Qué es la muerte cruzada que llevó a las elecciones del domingo en Ecuador (y por qué el ganador será elegido por menos de 2 años)

La campaña electoral ecuatoriana ha estado marcada por los asesinatos de un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio; uno de los alcaldes más populares del país, Agustín Intriago; y otros dirigentes políticos que eran parte -directa o indirectamente- de esta elección democrática.

En este contexto, no deja de ser trágico recordar que los comicios de este 20 de agosto en los que participarán más de 13 millones de ecuatorianos fueron generados por un mecanismo constitucional conocido en Ecuador como “muerte cruzada”.

Esta es la primera vez que se utiliza este recurso, descrito en el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, que fue acogido en el texto constitucional de 2008, promulgado durante el mandato del expresidente Rafael Correa.

El proceso comenzó el 17 de mayo cuando el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto para disolver la Asamblea, donde a su vez se estaba por votar su posible destitución.

La oposición parlamentaria acusaba al mandatario del delito de peculado (malversación de fondos), por no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo que supuestamente habría causado graves perjuicios económicos a las arcas estatales.

Lasso, por su parte, dijo que los opositores habían puesto “en jaque la democracia ecuatoriana” mediante una estrategia de “desestabilización”.

Según el artículo 148, el mandatario puede usar la muerte cruzada por tres causales: si considera que la Asamblea ha realizado funciones que no le corresponden, si obstruye el Plan Nacional de Desarrollo o si hay grave crisis política y conmoción interna.

La última causal fue la mencionada por Lasso en el decreto presidencial.

Pero cómo funciona este recurso constitucional, dónde se origina su denominación y hasta cuándo gobernarán las autoridades elegidas.

Terminación de mandato

Tras la firma del decreto presidencial, la ley especifica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debía convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de siete días, lo que efectivamente hizo el 24 de mayo.

La ley contempla que los representantes públicos elegidos en estos comicios permanecerán en sus cargos hasta el final de la legislatura que fue interrumpida por la “muerte cruzada”.

Eso significa que los candidatos que participarán en los comicios de este domingo desconocen cuándo asumirán -debido a la incertidumbre de si todo se resolverá en primera vuelta o hará falta otra elección entre los dos binomios más votados- pero saben que su mandato terminará el 23 de mayo de 2025, que era el final previsto para el gobierno de Lasso.

Otra cosa que sabe el presidente entrante es que el mecanismo de “muerte cruzada” no se podrá volver a invocar en lo que resta de este periodo constitucional.

Si ninguna candidatura presidencial se impone en primera vuelta, los nuevos comicios entre los binomios más votados serán el 15 de octubre.

Un partido puede ganar en una sola vuelta cuando obtiene al menos la mayoría absoluta de votos válidos emitidos o si consigue al menos el 40% de los votos y una diferencia mayor a diez puntos porcentuales con el segundo lugar.

Sin candidatura

Al utilizar este recurso constitucional, el presidente se arriesga a perder el poder; de ahí viene la expresión coloquial “muerte cruzada”, ya que tanto el mandatario como la Asamblea Nacional pueden perder sus atribuciones.

Pero tanto el ocupante del Palacio de Carondelet (la sede del poder ejecutivo ecuatoriano) como los asambleístas tienen la posibilidad de volver a presentarse como candidatos, algo que Lasso -sumido en niveles de popularidad mínimos- declinó.

“Este es el más grande honor de mi vida, sin embargo, muy por encima del cargo del presidente, yo amo a la democracia. Muy por encima de la presidencia, yo amo la libertad. Y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para proteger la democracia, pues así lo haré”, dijo el presidente al anunciar que no competiría.

Su movimiento, CREO, no presentó candidatos ni a la presidencia ni a la Asamblea.

Tras la “muerte cruzada”, los 136 asambleístas perdieron sus puestos y Lasso gobernó a través de decretos, que han tenido que pasar por el filtro de la Corte Constitucional.

Desde que asumió la presidencia en mayo de 2021, el presidente no contaba con un bloque parlamentario importante y muchos de sus críticos lo acusan de no haber logrado alianzas con otros sectores políticos.

La heterogénea oposición -integrada por bloques muy disímiles como la izquierda correísta (los aliados del expresidente Rafael Correa), la derecha socialcristiana y los grupos indígenas- sí se aliaron para conseguir los votos necesarios para avanzar con el juicio político contra el mandatario.

Pero la Asamblea tenía, al momento de disolverse, una popularidad aún menor a la de Lasso.

Según la encuestadora Perfiles de Opinión, menos del 6% de los ecuatorianos aprobaban el desempeño del poder legislativo, mientras que menos del 14% consideraban positiva la gestión presidencial.

Inseguridad

La principal preocupación de los ecuatorianos es la ola de violencia que vive el país.

Ecuador cerró el 2022 con su peor registro criminal, con 4,603 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100,000 habitantes.

“El crecimiento es exponencial, puesto que en 2021, la tasa oficial fue de 13.7 muertes, es decir, en un año el incremento fue de 82.5%. Con estos nuevos datos, Ecuador se convierte en el país con mayor crecimiento de violencia criminal en 2022 en Latinoamérica”, informó el portal de noticias ecuatoriano Primicias.

En los últimos años, la nación andina ha pasado de ser un país de tránsito a un centro de distribución de droga.

La campaña electoral no ha estado exenta de esta violencia.

Tras el asesinato de Fernando Villavicencio el 9 de agosto en Quito, varios candidatos vistieron chalecos antibalas en sus apariciones públicas.

Pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuvo el 20 de agosto como fecha para los comicios y las actividades electorales continuaron, incluyendo un debate entre los candidatos.