Pequeños propietarios de vivienda de alquiler temen a la proposición 21

Gustavo González, propietario de dos edificios de alquiler en San José, hijo de inmigrantes mexicanos, trabajó hasta tres empleos para ahorrar dinero y comprarse dos pequeños edificios de apartamentos en San José al norte de California.

“Hace 20 años compré con la esperanza de que un día pudiera usar ese dinero para pagar la universidad de mis hijos, mi retiro y vivir cómodo de alguna manera”.

Sin embargo, la posibilidad de que la proposición 21 sea aprobada en las elecciones de noviembre, le genera mucho miedo porque considera que no va a poder dar el mantenimiento que requieren sus edificios, y eso afectará la calidad de vida de sus inquilinos.

De ser aprobada por los votantes la propuesta 21, permitiría a los gobiernos locales adoptar un control de renta en las unidades de vivienda, excepto para las que fueron ocupadas por primera vez en los últimos 15 años, y para aquellas propiedad de personas que no poseen más de dos unidades con títulos separados como condominios, algunos dúplex y las casas para una sola familia.

“Probablemente tendré que vender a los grandes inversionistas con capital. Esto no va a ayudar a los inquilinos porque van a perder el trato familiar al quedar en manos de una corporación que tienen un estilo administrativo completamente diferente”, dice Gustavo.

Pero además esta medida electoral le genera mucha confusión. “Para gente como yo, va a ser una pesadilla averiguar qué necesito seguir y cómo permanecer dentro de las nuevas leyes. Ya tenemos un control de renta en la Ciudad y otro en el estado”.

Eso sin contar con que sus hijos – dice – nunca se podrán mudar de la casa paterna porque no hay nada que puedan pagar. “Hay pocas vacantes o cero; y por eso tenemos cada vez menos”.

“En la actualidad el precio promedio de un departamento en el condado donde vivo es de $1.3 millones. No hay manera de que mi hija que se va a graduar en tres años pueda comprar en esta área”. 

Agrega que necesitan políticas y reglas que ayuden a desarrollar vivienda, en tanto la proposición 21 hace lo opuesto. “En San José hay un impulso para que se construyan pequeñas casitas junto a la tuya para crear más abasto, pero se encontrarán con que van a estar bajo un control de rentas”. 

Y reveló que el costo promedio del alquiler por una recámara en el Sillicon Valley es de $2,100 mientras que él cobra de renta $1,300. “Estoy feliz de apoyar a las familias que ahí viven porque son trabajadores como mi madre y padre cuando vinieron a este país”.

Pero mantener esas rentas cuando un inquilino se vaya, lo aniquilará en términos de mantenimiento del edificio.

“Así que esta parte para controlar las unidades vacantes es desastrosa para personas como yo. Solo espero y rezo para que esto no pase porque va a crear edificios de apartamentos muy malos en el estado de California”.

La medida 21 es patrocinada por Michael Weinstein de la Fundación AIDS Healthcare quien hace dos años perdió un intento por conseguir que pasara esta misma proposición en las elecciones en California, pese a que gastó $90,000 millones.

Deb Carlon, vicepresidenta de asuntos de gobierno de la Asociación de Apartamentos de California, dice que la proposición 21 es la misma mala idea de lo que fue hace dos años cuando perdió con 20 puntos porcentuales.

“Creemos que hará la problemática de la vivienda aún más difícil de lo que ya está, porque no hará nada para prevenir los desalojos que California enfrenta como resultado de COVID-19”.

Y enfatiza que no hay algo en la proposición 21 para construir ni una sola unidad de vivienda accesible en el estado.

“Eso dañará a las minorías y a las familias de bajos ingresos”.

Tampoco hay nada en la proposición 21 que tenga que ver con el desamparo.

“De hecho, puede llevar a un mayor aumento porque habrá menos vivienda accesible si la proposición 21 pasa”.

La Oficina del Analista Legislativo – dice – estableció que la proposición 21 costará a las comunidades cientos de millones de dólares que no pueden darse el lujo de perder ahora, y disminuirá el valor de las propiedades.

“Los propietarios, especialmente la gente de las minorías no pueden ver el valor de sus propiedades caer, y hará más difícil para ellos encontrar viviendas accesibles porque habrá menos”.

Por ejemplo – menciona – los propietarios de una sola vivienda pondrá sus casas en el mercado porque no pueden ganar nada al rentarla. Estudios han probado que esto ha pasado en otros estados”.

Concluye diciendo que la proposición 21 es una ley mal redactada; y no están exentas las viviendas unifamiliares que se mantienen en fideicomiso, las cuales representan aproximadamente una tercera parte en California. 

María Salinas, presidenta de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, afirma que desde el punto de vista de los negocios, lo más importante es su fuerza de trabajo, y lo que más le impacta es el costo de la vivienda.

“No es un secreto que necesitamos aumentar el abasto, y esta proposición es un impedimento para que puedan pagar por un techo accesible y vivir en Los Ángeles”.

Steve Maviglio, consultor demócrata, dice que han hecho algunas encuestas privadas que les indican que la proposición 21 tendrá una suerte similar a la vez pasada.

Cuestionado sobre el apoyo de Bernie Sanderns, Dolores Huerta, ACLU, el partido Demócrata, Maviglio dice que entienden que es algo en lo que la extrema izquierda cree y es una manera de motivar a sus votantes.

“Entendemos, pero también tenemos de nuestro lado a grupos de izquierda  y a muchos legisladores electos que son progresistas, cuyos representados son 90% inquilinos”.