Demandan a la administración Trump para detener los recortes de cupones de alimentos

Catorce estados, incluido California, presentaron una demanda el jueves pasado contra la administración Trump para bloquear una regla que eliminaría los cupones de alimentos para aproximadamente 688,000 estadounidenses.

“Nadie debería tener que elegir entre una comida caliente y pagar el alquiler”, dijo el fiscal general de California Xavier Becerra en un comunicado. “Una vez más, la Administración Trump no ha ofrecido ninguna evidencia legítima para justificar decisiones que tengan consecuencias reales para la salud y el bienestar de nuestros residentes”.

Los estados, Washington, D.C. y la ciudad de Nueva York afirman que la administración Trump no siguió los pasos necesarios para promulgar una regla tan radical. La queja legal es la última en un récord de 65 demandas que Becerra ha presentado contra la administración Trump.

La nueva regla, programada para entrar en vigencia el 1 de abril, requiere que los adultos sin niños deben trabajar al menos 20 horas por semana para recibir cupones de alimentos de manera consistente. En California, eso afectará inicialmente a unos 400,000 californianos, o el 11% de las personas que actualmente reciben cupones de alimentos, según el Departamento de Servicios Sociales del estado.

La agencia de servicios sociales y los departamentos de asistencia social de los condados están luchando para preparar a las personas que podrían perder su dinero mensual de comestibles del Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido en California como CalFresh. Mientras tanto, los legisladores estatales están manejando posibles soluciones que podrían contrarrestar parte de los recortes federales.

 Esto es lo que necesita saber sobre los recortes federales de cupones de alimentos, lo último de la demanda y cómo se está preparando California.

 ¿Qué hace exactamente la regla?

Según la ley federal actual, los adultos aptos menores de 50 años sin hijos dependientes deben trabajar al menos 20 horas a la semana o estar en capacitación vocacional para recibir cupones de alimentos de manera consistente. De lo contrario, solo pueden recibir tres meses del beneficio cada tres años.

Durante una década, los estados y los condados han renunciado a ese límite al demostrar que el mercado laboral local dificultaba que las personas encontraran trabajo. Todos menos seis condados de California: Alameda, Contra Costa, Marín, San Francisco, Santa Clara y San Mateo, tienen exenciones.

La nueva regla federal hace que esa exención sea mucho más difícil de alcanzar en la mayor parte del estado. Una ciudad o condado debe tener una tasa de desempleo de al menos 6% para calificar. California cerró 2019 con una tasa de desempleo en todo el estado de poco menos del 4%.

Se estima que 40 condados de California estarían sujetos al requisito de trabajo de 20 horas a partir del 1 de abril, mientras que 18 condados del centro y del norte se verían libres inicialmente debido a sus mayores tasas de desempleo.

¿Por qué lo hizo la administración Trump?

Cuando anunció la regla en diciembre, el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, dijo que restablecerá la intención original de los cupones de alimentos: “autosuficiencia”.

“Necesitamos alentar a las personas dándoles una mano amiga pero sin permitir que se convierta en una mano indefinida”, dijo Perdue en un comunicado.

Pero los defensores de los pobres rechazan la afirmación de que limitar los cupones de alimentos alentará a las personas a trabajar más, citando evidencia de que los requisitos de trabajo de cupones de alimentos han fallado en otros lugares. La propuesta inicial generó más de 140,000 comentarios públicos, y muchos calificaron la política de obsoleta y cruel.

La administración Trump dice que la regla reduciría $5.5 mil millones del presupuesto federal durante 5 años. Los críticos responden que cada dólar de cupones de alimentos se traduce en $1.54 en actividad económica, según los cálculos del Departamento de Agricultura de EEUU.

¿Por qué los estados dicen que es ilegal?

Los fiscales generales dicen que la regla viola la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley federal que establece los pasos, incluida la notificación al público y los períodos de comentarios, necesarios para establecer nuevas reglas. La demanda de Trump no evaluó adecuadamente el impacto de la regla, ni cómo mitigar sus efectos.

Además, los estados argumentan que la regla desafía la política establecida ya por mucho tiempo y la intención original de la ley de requisitos laborales al eliminar la capacidad de los estados para decidir si los adultos sin hijos deben trabajar dadas las condiciones del mercado laboral local.

“La Regla está en contradicción inequívoca con la intención del Congreso de garantizar la seguridad alimentaria de las personas de bajos ingresos y permitir a los Estados, que tienen una mejor comprensión de sus mercados laborales y condiciones económicas, solicitar exenciones y utilizar exenciones cuando las circunstancias locales o individuales justifiquen un alivio”, dice la demanda.

¿Quién sería el más afectado?

En el primer año, se espera que más de 55,000 californianos pierdan el beneficio, según la oficina de Becerra, que asciende a más de $100 millones en beneficios perdidos. La demanda afirma que las mujeres y las personas de color serían las más afectadas porque enfrentan mayores barreras para el empleo.

