Bolivia nacionaliza distribuidoras de electricidad españolas

LA PAZ, Bolivia.- El presidente boliviano, Evo Morales, decretó hoy por sorpresa la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones.

“Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en el departamento de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana”, afirmó Morales.

Según la oposición, esta medida no es sino una cortina de humo con la que el Gobierno pretende desviar la atención del escándalo de corrupción que afronta tras destaparse una red de funcionarios que extorsionaban a reos y por la que ya han sido encarcelados varios fiscales y ex altos cargos de la administración de Morales.

Las firmas expropiadas son dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, Electropaz, y en Oruro, Elfeo, además de la empresa de servicios Edeser y la gestora de inversiones Compañía Administradora de Empresas.

La medida tuvo carácter inmediato y a lo largo de la mañana efectivos policiales, en algunos casos acompañados de dirigentes políticos como el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, comenzaron a tomar las sedes y oficinas de las filiales expropiadas.

Durante una de esas actuaciones, García Linera prometió una “justa remuneración” y un “trato respetuoso” a Iberdrola, empresa que desde España dijo que espera que Bolivia “pague el valor real” de las cuatro compañías nacionalizadas.

De acuerdo con datos del mercado, Iberdrola controla esas compañías a través de la sociedad de cartera Iberbolivia de Inversiones, de la que posee el 63,398 por ciento del capital.

El 36,6 por ciento de Iberbolivia de Inversiones está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan, entre otros inversores, las estadounidenses General Electric y Mission Funding Epsylon.

Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2 % del negocio del grupo Iberdrola y unos 6 millones de euros (7,9 millones de dólares) de su beneficio total, que fue de 2.804 millones de euros en 2011 (3.706 millones de dólares).

“Va a haber una justa remuneración de lo que les corresponde, no vamos a actuar de manera arbitraria”, afirmó el vicepresidente boliviano.

La estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que asumirá el control de las filiales expropiadas, contratará a una firma independiente para que tase las cuatro compañías y con esos datos se negociará la indemnización, agregó Linera.

También aseguró que los servicios eléctricos están garantizados y prometió estabilidad laboral a los trabajadores de las firmas expropiadas.

El Gobierno de Evo Morales ya expropió en mayo pasado las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en la Transportadora de Electricidad (TDE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica.

En declaraciones a Efe, la senadora Centa Rek, de la conservadora Convergencia Nacional, consideró que esta nueva nacionalización es una “estrategia” del Gobierno para “distraer la atención” del caso de la red de corrupción que estalló hace un mes y que, a su juicio, “es más grave de lo que se sabe hasta el momento”.

“Es clarísima la estrategia. No sé si se ha hecho (la nacionalización) haciendo cifras y viendo el beneficio que trae al país más que subsanar el coste político. A este país, el tapar las situaciones políticas le está llevando un coste muy grande”, agregó.

El Movimiento sin Miedo (MSM), aliado de Morales hasta 2010, opinó que se trata de “una cortina de humo para cubrir el escándalo de la red de extorsión”, que sólo servirá para aumentar la deuda externa del país.

Para el analista económico Julio Alvarado la nueva expropiación “no era necesaria” y “es un show político” para “tapar el terrible caso de corrupción que afecta a altas esferas del Gobierno”.

Alvarado dijo a Efe que la justificación del Gobierno no se sostiene porque hay una entidad -la Autoridad de Control y Fiscalización de Electricidad- encargada de fijar y regular las tarifas.

“Lo peor, como en anteriores ocasiones, es que se realiza un gran despliegue policial y militar, como si las empresas fueran simples delincuentes, y eso da una muy mala imagen del país a nivel internacional”, aseveró.

El Gobierno boliviano también expropió en 2010 las acciones de cuatro empresas generadoras de electricidad, incluidas dos filiales de la francesa GDF Suez y la británica Rurelec, que inició un arbitraje a Bolivia en la Corte de La Haya por esa medida.

Además de las eléctricas, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006.