Auditarán por partida doble el programa estelar de la alcaldesa Bass para combatir el desamparo
Habrá una auditoria externa que pagará la Ciudad como parte de los acuerdos en una demanda; y el contralor hará otra para dar más transparencia y responsabilidad
El desamparo sigue siendo un problema que genera disputas y demandas. (Archivo La Opinión) Crédito: Impremedia
El contralor de la ciudad de Los Ángeles, Kenneth Mejía anunció que su oficina llevará a cabo una auditoría al Inside Safe, el programa estelar de la alcaldesa Karen Bass que combate el desamparo al sacar de las calles a quienes viven en tiendas de campaña sobre las banquetas de la ciudad de Los Ángeles, y proveerles un techo temporal.
En un comunicado, la oficina del contralor Mejía dijo que quiere traer más transparencia y responsabilidad al Inside Safe, pero también afirmó que estos dos elementos han faltado en los esfuerzos contra el desamparo a pesar de los miles de millones gastados.
En una entrevista con la radio pública KCRW, la alcaldesa Bass dijo que su programa ha sido transparente desde el comienzo, pero muy caro, requiriendo miles de dólares al mes por habitación de motel, más el costo de otros servicios.
Señaló que se están construyendo nuevas viviendas, pero que llevará tiempo completarlas.
Una de las primeras acciones de la alcaldesa Bass al asumir el mando en diciembre de 2022, fue declarar el estado de emergencia en torno a la crisis de personas viviendo en las calles.
Para ello, lanzó el programa Inside Safe, una estrategia para proveer un techo a quienes han vivido por años en campamentos y en carpas en las aceras.
De acuerdo a la página https://mayor.lacity.gov/InsideSafe, en su primer año, la alcaldesa sacó de la calle a 21,000 angelinos y les proporcionó una vivienda temporal.
El fin de semana, la alcaldesa anunció que el programa recibirá $3 millones de dólares en financiamiento federal. Para este año, el presupuesto dispone de $250 millones, una suma sin precedentes para dar hogar a las personas que viven en las calles de Los Ángeles.
La demanda
Fue en marzo de 2020, cuando LA Alliance for Human Rights demandó a la ciudad y al condado de Los Ángeles para que atendieran el desamparo rápidamente y a gran escala.
La demanda de LA Alliance exigía: Creación inmediata de refugios y viviendas para sacar a la gente de las calles; servicios y tratamientos; regulación de los espacios públicos para que las calles, aceras y parques sean seguros y limpios.
En su acuerdo con la Ciudad de Los Ángeles, la Ciudad accedió a crear refugios y viviendas de inmediato para sacar a la gente de las calles; reducir los campamentos; establecer plazos y objetivos para determinar el éxito de sus esfuerzos y devolver los espacios públicos a sus usos previstos.
Los acuerdos resultarían en 3,500 camas de tratamiento y salud mental y 19.700 camas para personas. personas sin hogar, incluidas 6,700 camas enfocadas en ayudar a quienes viven cerca de autopistas y pasos subterráneos. Ambos acuerdos no se limitan a Skid Row y al centro.
La Ciudad es responsable de entregar 12,915 soluciones de vivienda provisionales como parte de su acuerdo con los demandantes, según dio a conocer la oficina de la Alcaldesa.
Tanto la ciudad como el condado quedaron como responsables de este acuerdo ante el juez del Tribunal Federal de Distrito David O. Carter.
Cabe decir que la L.A. Alliance es una coalición de residentes y propietarios de negocios en el centro de Los Ángeles que está demandando que la Ciudad de Los Ángeles pague casi $6.4 millones de multa por su presunta falta de transparencia y fracaso para reducir los campamentos de personas sin hogar.
Las auditorías
En lo que se refiere a la auditoria, de acuerdo a la oficina de la alcaldesa Bass, tanto ella como el presidente del Concejo de Los Ángeles, Paul Krekorian llamaron al juez Carter y le ofrecieron una auditoría independiente para que el tribunal seleccionara un auditor de su elección.
Por lo tanto, la oficina especificó que se trata de una auditoría independiente y externa.
“La auditoría sería para los programas de las personas sin hogar en la ciudad, y el alcance de la auditoría aún se está determinando, pero no será solo para Inside Safe, y la auditoría independiente no se debe a la falta de transparencia de Inside Safe debido a su incumplimiento de los plazos para dar un techo a quienes viven en campamentos en las calles”.
El juez Carter dijo que la corte tendrá la última palabra para escoger al auditor.
La L.A. Alliance for Human Rights están pidiendo que se apliquen sanciones contra la ciudad. De acuerdo a Carter, la Ciudad de Los Ángeles ha actuado de mala fe para cumplir sus metas.
La versión del contralor
La Oficina del contralor Mejia dijo que le dan la bienvenida a una auditoría independiente que ayude en el litigio federal pendiente relacionado con los programas de desamparo en Los Ángeles.
Sin embargo, mencionaron que los asuntos en juego en el litigio federal son específicos y únicos en este caso.
“Anticipamos que una auditoría externa se basará en métricas y cuestiones relacionadas con ese litigio. Por otro lado, nuestra auditoría se centrará específicamente en el Inside Safe”.
Dijeron que el auditor jefe de la ciudad y un auditor externo objetivo y financiado por la ciudad, encajan perfectamente.
“Es nuestra responsabilidad brindar transparencia y responsabilidad a componentes específicos del Inside Safe”, señaló la Oficina del Contralor Mejia en un comunicado.
