Agente latino presenta demanda contra el LAPD

En 2015, varios agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) aparecieron en un noticiero local con las voces distorsionadas y los rostros encubiertos —para cuidar su identidad y protegerse de represalias— y explicaron cómo las supuestas acciones de esa entidad aumentaron las filas de la División Metro con más miembros.

Indicaron que ello ocurrió muy rápido y que los nuevos agentes no tenían entrenamiento apropiado y esto arriesgaba la vida de los policías y el público.

Hoy, cinco años después, Mario Fernández, quien lleva 14 años de trabajo en el LAPD, entabló una demanda contra la agencia, alegando que fue despojado de su arma, de su placa y que fue reasignado a labores en su casa por no producir suficientes arrestos relacionados con pandillas.

Fernández, un agente de Policía de grado III, era miembro de una unidad de élite, cuenta. En 2015 fue asignado a un puesto codiciado en la División Metro donde obtuvo evaluaciones de desempeño “estelares” y grandes elogios por su trabajo.

Luego pasó al Pelotón de élite de la División C de Metro de LAPD, una unidad dedicada a la supresión del crimen.

Inicialmente, lo enviaron a las divisiones de la Oficina Sur, rotó de lugar pero el demandante terminó trabajando en la División Van Nuys.

Sin embargo, de acuerdo a la querella, su carrera se vio “dañada irreparablemente” cuando aparentemente el LAPD comenzó a tomar represalias en su contra desde enero de este año.

A Fernández lo despojaron de su placa de policía y ha bajado de grado, según indica la demanda que presentaron sus abogados en la Corte Superior de Los Ángeles.

“Revisaremos la queja y, por ahora no habrá más comentarios”, dijo Rob Wilcox, portavoz de la Oficina del Fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, a quien La Opinión le pidió una reacción sobre este caso.

La querella también indica que en 2015, el en ese entonces era jefe del LAPD —Charlie Beck— Fernández y otros agentes fueron presionados para producir estadísticas de delitos específicos.

Por ello, el demandante alega represalias que violan el Código Laboral de California y pide una compensación monetaria no especificada.

“En este momento no sabemos qué pasará, pero lo que sí queremos es que se limpie su nombre”, dijo a La Opinión el abogado Matthew S. McNicholas, representante de Fernández.

“[Mi cliente] tiene 14 años de trabajo impecable en el LAPD y este error hacia él tiene que corregirse”.

La aparente petición de cuotas de trabajo

Los superiores del policía esperaban que él y sus compañeros que arrestaran a más pandilleros, confiscaran más armas, e hicieran más entrevistas de campo con miembros de grupos delincuenciales, describe la demanda.

Dichas tareas eran parte de la expansión de la División Metro del LAPD.

“El mensaje claro del departamento y de sus diversos niveles de personal de mando para el demandante era que debía de producir más arrestos que involucraran a gánsteres y armas”’, especifica la demanda.

La petición para un mayor número de arrestos se “repitió… De manera continua”, indica la queja legal.

Aquellos policías que cumplían con esos requerimientos tenían más probabilidades de ser promovidos, señala la demanda. Una copia de esta fue proporcionada a La Opinión.

La queja alega que el LAPD y su comando hicieron eso “para verse bien ante el público”.

Si un agente de la División Metro pasaba más de uno o dos días sin producir un arresto por pandillas o armas, los comandantes le “dejaban en claro que era necesario aumentar la producción”, agrega el documento legal.

“Esto no me sorprende; es típico del LAPD”, declaró el abogado McNicholas. “Ellos hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren; pero cuando cometen algo malo, hacen lo mínimo y solo para quedar bien ante el público”.

“Amenazas” y “castigos”

El abogado McNicholas representa a otros dos agentes que aparentemente fueron “amenazados” o “castigados” con ser sacados de su área de trabajo y ser enviados a labores administrativas si sus arrestos de pandilleros o incautación de armas relacionadas a pandillas no eran suficientes.

La demanda sostiene que el supuesto requisito de un número específico de arrestos viola las leyes estatales y potencialmente el debido proceso y los derechos constitucionales de las personas pero que, a pesar de ello, “el comando del LAPD y Metro hicieron claras sus exigencias”.

En enero de 2020, se le habría notificado a Fernández y al menos a otros cuatro agentes la intención de pedirle sus armas y placas, y se les ordenó trabajar desde sus casas.

La demanda asegura que el policía Mario Fernández no recibió ninguna explicación sobre esta decisión. Fernández continúa trabajando desde su casa, pero no ha sido degradado de puesto, indica la demanda.

Él cree que el LAPD no siguió adelante porque quienes toman las decisiones “se dieron cuenta de que actuaron apresuradamente… Y para un propósito indebido que es contrario a la ley, pero no sabían qué hacer”.

Autoridades del LAPD creían que Fernández y sus compañeros de Metro habían revelado o pudieran revelar información sobre los objetivos de los arrestos y concluyeron que la mejor manera de ejercer control sobre él y los demás era castigándolos, según indican los documentos judiciales.

“Fernández no la está pasando bien; está sufriendo porque el trabajo de su vida está en riesgo… Y aún si mantuviera su empleo, en el LAPD lo identificarían como alguien que no será promovido”, declaró el abogado McNicholas.

“Todo esto lo he visto por más de 20 años que llevo defendiendo a policías que han hecho muy buenas carreras.”