisión estuvieron ausentes de la audiencia.
En México, D.F., integrantes de la “Marcha de la Dignidad Nacional. Madres buscando a sus hijos y buscando justicia” marcharon sobre Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, para pedir que se investigue el paradero de milesde ciudadanos desaparecidos, cuyo número se calcula en más de 5,000 casos desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al menos 300 madres de familia participan en esta manifestación que tiene por objetivo exigir a las au$la creación de bancos de datos sobre los desaparecidos para dar con su paradero y pedir se agilicen las investigaciones en las entidades del país para encontrarlos.
Con la representación de las madres participantes, Norma Ledezma, miembro del colectivo Justicia para Nuestras Hijas, dijo que “México vive en un baño de sangre, de lágrimas, de injusticia, y aunque nos desaparecieron la mitad del corazón, con la otra mitad seguimos luchando”.
Dijo también que “en este 10 de mayo, cuando muchas madres están siendo festejadas, decidimos hacer un homenaje a nuestros hijos e hijas ausentes. Alguien les quitó el derecho de vivir, y tal vez esas personas hoy estén festejando a sus madres”.
