Se agudiza el conflicto por las tierras en Honduras

LA CONFIANZA, Honduras (AP).- Los campesinos de La Confianza se ponen en marcha al amanecer. Montados en bicicletas o camiones, se encaminan a plantaciones de palma africana donde recogen la fruta con palos largos llamados “malayos”.

En el trayecto se cruzan con vecinos armados con rifles y ametralladoras, y atraviesan un puesto de control sobre el cual hay un cartel rojo con el rostro del Ché Guevara en el que puede leerse “Tierra liberada por el Muca”, el Movimiento Unificado Campesino.

La comunidad, formada por casuchas de lata y madera, cuenta con un centro de salud, una escuela, una sala de reuniones y un negocio que surte a 380 familias pobres (más de dos mil personas) que trabajan en unas cinco mil hectáreas arrebatadas a uno de los hombres más ricos de Honduras.

No hay luz ni agua corriente, pero sus residentes la describen como una ciudad campesina modelo en la que reina la igualdad y sueñan con construir municipios como este a lo largo y ancho de un país donde 65% de la población vive en la pobreza.

Las ocupaciones de tierras han inspirado actos similares en otros lugares de Honduras, lo que alarma a los empresarios del país y genera temores de una creciente violencia política. La comunidad también se ha convertido en el centro de amplia coalición de izquierdas que ha crecido alrededor del ex presidente Manuel Zelaya desde que un golpe de Estado lo sacó del poder en 2009 y dividió al país.

Se trata de “un proyecto político… un proyecto de vida que tiene que triunfar no sólo aquí, sino en toda Honduras”, dijo Ángel Flores, un albañil de 54 años que es el jefe de construcción de La Confianza. Mientras habla, a poca distancia un par de jóvenes realizan prácticas de tiro con pistolas semiautomáticas.

Las armas a menudo han tenido un papel en la lucha por las tierras que le pertenecían al multimillonario Miguel Facussé. Más de 60 personas, campesinos en su mayoría, algunos de ellos empleados de Facussé, han sido asesinados en los últimos tres años en medio del conflicto en el Valle del Bajo Aguán, según activistas, la policía y la empresa de Facussé.

Zelaya, hijo de una acomodada familia ganadera, alarmó a hondureños poderosos al girar hacia la izquierda después de convertirse en presidente en 2006 y aliarse con el presidente venezolano Hugo Chávez. Fue depuesto por militares armados el 28 de junio de 2009, después de ignorar una orden de la Corte Suprema para cancelar un referéndum en busca de la aprobación para cambiar la Constitución.

El golpe de Estado fue ampliamente considerado como un intento de proteger los intereses de la élite política y empresarial de Honduras, e indignó a los izquierdistas locales, incluidos los movimientos campesinos de larga data, al tiempo que aisló al país de la comunidad internacional.

En medio de la crisis que se generó tras el derrocamiento de Zelaya, miles de campesinos tomaron cerca de 11 mil hectáreas (27 mil acres) de propiedad de la Corporación Dinant, de Facussé, y demandaron la titularidad de los terrenos, donde hay lucrativas plantaciones de palma africana.

De hecho, los terrenos ocupados en algún momento pertenecieron a muchas de las familias que ahora tratan de recuperarla.

El Gobierno dio la tierra a los agricultores que la desmontaron y se establecieron allí en la década de 1970, pero no les permitió vender la propiedad. Los campesinos formaron cooperativas que cultivaron alimentos y otros productos, pero quebraron después de que Honduras abrió su economía a un comercio más libre.

Una ley de 1992 eliminó la prohibición de la venta de la tierra y Facussé se unió a otros hondureños ricos para comprar grandes extensiones. Activistas pro campesinos se quejan de la forma en que se vendió la tierra y dicen que el cambio agravó la desigualdad en un país donde el 72% de los propietarios más pobres poseen sólo un 11.6% de las tierras cultivadas.

Facussé, un graduado de Notre Dame de ochenta y tantos años que es parte de la élite empresarial del país, ordenó plantar las palmeras, que necesitan más de una década para alcanzar la plena producción, y las promovió como un desarrollo respetuoso del medio ambiente que podría producir biocombustibles y combatir el calentamiento global. Una agencia del Banco Mundial otorgó préstamos para respaldar el proyecto.

Después de las primeras ocupaciones, Facussé obtuvo órdenes judiciales para desalojar a los campesinos. Cientos de soldados y policías irrumpieron en el territorio y arrebataron a los campesinos más de la mitad, con frecuencia después de enfrentamientos violentos.

