Enjuician a cuatro de FARC
Condenados a recibir hasta 30 latigazos ante los pobladores
Un miembro de la guardia indígena lleva a uno de los cuatro supuestos milicianos de la guerrilla de las FARC capturados por ellos. Crédito: EFE
BOGOTÁ, Colombia (EFE).- El pueblo nasa de Colombia ejerció ayer su derecho a la jurisdicción especial indígena y sometió a juicio a cuatro supuestos guerrilleros de las FARC detenidos por “desarmonizar”, quienes recibieron públicamente el “remedio” del látigo en hasta 30 ocasiones.
Una audiencia de un millar de integrantes de cabildos y resguardos nasa del convulso departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, tomó la decisión por unanimidad de someter a 10 latigazos al procesado menor de edad y a 30 “fuetazos” a los otros tres subversivos adultos.
El proceso, reconocido por la Constitución colombiana de 1991, se celebró en un colegio del municipio de Toribío, y se extendió por unas tres horas, durante las que la comunidad aborigen determinó cuál era el mejor “remedio” para los reos, también nasa, que en el marco del agudizado conflicto iban a atentar contra ellos.
Esta etnia no entiende los “remedios” como castigos, sino como una acción que les permite que armonicen de nuevo su relación con la comunidad y con su espíritu.
Marcos Yule, gobernador del resguardo de Toribío, explicó a Efe que las penas que habitualmente se aplican bajo la ley indígena son el cepo, una estructura de madera en la que les apresan de pies o manos, el enterramiento con la cabeza fuera, el “fuete para sacudir la enfermedad, el aconsejar y hasta el destierro”.
Los cuatro milicianos fueron fustigados en la mitad inferior del cuerpo, lo que causó fuertes heridas en sus piernas posteriormente tratadas por los promotores de salud de la comunidad.
“Los adultos recibieron los 30 [latigazos] pero el menor de edad no resistió los 10 y se le bajó hasta la mitad, 5, porque lleva menos tiempo y tiene 16 años”, indicó Yule.
Después, las autoridades les aconsejaron “que dejen esa vida y vuelvan como civiles a sus resguardos”, y los entregaron a sus familias, “incluido el mestizo, que tenía algunos familiares” presentes en la audiencia.
En pleno proceso, según relató Yule, “las familias querían impedir que se les sancionara” y se confrontaron a los gobernadores, lo que impidió la guardia indígena, que los sacó del recinto.
Los condenados estaban retenidos desde el miércoles, cuando guardianes nasas los sorprendieron con fusiles y explosivos que la comunidad decidió incinerar.
Estos hechos se enmarcan en el repunte del conflicto armado interno que vive el Cauca desde principios de mes, lo que colmó la paciencia de los nasas o paeces y les llevó a emprender la expulsión de sus territorios sagrados que afecta tanto a policías y militares como a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Parte de esa campaña ha sido el desalojo el martes de un centenar de soldados que ocupaban una base militar en el cerro sagrado de Berlín, luego retomado por la Policía Nacional, así como la persecución de guerrilleros para que abandonen sus campamentos.
El pasado jueves, tras dos días de acercamientos, el Gobierno colombiano y los indígenas del Cauca acordaron iniciar el lunes una “discusión de fondo” para buscar soluciones a la situación de violencia y orden público que padecen en esa región, habitada en buena parte por aborígenes.
Los nasa han hecho gala de su resistencia pacífica armada sólo con un bastón de mando desde tiempos de la colonia y desde entonces han tratado de convencer a todos los actores del conflicto de que lleven su pelea fuera de sus territorios ancestrales.
Durante el juicio y a tan sólo una hora de camino, en el caserío de El Palo, las FARC y el Ejército de Colombia se enfrentaban a disparos desde horas de la madrugada, en un fuego cruzado que acaba de cesar y que mantuvo en vilo a los vecinos de ese corredor, que permanecieron encerrados en sus casas.
Mientras, en la capital caucana de Popayán se celebró el relevo del general Miguel Pérez por el mayor general Jorge Alberto Segura Manonegra al frente de la Tercera División del Ejército, decisión de los altos mandos que coincidió con la muerte de un indígena a manos militares el pasado miércoles.
Segura Manonegra advirtió que los “grupos indígenas que están participando en las diferentes asonadas colocan en peligro los recursos que por fin comienzan a destinarse a esta región y que se encuentran disponibles para la solución de muchas necesidades sociales y económicas”.
