Confusión e la frontera luego de la suspensión, por horas, del programa MPP
Inmigrantes no sabían que hacer, unos querían entregarse a las autoridades, otros querían saber qué pasaría con los que ya tienen cita en la corte.
“Mirá, yo sí me voy a tirar”, dijo un migrante nicaragüense al enterarse de que una corte había suspendido el programa que ha mandado a 60 mil solicitantes de asilo a la frontera mexicana.
“Están diciendo que ahora vamos a esperar en los Estados (Unidos), hay que aprovechar”, insistió el migrante. “Yo sí me voy a tirar”, a cruzar la frontera para entregarse, decía, entre un barullo de familias y migrantes en el refugio Juventud 2000 de Tijuana.
“Hasta las 7 de la noche, todo estaba en calma, todo tranquilo; pero para las 8 todos en el albergue estaban muy inquietos; unos se querían ir a saltar el muro, otros a entregarse a la garita”, dijo a La Opinión el administrador del refugio, José María “Chema” García Lara.
A las 8:30 de la noche, algunos padres de familia caminaron unas tres millas a la garita peatonal El Chaparral. Ellos querían saber qué pasaría con quienes tenían cita ante la corte/
Otros dijeron que buscarían algún sitio por donde pudieran cruzar la frontera a entregarse. Unos más seguían sin saber qué decidir.
“Por suerte los abogados de dos de ellos les enviaron correos electrónicos en que les explicaban que tenían que permanecer tranquilos”, dijo Chema, “que no sabían todavía que iba a pasar y que la decisión de la corte podría cambiar”.
La corte, de hecho, cambio su decisión, al informar unas horas después que “frenaba” su determinación anterior, precisamente por el caos que originó el anuncio de que se suspendía el programa.
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había cerrado para entonces puentes fronterizos en Texas y desplegó oficiales con equipo antimotines.
Varias garitas en Texas fueron cerradas apenas unas dos horas después del anuncio de la Novena Corte de Circuito de Apelaciones en San Francisco.
En San Diego, CBP regresó a Tijuana a docenas de migrantes que habían cruzado la frontera en la madrugada para asistir a audiencias en la corte de migración el pasado viernes.
El sábado en la mañana los refugios pasaban lista para cerciorarse si hubo migrantes que se aventuraron a intentar cruzar la frontera.
Unas 90 personas, incluidos niños, esperaban la mañana del sábado cerca de la garita El Chaparral para saber si era su turno para cruzar a solicitar asilo a San Diego, pero nadie pasó en el día.
“Vine (a El Chaparral) con dos familias nicaragüenses, una señora con siete niños y otra con dos niños, pero no pasó nadie ni nos informan si el lunes van a poder pasar”, dijo el pastor Albert Rivera, del refugio Ágape para migrantes.
Para pasar de Tijuana a San Ysidro a pedir asilo, los migrantes se anotan conforme llegan en un registro informal que guardan autoridades migratorias mexicanas. Cada mañana CBP informa a su similar en México el número de personas que puede pasar, y el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración coordina el paso de esos migrantes.
Un agente del Grupo Beta dijo a condición de anonimato que CBP no informó el sábado si pasarían migrantes. “Vamos a esperar al lunes (hoy) a ver si nos coordinamos nuevamente; por ahora no tenemos de parte de ellos ninguna comunicación”, dijo el oficial.
Tampoco respondieron a solicitudes de La Opinión ni CBP ni la patrulla fronteriza.
La abogada Nicole Ramos, de la organización Al Otro Lado, informó a La Opinión que las dos partes entregarán argumentos escritos a la misma Novena Corte de Apelaciones el lunes y el martes.
Nadie sabe qué pasará con los migrantes o sus peticiones tal vez hasta el miércoles.
La determinación de suspender el programa fue por una demanda colectiva que interpusieron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Sureño Legal para la Pobreza, y el Centro de Estudios sobre Refugiados y Género.
También representó al Centro de Recursos Centroamericanos, al Centro Legal de la Raza, la organización de asistencia legal Al Otro lado, a la Escuela de Leyes de Migración de la Universidad de San Francisco y a la Clínica de Defensa ante Deportaciones.
Todos esos grupos apoyaron once migrantes –representantes de los 60 mil enviados a México—que, mientras aguadaban en la frontera mexicana fueron víctimas de violaciones, secuestros, maltratos y asaltos.
El viernes, poco después de que la corte de apelaciones suspendiera temporalmente el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como “permanecer en México”, la organización Derechos Humanos Primero (Human Rights First) reportó que en 13 meses del programa van más de mil denuncias de ese tipo.
“Human Rights First ha recopilado más de 1,000 informes públicos sobre secuestros, torturas, violaciones y agresiones contra solicitantes de asilo. Este recuento de los ataques contra los repatriados incluye al menos 228 casos de secuestro o intento de secuestro de niños reportados públicamente que regresaron a México”, dice el reporte.