Brutalidad policial le sale cara a ciudad

Además de los 50 millones de dólares por los que está siendo demandada la ciudad de Anaheim tras la muerte de Manuel Díaz, cuando el 21 de julio fue baleado por policías locales, una nueva demanda por la supuesta brutalidad policíaca con la que actuaron en una protesta le costaría a los contribuyentes otros dos millones de dólares.

El abogado James Segall-Gutiérrez entregó ayer al administrador de la ciudad una copia de la demanda por la presunta brutalidad policíaca que padecieron dos de sus clientes que participaban en la protesta del mismo día en que mataron a Manuel Díaz en el barrio latino de Anna Drive.

Cinco días después de la muerte de Manuel Díaz, la familia interpuso una demanda por 50 millones de dólares, lo que representa el 41.6% del presupuesto anual del Departamento de Policía de Anaheim (APD) que es de poco más de 120 millones.

Ahora el abogado de dos manifestantes está exigiendo un millón de dólares para cada uno de sus clientes como indemnización por lesiones y trauma psicológico.

“Mi cliente Jesús Reyna recibió una bala de goma en su brazo derecho mientras que el otro (Víctor González) tuvo que correr, las balas de hule le pasaban cerca y los perros detrás de él, gracias a Dios que nada físico le pasó, pero está con problema psicológico, con un trauma por lo que pasó”, aseguró Segall-Gutiérrez.

Ningún representante de la ciudad estuvo disponible para comentarios. La persona que recibió la copia de la demanda dijo no estar autorizado para hablar con la prensa, pero que el fiscal revisaría el caso.

Jesús Reyna y Víctor González son residentes del este de Anaheim (East Side), donde está concentrada la comunidad latina quienes al enterarse de la muerte de Manuel Díaz acudieron al barrio de Anna Drive a protestar por lo sucedido.

“Pero llegó la policía de Anaheim y comenzó su brutalidad, disparando balas de goma, soltando un perro y dando macanazos a mucha gente, igual como pasó en MacArthur Park de Los Ángeles”, dijo el abogado.

Sus clientes, indicó, se sienten intimidados por los policías que patrullan el área. “Sienten miedo de la policía, están traumados, dejaron de hacer cosas que hacían antes y están sufriendo con sus familias.

“Fue injusto, ellos no vinieron al City Hall a quebrar ventanas, ellos estaban frente a sus casas protestando y los policías hicieron eso”.

Reconoció que el monto de la indemnización es elevado, pero consideró necesario para poner un alto al acoso policíaco que padece la comunidad latina.

“Esto es lo que pasa en ciudades donde la mayoría son chicanos o mexicanos, pero los que gobiernan son anglosajones, y eso es porque no hay democracia, es como un nuevo apartheid”, mencionó.

A la muerte de Manuel Díaz le siguieron cuatro días consecutivos de protestas por parte de la comunidad latina que al final se tornaron violentas y con disturbios que provocaron daños a comercios del centro de la ciudad.

Analistas indicaron que esas protestas fueron producto de la falta de representación política en una ciudad con 53% de población latina y sin ningún funcionario electo de origen hispano en el Concejo Municipal.

A finales de junio, un mes antes de la muerte de Manuel Díaz, la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) demandó a la ciudad al considerar que están violando los derechos civiles de los latinos por no tener representación política debido al sistema de elección existente.

ACLU ha pedido que se creen distritos electorales para que los barrios latinos puedan votar por sus propios representantes.

Sin embargo, el Concejo de la Ciudad ha decidido pelear el caso en los tribunales, lo que podría generar otro golpe al bolsillo del supuesto lugar más feliz de la Tierra.