Los datos nacionales de subempleo revelan quién podría estar en riesgo. Los adultos afroamericanos  tienen casi el doble de probabilidades que sus homólogos blancos de quedarse sin trabajo o trabajar a tiempo parcial a pesar de que prefieren un horario de tiempo completo. Los hispanos, las personas sin un título de secundaria y los adultos menores de 24 años también enfrentan altas tasas de subempleo.

Otros grupos en riesgo de perder sus cupones de alimentos incluyen personas que viven en la calle, veteranos, personas que acaban de salir de la cárcel o prisión y jóvenes que han vivido en el sistema de crianza, según Jessica Bartholow, defensora de políticas en el Western Center on Law and Poverty.

Para algunos, tener que proporcionar prueba de trabajar 20 horas por semana puede convertirse en un obstáculo.

“Tendrán que atravesar muchos obstáculos para verificar la elegibilidad”, dijo Bartholow. “Mucha gente no trabaja en lugares que regularmente proporcionan una hoja de tiempo impresa”.

¿Qué pasa con otros recortes de cupones de alimentos?

Esta es la primera de las tres propuestas de Trump para reducir los cupones de alimentos. Todos forman parte de un conjunto más amplio de políticas destinadas a reducir la red de seguridad social del país.

Otra propuesta de cupones para alimentos restringiría la capacidad de los estados de aumentar el límite de elegibilidad en ingresos y activos, como lo ha hecho California. El otro establecería un estándar nacional para deducir los costos de servicios públicos del presupuesto de un hogar para determinar la elegibilidad de cupones de alimentos.

Si las tres reglas entran en vigencia, se estima que 3.7 millones de estadounidenses, incluidos unos 625,700 californianos, perderían los cupones de alimentos, según un estudio del Urban Institute.

 ¿Cómo se está preparando el estado para la regla?

Los funcionarios estatales y del condado se están comunicando con todos los destinatarios sujetos a los nuevos requisitos, alertándolos sobre el cambio e introduciendo la mayor cantidad posible en programas locales de empleo y capacitación. A través de esos programas, los adultos afectados pueden mantener sus beneficios de CalFresh.

El condado de Santa Clara se adelantó. Aunque perdió su exención a fines de 2018, la Agencia de Servicios Sociales utilizó exenciones bancarias para evitar tener que suspender a alguien de los cupones de alimentos. Mientras tanto, la agencia ha inscrito a cientos en programas de empleo. Pero el trabajo por delante sigue siendo desalentador: más de 600 residentes podrían perder CalFresh este año si no comienzan a trabajar.

La subdirectora Angela Shing dice que le preocupa que las diversas propuestas federales para reducir los cupones de alimentos estén causando que la gente pierda la fe en su agencia.

“Quiero que la gente se asegure de que si lo necesitan, vengan a la agencia; estamos aquí para servir”, dijo Shing. “Y me temo que muchas de estas nuevas reglas y cambios que están surgiendo están afectando negativamente nuestra capacidad para hacerlo”.

¿Qué más podría hacer el estado?

Los legisladores estatales y los asesores del gobernador están explorando formas en que el estado podría proporcionar una ayuda momentanea si la regla sobrevive a la sala del tribunal.

Durante los primeros meses, el estado planea proteger a las personas de los nuevos requisitos utilizando una acumulación de exenciones de un mes al requisito de trabajo que el estado ha estado promoviendo. Bajo la nueva regla, esas exenciones desaparecerán en el otoño.

Una solución es utilizar fondos estatales para proporcionar cupones de alimentos. Esa es la idea detrás de un proyecto de ley presentado el año pasado por la asambleísta Buffy Wicks, demócrata de Oakland.

Eso podría ser costoso. El estado estima que podría perder hasta $400 millones en fondos federales para CalFresh si las tres reglas propuestas de cupones de alimentos entran en vigencia.

“El estado no está en condiciones de reponer directamente las contribuciones federales escribiendo un cheque de $400 millones”, dijo el gobernador Gavin Newsom hace dos semanas. Pero, agregó, su administración está buscando formas de “minimizar significativamente” ese costo. Dijo que había puesto $20 millones para bancos de alimentos en su presupuesto propuesto por si es necesario.

¿Qué sigue?

Todos los ojos estarán puestos en las cortes. ¿Cuáles son las probabilidades de que la demanda de los estados pause los recortes de cupones de alimentos? Difícil de decir, pero ya se ha hecho antes.

En octubre, la regla de “carga pública” de la administración Trump se suspendió pocos días antes de que entrara en vigencia, luego de que California y otros estados demandaron por motivos similares. Esa regla, que aún se está abriendo camino a través de los tribunales, dificultaría que los inmigrantes legales obtengan tarjetas verdes si usan, o se considera que es probable que usen, asistencia pública.

Jackie Botts es reportera en CalMatters. Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre las salas de redacción que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.