‘Autodefensas’ se organizan

MÉXICO, D.F.— La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) opera en el sureño estado de Guerrero desde hace 17 años como un grupo de “autodefensa” o “policía comunitaria” que opera en tres de las siete regiones del estado (Costa Chica, Costa Montaña y Montaña) con sedes regionales que brindan protección a 107 pueblos.

El comité de indígenas mixtecos y tlapanecos reconoció ayer su existencia y estructura de organización, que incluye asambleas, coordinaciones por zonas y “casas de justicia” que trabajaban con un bajo perfil hasta la retención en octubre pasado de algunos funcionarios estatales y la de 54 presuntos delincuentes, a finales de enero, a quienes pretendían enjuiciar.

En una conferencia de prensa en esta capital mexicana, la CRAC reconoció su trabajo por la seguridad, pero desconoció la persecución de criminales relacionados al tráfico de estupefacientes, por lo que culpó a una organización a la que dio cobijo en 2010: la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG).

“Para sorpresa de nuestras comunidades, a finales de 2012 nos enteramos de que esta organización inició labores de seguridad, sobre todo en la región de Costa Chica con el discurso de acabar con el narcotráfico en la región, ya que ubican esta problemática como la principal amenaza a la seguridad”, dijo Fernando Valadés, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, quien leyó un comunicado de los miembros de CRAC, ausentes “por razones de seguridad”.

El documento detalla que la “‘policía comunitaria’ jamás ha acordado labores encaminadas a acabar con el narcotráfico, porque los pobladores de la región de ‘autodefensa’ están conscientes de que esa es una lucha del Gobierno federal” mientras la labor de ellos es defender la comunidad.

Bruno Plácido Valero, fundador de UPOEG, aclaró en entrevista telefónica con este diario que su intensión es liberar a los locales del suplicio del robo, el secuestro, la extorsión, pero no pueden determinar si quienes los cometen pertenecen o no al crimen organizado, de ahí las diferencias con la CRAC.

En cambio, describe que tienen más puntos en común: “Nuestro movimiento está harto de la pobreza y la impunidad y retomamos los principios de nuestros ancestros indígenas para sancionar a quienes los cometen, tenemos derecho”.

Las “policías comunitarias” operan bajo el precepto de los artículos 2 y 39 constitucional sobre la determinación de los pueblos indígenas de elegir “de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de Gobierno interno”.

Valero precisa que los castigos que imponen los grupos de “autodefensa” es la reparación del daño y una compensación económica que se paga con trabajo comunitario que determinan los coordinadores regionales en dependencia del perfil del agresor, “pueden construir caminos, o dar clases”, por ejemplo.

Para lograr estos fines, cada una de las 107 poblaciones que se rigen con sus propios sistemas cuenta con la vigilancia de entre ocho ó 12 policías comunitarios representados por cuatro coordinaciones de zona.

Las diferencias entre los policías de CRAC y UPOEG se acentuaron porque los primeros han operado con el rostro descubierto mientras los segundos han utilizado capucha para hacer sus detenciones.

En febrero, dirigentes de la UPOEG tomaron la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán y hasta el pasado martes, cuando ambos grupos llegaron al acuerdo de realizar una asamblea el próximo 23 de febrero.

Desde el Gobierno, el reconocimiento de grupos de autodefensa se ha tomado con reserva.

Si bien no ha negado su legitimidad, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció integrarlos “al sistema de legalidad” y las autoridades estatales arraigaron a 11 personas para su investigación, mientras otras comunidades de Oaxaca y Jalisco también reconocen la existencia de sus propios sistemas de seguridad.