Los desalojos de vivienda por COVID-19, una amenaza alarmante

Alberto José Pérez está preocupado porque los dueños de la vivienda que habita en el barrio de Lincoln Heights en el condado de Los Ángeles, le dieron un ultimátum para que desocupara el lugar en el que ha vivido durante 11 años.

“No fue una notificación del sheriff sino una carta que el dueño le entregó a mi esposa para que yo me salga”,  dice Alberto José.

Debido a la alarmante amenaza que representa la posibilidad de desalojos a consecuencia de la grave crisis económica que trajo la pandemia del coronavirus, La Opinión publicará en los siguientes tres días una serie de artículos sobre diferentes ángulos de la incertidumbre que viven cientos de miles de inquilinos quienes al no poder pagar la renta no saben si terminarán viviendo en la calle.

De acuerdo al Instituto Luskin de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), hay 491,000 inquilinos en el condado de Los Ángeles que no han podido pagar la renta debido al desempleo que trajo la pandemia del coronavirus. Luis y su esposa no pueden pagar la cantidad adicional que por debajo de la mesa les pide el dueño del apartamento que habitan, ya que la renta es pagada por el gobierno a través de la sección 8, un programa que asiste a personas de bajos ingresos para el alquiler de vivienda.

“Nuestras comunidades están bajo la amenaza de un tsunami de desalojos. Los funcionarios electos nos han dado solo un parche de protecciones legales. La gente está cayendo a través de las grietas de esas disposiciones”, dijo Elena Popp, directora de Eviction Defense Network, una organización de defensa legal de inquilinos con sede en Los Ángeles.

Desde hace 11 años, Alberto José vive con su esposa y un hijo ahora de 16 años, en dos cuartos de alquiler en la parte trasera de una casa.

“Mi esposa fue beneficiada con la sección 8, y el gobierno le paga $1,500 mensuales a los dueños. Ella solo paga $2 porque ni ella ni yo tenemos empleo debido a la pandemia”, dice.

Sin embargo, Alberto José dice que aunque los propietarios del inmueble siempre supieron que él vivía ahí, nunca  cuestionaron su estancia en el lugar, hasta que llegó la pandemia de COVID-19.

“Nos pidieron que les pagáramos $250 por debajo del agua y por encima de lo que les paga la Sección 8″.

Alberto José y su esposa se negaron a darles un ingreso adicional debido a que se quedaron sin empleo a causa del coronavirus.

Como consecuencia, los propietarios le entregaron una carta con el ultimátum de 30 días para abandonar el inmueble por estar ahí ilegalmente. “Nosotros ya le comunicamos a la sección 8 lo que está pasando, y hemos tratado de buscar otro lugar donde irnos, pero todo está muy caro”, dice.

Mientras tanto se sienten acosados por los propietarios.

“Nos repiten una y otra vez que ese lugar donde vivimos lo podrían estar rentando por más dinero. Que un lugar así cuesta más en el mercado. En realidad quieren que nos salgamos para rentarlo más caro”.

Alberto José fue a asesorarse a las oficinas del sheriff de Pasadena, y le dijeron que los dueños no pueden sacarlo sin antes llevar el caso a la corte.

Sin embargo, reconoce que se siente atado de manos y para evitarse problemas está en busca de un lugar donde quedarse, pero a falta de un empleo estable se le dificulta encontrar una morada.

 “No quiero que vayan acusar a mi esposa de fraude o nos vayan a echar a todos”.

Caen solicitudes de desalojos

De acuerdo a datos de la Corte Superior de Los Ángeles, el año pasado se presentaron 40,572 solicitudes de desalojo mientras que este año debido a la pandemia, entre enero y junio cayeron a 9,704.

En 2018, se presentaron 42,472 solicitudes de desalojo; en 2017, 45,602; en 2016, 49,178; y en 2015, 52,924. En 2009, el año que la recesión económica golpeó al país, se solicitaron un número récord de 71,530.

La abogada Popp, directora de la Red de Defensa de los Desalojos, lamenta la falta de protecciones bajo el Acta de Alivio para los Inquilinos, la nueva ley estatal AB 3088, la cual requiere que paguen por lo menos el 25% de la renta entre septiembre 2020 y enero de 2021 a fin de no ser desalojados.

“5.4 millones de inquilinos están en riesgo de desalojo desde este mes porque el gobernador falló en usar su poder para protegerlos”.

Dice que lo único que ha protegido a los californianos fue la Regla 1 que el 6 de abril promulgó el Consejo Judicial de California, que prohibía a las cortes del estado emitir órdenes de desalojo durante la duración de COVID-19; y por 90 días después del estado de emergencia.

“Esta orden es la única moratoria de emergencia en el estado que redujo el número de desalojos en el condado de Los Ángeles. En 2019 había un promedio de 3,381 al mes. Bajo la Regla 1, este año hemos tenido 350”.

