México no aceptará a inmigrantes que sean devueltos bajo la nueva ley SB4 de Texas
El gobierno de México anunció que no aceptará bajo ninguna circunstancia la repatriación o retorno de inmigrantes por el estado de Texas
La Ley SB4 permitiría a las autoridades de ese estado detener a los migrantes, encarcelarlos o expulsarlos. Crédito: Luis Torres | EFE
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno de México informó en un comunicado su rechazo a la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas apenas unas horas después que la Corte Suprema de EE.UU. permitió el martes a Texas comenzar a aplicarla.
La Ley SB4 de Texas otorga a la policía de ese estado amplios poderes para arrestar a inmigrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente y los jueces estatales pueden ordenar que abandonen Texas a los inmigrantes indocumentados que sean arrestados.
“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reprueba la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, que pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante”, dice el comunicado de la SRE.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, elogió la orden de la Corte Suprema y la ley SB4, que permite a los policías estatales detener a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado.
La norma también permite a jueces estatales procesar a inmigrantes para su deportación, pero no queda claro cómo el gobierno de Texas cumplirá esa determinación, cuando los acuerdos entre países son federales.
Mientras esto está ocurriendo en Estados Unidos y no se conoce aun cuándo Texas podría comenzar a arrestar inmigrantes bajo esa ley, México sí expresó su rechazo tajante a la misma.
El gobierno de México respondió a la entrada en vigor de la SB4 de Texas, reiterando su rechazo a “cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”.
La SRE señaló en el comunicado que “México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”.
El gobierno de México también reiteró su derecho de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio y aseguró que “no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”.
La máxima corte judicial de EE.UU. no se pronunció sobre si la ley antiinmigrante de Texas es constitucional, simplemente ordenó levantar un fallo anterior que la mantenía suspendida. La medida ahora regresa a un tribunal de apelaciones y eventualmente podría regresar a la Corte Suprema.
Y en relación con este proceso judicial, Mexico también anunció que participará como Amigo de la Corte “ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicada en Nueva Orleans, Luisiana, para acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos”.
“México históricamente ha participado de manera determinante como Amigo de la Corte en otros litigios contra leyes antiinmigrantes. Por ejemplo, contra la ley SB1070 de Arizona, en 2010; HB 56 de Alabama, en 2011; o SB4 de Texas, en 2017”, recordó la cancillería de México en el comunicado.
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