“Los guardias de Facussé nos han estado cazando como a conejos y por eso hemos decidido defendernos”, afirmó Vitalino Alvarez, portavoz del movimiento campesino cerca de la costa del Caribe.

El portavoz de Dinant, Roger Pineda, dijo que “probablemente los campesinos se maten entre ellos en pugnas de poder por el dinero que gestionan tras apoderarse de nuestra palma”.

En abril, tras una emboscada contra una patrulla militar que dejó un saldo de cinco soldados heridos, René Osorio, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, dijo que “campesinos armados entrenados por Venezuela y Nicaragua” operaban en la zona.

Álvarez, quien porta una pistola para la cual tiene licencia, niega cualquier papel en la emboscada, o que reciban apoyo del exterior.

“Estamos armados, sí, pero por pura autodefensa”, aseguró. “Defenderemos esta tierra con todos los medios a nuestro alcance”.

Al final, el Gobierno dio marcha atrás a los desalojos y dijo que sería muy difícil sacar a los cinco mil campesinos en el Valle del Aguán. En su lugar, ofreció el año pasado comprar el terreno y venderlo de nuevo a los trabajadores.

Los líderes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán de Alvarez firmaron un acuerdo con el presidente hondureño Porfirio Lobo el mes pasado. Según el pacto, los agricultores deben recibir la mayor parte de la tierra que aún mantienen y pagar al gobierno 16 millones de dólares a través de un préstamo de largo plazo con bajos intereses.

Sin embargo, las órdenes de desalojo permanecerán en vigor porque el Gobierno no pudo cumplir el plazo fijado para el 8 de febrero para pagarle a Dinant por la propiedad, dijo Pineda, el portavoz de la compañía.

Pineda afirmó que las tierras ocupadas por los campesinos en el Bajo Aguán representan el 50% de las plantaciones de palma africana que la empresa tiene en el Valle y el 25% de todas sus plantaciones en el país. “Si no cobramos el dinero que se nos adeuda, nos vamos a la quiebra”.

Los campesinos, por su parte, se han apoderado de más tierras, y están inspirando tomas de otros hondureños pobres, que han ocupado miles de hectáreas (acres) en otros lugares.

“Cumpliremos con el acuerdo para evitar que haya más violencia”, dijo Álvarez. Aseguró que pagarán al Gobierno por la tierra, pero añadió que “la lucha continúa”, y que ocuparán más terrenos.

Los conflictos ya han llevado a los bancos internacionales a cancelar grandes préstamos, mientras que los empresarios temen que el asunto podría dañar aún más una economía que depende fuertemente de las exportaciones agrícolas.

El azúcar y la palma africana son la columna vertebral del sistema productivo de Honduras, por lo que los ataques contra ellos implican una confrontación política y simbólica, dijo Guillermo Matamoros, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, una asociación profesional.

Señaló que el Gobierno, aún marcado por la condena internacional del golpe de Estado, es demasiado tímido para poner fin a las tomas por temor a desatar un enfrentamiento armado. El presidente Lobo, afirma Matamoros, no quiere que la comunidad internacional lo acuse de ser un opresor.

Pero añadió que la inacción también podría conducir al derramamiento de sangre, pues si los agricultores siguen tomando tierras y el Gobierno no defiende la propiedad privada, el escenario resultante fomenta la violencia.

El movimiento es una rica fuente de apoyo potencial a Zelaya, quien regresó al país el año pasado y lanzó su propio partido político, apelando a una coalición que abarca desde maestros de escuelas públicas hasta enfermeras y campesinos.

Se espera que la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, sea la candidata de su partido a la presidencia en las elecciones de 2013, mientras que él busca convertirse en congresista.

Mientras tanto, en La Confianza, los campesinos construyen, según Flores, “un modelo socialista en el que no se menciona la palabra socialismo”.

Los residentes ayudaron a construir las nueve calles y 10 avenidas polvorientas de la comunidad, junto con el centro de salud y otras instalaciones. Viven en casas sencillas en lotes del mismo tamaño.

Jonny Rivas, otro líder del movimiento, dijo que todos los residentes de La Confianza trabajan y son socios a partes iguales de varias empresas asociativas campesinas que explotan comercialmente la palma africana. Los líderes del movimiento dicen que el negocio produjo cerca de 3 millones de dólares el año pasado.

“La lista de espera para ingresar al movimiento es inmensa”, dijo Rivas. Agregó que no los pueden aceptar debido a que no tienen suficiente tierra.

Álvarez señaló que la situación sigue siendo peligrosa. Cualquier desalojo, dijo, “podría derivar en un conflicto que nadie desea, porque sería imposible de detener”.