Desafortunadamente esta moratoria terminó el 1 de septiembre.

¿Qué podemos esperar?

Popp anticipa que vamos a ver una avalancha de desalojos que potencialmente va a desplazar a 491,000 familias solo en el condado de Los Ángeles.

 “Esto aumentará el desamparo, la gentrificación y la probabilidad de más casos de COVID. Esto es más que una crisis de vivienda, pone a la salud pública en grave riesgo”.

La abogada considera que el tema de la renta de alquiler es de vida o muerte. 

“Necesitamos legislación que preserve la Regla 1 para que no haya desalojos durante la pandemia, y por 90 días después”.

Señala que el 6 de abril, el Consejo Judicial puso un torniquete en la herida a un paciente que estaba sangrando cuando estableció la Regla 1. 

“Tristemente el gobierno no atendió la infección – la deuda -. El gobernador vio al paciente – el inquilino – y le dijo: Guau, qué herida más horrorosa en relación a la renta sin pagar. Oye, gobierno local te doy poder para que te encargues – de resolver el problema- . El gobierno local miró al paciente, al inquilino que no paga la renta y le puso unos parches encima del torniquete. El Consejo Judicial advirtió al gobernador y a la legislatura en junio y julio que el torniquete se estaba rompiendo”.

En suma, Popp sostiene que necesitamos un torniquete en forma de una moratoria de desalojos que prohíba la presentación de solicitudes de desahucios.

Propietarios de vivienda en aprietos

Un análisis de la Universidad de California en Berkeley estima que cerca de 1 millón de inquilinos han perdido su empleo debido a la pandemia, y 25% de los pequeños caseros, aquellos que manejan menos de 20 unidades han tenido que pedir prestado para cumplir con el pago de sus hipotecas, servicios y otros costos.

Agustín Pradillo renta desde hace varios años una vivienda en San Bernardino por $2,000 cada mes. Pero también es inquilino en el condado de Orange. Así que es juez y parte en materia de vivienda.

“Con el alquiler pago la hipoteca; y con lo que me sobra me ayudo para pagar mi propia renta”.

Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, su inquilino le ha pagado el alquiler de manera tardía. 

“En agosto ya solo me dio $500; y este mes, nada”, dice.

Esta situación lo mantiene verdaderamente angustiado y frustrado.

“Los arrendatarios no somos beneficencia pública. Algunos hicimos una inversión al comprar una vivienda para contar con un ingreso durante nuestra etapa adulta, pero cuando el inquilino deja de pagar la renta, nos pone en aprietos económicos”.

Y se lanzó contra el gobernador Gavin Newsom por aprobar la ley AB 3088 que autoriza a que los inquilinos paguen solo el 25% de la renta entre septiembre y enero. “Cobija a unos y descobija a otros”.

Reconoce que los bancos con quienes tienen las hipotecas les han prometido esperar y no les están cobrando intereses ni cobros por pagos tardíos, pero la deuda ahí está. “No solo no avanzamos con el pago de la hipoteca sino que nosotros dejamos de percibir un ingreso para sobrevivir”.

Le preocupa que cuando la ley de Newsom termine el 31 de enero de 2021, tengan que llevar a los inquilinos a corte por falta de pago. “¿Cómo van a responder con la deuda si no tienen propiedades?”.

De acuerdo a Pradillo, con la nueva ley AB 3088 que obliga a los inquilinos a solo pagar un cuarto por ciento de la renta, todos pierden.

“Tampoco estoy de acuerdo en que nos pongan a los dueños de vivienda de renta como malvados y desgraciados. No estamos en este negocio para desalojar a nadie. Yo no quiero sacar a la gente de mi casa, pero qué haces si no te pagan la renta en seis meses. Existe la percepción equivocada de que los caseros somos millonarios, pero yo necesito dinero igual que los inquilinos”.

Bajo el Acta de Seguridad Económica, Alivio y Ayuda para el Coronavirus (Cares Act), los propietarios de inmuebles con hipotecas apoyadas por el gobierno tienen derecho a 180 días de aplazamiento de los pagos y una extensión de 180 días para dar un total de un año. Esto no significa un perdón de deudas, pero los cobros por no pagar a tiempo sí son perdonados; y no necesitan presentar documentación para probar su caso.

Al principio de la pandemia, la oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano encontró que más de una docena de bancos con hipotecas respaldadas por el gobierno federal, estaban proporcionando información confusa e inconsistente sobre el plan de aplazamiento de la deuda.

No se pierda en la versión impresa: Vivir en a calle, un miedo desde antes de la pandemia, el próximo miércoles 30 de septiembre. Y el viernes 2 de octubre: Inmigrantes, los más expuestos a los desalojos.

2da parte: El miedo al desalojo agobia a inquilinos desde antes de la pandemia

3ra parte: Inmigrantes indocumentados entre los más expuestos a los desalojos