Demandan beneficios migratorios
Proceso representa un desafío a las limitaciones del Gobierno federal
Una demanda colectiva presentada ayer en Los Ángeles en nombre de una pareja lesbiana desafía las limitaciones en beneficios migratorios que la ley federal, en particular la ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act, DOMA) impone a las parejas del mismo sexo aunque estén casadas.
Irma Rodríguez and Jane De León son pareja desde hace 20 años y se casaron legalmente en 2008, pero el Gobierno federal, por medio de las autoridades migratorias, se niega a reconocer su matrimonio para efectos de otorgarle un perdón (waiver) migratorio, para el que por otra parte ha calificado legalmente.
“El objetivo inicial es obtener una orden nacional o acuerdo de parte del Gobierno de Barack Obama para detener la deportación de los inmigrantes en matrimonios del mismo sexo que por otra parte califican para obtener visas”, indicó el abogado Peter Schey, del Centro de Derechos Humanos y Ley constitucional de LA.
Schey dijo que se busca que estas personas puedan quedarse hasta que las cortes tomen su decisión final sobre la ley DOMA, que prohibe que se reconozca el matrimonio del mismo sexo para la obtención de cualquier beneficio legal, incluyendo el migratorio.
La procuraduría de la nación, bajo el actual Gobierno, ha dicho que DOMA es inconstitucional; sin embargo, la aplicación de las leyes y reglas migratorias por el momento excluye a parejas del mismo sexo aunque estén casadas legalmente en estados donde su matrimonio es legal.
Según la demanda, negar estos beneficios a personas legalmente casadas y que han demostrado ser legalmente elegibles a ellos viola la Quinta enmienda de la Constitución.
De León, quien es de origen filipino, vino al país en 1989 con una visa de visitante y se quedó a vivir desde entonces. En 2006, su lugar de empleo la patrocinó para una tarjeta de residencia y la petición fue aprobada, pero se le dijo que debía obtener un waiver o perdón para poder obtenerla, ya que el Gobierno alega que hubo irregularidades cuando entró al país con su esposo en los años 80.
Un waiver requiere demostrar que su deportación crearía un daño extraordinario (extreme hardship) sobre un ciudadano, cosa que su petición sí logró demostrar, pero le negaron dicho permiso porque el Gobierno federal no reconoce el matrimonio legal de esta pareja lesbiana.