California busca reformar el sistema de salud mental, pero necesita la ayuda de la ciudadanía

Vivienda con responsabilidad y reforma con resultados es el nuevo enfoque de las dos iniciativas de ley aprobadas por el gobernador de California, Gavin Newsom, para transformar estructuralmente el Sistema de Servicios de Salud Mental (MHSA) que fue aprobado por los votantes en 2004.

El paquete de modernización de la salud conductual de $6,380 millones se presentará a los votantes para su aprobación en la boleta electoral de marzo de 2024, después que sea considerado y aprobado por la Legislatura y el gobernador.

“Vivienda con Responsabilidad. Reforma con Resultados” es el slogan que rodea a las reformas SB 326 de la senadora estatal, Susan Talamantes Eggman (D-Condado de San Joaquín)  y AB 531 de la asambleísta Jacqui Irwin (Distrito 42/Thousand Oaks).

Newsom necesita de la aprobación de los votantes para que el Estado pida un préstamo de 6,380 millones de dólares para construir 11,150 nuevas camas de tratamiento, y 26,700 plazas de cuidado ambulatorio de problemas de salud mental, a fin de atender hasta 100,000 personas cada año.

Actualmente California es el hogar de más de 171.000 personas sin hogar, aproximadamente el 30% de la población que vive en la calle en el país.

“Cada uno de estos dos proyectos de ley no existiría si no hubiera una Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA) que reformar”, dijo el gobernador. “Pero el autor de la legislación de 2004 [Darryl Steinberg, actual alcalde de Sacramento] ha reconocido que el mundo que existía en ese tiempo no es el mundo que existe hoy”.

Reconociendo que las cosas han cambiado, Newsom consideró que las reformas tienen que incluir el abuso de sustancias y la vivienda como parte fundamental; además de una visión donde todos compartan la disposición para sacrificarse y ayudar a que otras personas se levanten.

“Estas reformas y esta nueva inversión en viviendas para la salud conductual ayudarán a California a cumplir las promesas hechas hace décadas. Vemos las señales de nuestro sistema roto todos los días: demasiados californianos que padecen necesidades de salud mental o trastornos por uso de sustancias y no pueden obtener el apoyo o la atención que necesitan”, expresó Newsom.

“Esto dará prioridad a sacar a la gente de las calles, de las tiendas de campaña y de recibir tratamiento”.

Agregó que, como componente fundamental, es necesario promover una fuerza laboral donde haya financiamiento continuo para abordar la crisis de empleo…, “una fuerza laboral que beneficiará con $2,400 millones, solo en los próximos cinco años”.

El paquete de leyes de reforma fue firmado en el Hospital General de Los Ángeles que se está transformando en unas 1,000 unidades de vivienda asequibles, gracias a $50 millones asegurados por la asambleísta Wendy Carrillo. También reformaría la manera en que los condados pagan los programas de salud mental y conductual.

Desde hace un cuarto de siglo se ha incrementado la problemática de la indigencia en forma alarmante en las calles de California; además del crecimiento continuo de las enfermedades mentales y sobredosis de drogas; se espera que las leyes firmadas por Newsom sean la respuesta al problema de vivienda y salud mental.

“Estas leyes son piezas de una solución final”, dijo a La Opinión, la senadora Talamantes-Eggman. “Son parte del trabajo que hemos hecho por los últimos tres años”.

La senadora Talamantes-Eggman, quien representa el distrito 5 del Valle de San Joaquín, dijo que, a través de la infraestructura de salud conductual y fondos provenientes de Care Corp y las reformas aprobadas esta semana, se reúnen todas las piezas para crear una atención continua para tratar a las personas con la modalidad adecuada.

En efecto, en 2022, Newsom proclamó la Ley CARE Court que creó un nuevo proceso judicial en el que las familias de una persona enferma mentalmente podrían solicitar a un juez la elaboración de un plan de tratamiento con diagnósticos específicos como esquizofrenia o episodios psicóticos.

Dicha ley permitiría a los tribunales obligar a las personas a recibir tratamiento hasta por un año. A principios de octubre, el programa se lanzó en siete condados del estado como el de Glenn, Orange, Riverside, San Diego, San Francisco, Stanislaus y Tuolomme.

Ahí se instalaron los llamados Tribunales de Asistencia, Recuperación y Empoderamiento Comunitario (CARE). En el condado de Los Ángeles comienzan el 1 de diciembre, y en el resto de los condados hasta 2024.

La senadora Talamantes Eggman, dijo a La Opinión que la crisis de salud mental se agravó año con año, después que California nunca cumplió con la promesa de atención comunitaria para los problemas de salud mental.

Al mismo tiempo, después que fue aprobada la Proposición 13 en 1978, se perdieron más fondos. Esta propuesta significó la reducción de impuestos a la propiedad en un 57%.

“Ya viene un documental que habla sobre las personas con problemas de salud mental, una población con la que es difícil trabajar y que a muchos no les importa hacerlo, y les es más fácil apartar la mirada”, agregó.

“Durante tanto tiempo hemos tenido problemas de salud mental y abuso de sustancias, y esas son fallas morales cuando no hablan de la humanidad del asunto”, subrayó la legisladora. “Ahora, finalmente se aborda el problema de una manera integral y holística”.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, consideró que, cuando se mira al pasado, se culpa al exgobernador Ronald Reagan por haber cerrado en 1967 hospitales estatales, pero no se construyó la infraestructura necesaria que se había prometido.

Sin embargo, en aquella época la población de personas con problemas de salud mental en California había disminuido a 22,000 personas.

De acuerdo con Mental Heatlh America, la prevalencia de salud mental entre la población adulta de California que sufre de cualquier trastorno mental se estima en 6.1 millones.

Además de las leyes firmadas por Newsom, la supervisora Mitchell consideró que todos los lideres electos y la comunidad son también parte de la solución.

“Muchos no quieren que se construyan centros de rehabilitación, instituciones de salud y de curación en su vecindario, y es por ello por lo que todos debemos asumir la responsabilidad del problema”, declaró a La Opinión.

 “Asumir la responsabilidad es la solución. Y ese es un punto de partida importante para que el gobierno dé un paso al frente”, expresó Mitchell. “ Necesitamos que la comunidad diga sí, y acepte la construcción de las camas en cada rincón del condado de Los Ángeles, para satisfacer las necesidades de todos nuestros familiares, vecinos y amigos como siempre lo hemos hecho”.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Supervisoras, Janice Hahn, dejó en claro que los proyectos de reforma SB 326 y AB 531 de la asambleísta Jacqui Irwin (Distrito 42/Thousand Oaks) no representan nuevos impuestos para nadie.

“Se trata de permitir flexibilidad en el uso del dinero de los impuestos que ya están dedicados para ayudar a las personas con problemas de salud mental, y el segundo, [AB 531] proporcionará una fuente de ingresos que nos ayudará a construir más lugares donde la gente pueda ser atendida por enfermedades mentales y recibir tratamiento”.

Hahn aceptó que en los últimos 30 a 40 años el problema fue descuidado, mientras crecía el número de personas necesitadas de tratamiento.

“No llegamos a esta situación de la noche a la mañana, y tampoco vamos a resolverlo de la noche a la mañana”, agregó.

“Creo que, durante mucho tiempo, las personas que padecían enfermedades mentales tuvieron un estigma [sic]. Incluso a los miembros de las familias les resultaba difícil hablar de ello; deshacerse de ello es como si te rompieras una pierna y vas al hospital a que la arreglen. Eso mismo sucede con la salud mental”.